El presidente Donald Trump insinuó este martes que el FBI podría intervenir para localizar y arrestar a más de 50 legisladores demócratas de Texas que abandonaron el estado en protesta por un controvertido rediseño del mapa electoral. La propuesta, respaldada por los republicanos, busca consolidar su ventaja en el Congreso, pero ha desatado una crisis política que pone en juego las normas democráticas del estado.
Un boicot que paraliza la legislatura
El domingo, decenas de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Texas viajaron a Washington, D.C., para impedir el quórum necesario para sesionar y votar sobre un nuevo mapa electoral. Este rediseño, promovido por el Partido Republicano y apoyado por Trump, podría costar a los demócratas hasta cinco escaños en la Cámara Baja federal al reconfigurar distritos clave en Austin, Houston y el sur de Texas. La maniobra, conocida como gerrymandering, busca favorecer a los republicanos en las elecciones intermedias de 2026.
Por su parte, Trump, al ser cuestionado por la prensa en la Casa Blanca, no descartó la intervención federal. “Puede que tengan que hacerlo”, respondió sobre la posible participación del FBI. “No pueden quedarse de brazos cruzados. Hay que luchar. De eso se tratan las elecciones”, añadió, intensificando la presión sobre los legisladores ausentes.
Respuesta estatal y federal
El gobernador de Texas, Greg Abbott, también republicano, escaló la situación al ordenar el lunes al Departamento de Seguridad Pública (DPS) que detuviera a los legisladores demócratas. La Cámara estatal, controlada por los republicanos, votó a favor de autorizar al sargento de armas a emitir órdenes de arresto para obligar su regreso. Según las reglas legislativas, los legisladores enfrentan multas de 500 dólares diarios por cada día de ausencia durante la sesión especial, que podría extenderse hasta finales de agosto.
Además, el senador republicano John Cornyn llevó el asunto un paso más allá al enviar una carta al director del FBI, Kash Patel, solicitando asistencia para localizar a los demócratas. “Han cometido posibles actos delictivos al eludir sus responsabilidades constitucionales”, escribió Cornyn, repitiendo acusaciones de Abbott de que los legisladores habrían recibido “sobornos” para financiar su salida del estado. Aunque no se han presentado pruebas de estas acusaciones, la retórica ha elevado las tensiones políticas.
La estrategia demócrata
Los legisladores demócratas, liderados por figuras como el representante Chris Turner, han defendido su boicot como una protesta contra un “sistema manipulado” que silencia a las comunidades que representan, especialmente las minorías. Según datos demográficos, los latinos constituyen el 40% de la población de Texas, y el rediseño podría diluir su influencia electoral al concentrar sus votos en menos distritos. Los demócratas han recaudado fondos para cubrir las multas y sostener su estadía fuera del estado, según reportes locales.
Por otro lado, la estrategia no es nueva. En 2021, los demócratas texanos emplearon un boicot similar para bloquear leyes electorales restrictivas, aunque finalmente regresaron tras negociaciones. Esta vez, han prometido permanecer fuera hasta que expire la sesión legislativa, buscando apoyo federal para desafiar el mapa en los tribunales.
Un conflicto con implicaciones nacionales
El enfrentamiento en Texas ha captado la atención del país, ya que el estado tiene 38 escaños en la Cámara de Representantes federal, una de las delegaciones más grandes. Un cambio en el equilibrio de poder podría influir en el control del Congreso, donde los republicanos mantienen una mayoría ajustada. Una encuesta reciente mostró que el 60% de los texanos desaprueba el rediseño electoral fuera del ciclo decenal, lo que sugiere un rechazo público a las tácticas de gerrymandering.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles están preparando demandas legales, argumentando que el mapa viola la Ley de Derechos Electorales al discriminar contra votantes latinos y afroamericanos. La intervención del FBI, aunque improbable según expertos legales, añade un elemento de incertidumbre a una crisis que podría redefinir la política en Texas y más allá.
