El Gobierno del presidente Donald Trump prepara una medida polémica destinada a los adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran bajo custodia del Gobierno federal: ofrecerles $2,500 a cambio de aceptar regresar voluntariamente a sus países de origen. De acuerdo con un memorando oficial obtenido por medios nacionales, el incentivo económico formaría parte de un plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para reducir los costos asociados con la detención y deportación de menores.
El documento establece que el pago, calificado como un “estipendio único de apoyo para la reubicación”, será ofrecido a menores de 14 años o más que opten por abandonar el país de forma voluntaria. Según lo indicado, el monto se entregará únicamente después de que el niño se presente ante un juez de inmigración y arribe efectivamente a su país natal.
Justificación del Gobierno
Desde la Casa Blanca, los funcionarios han argumentado que la medida busca ofrecer una alternativa “más efectiva y humanitaria” frente a los procesos largos y costosos de deportación. “ICE y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS ofrecen una opción estrictamente voluntaria para regresar a casa con sus familias. Esto les permite tomar una decisión informada sobre su futuro”, señaló un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según el Gobierno, deportar forzosamente a un menor puede costar decenas de miles de dólares, mientras que un incentivo de salida voluntaria representa un ahorro considerable para las agencias federales. Además, aseguran que el estipendio busca facilitar la reintegración social de los adolescentes en su país de origen al proporcionar recursos iniciales para su traslado y sustento.
Reacciones y preocupaciones legales
La propuesta ha desatado fuertes críticas de defensores de derechos humanos y abogados de inmigración, quienes la interpretan como un intento de presionar a jóvenes en situación vulnerable para que dejen Estados Unidos. Neha Desai, directora de Derechos de los Niños en el Centro Nacional para el Derecho Juvenil, calificó la medida como “éticamente cuestionable”.
“La salida voluntaria siempre ha sido una opción, pero ofrecer dinero a niños que están solos y en detención gubernamental crea una dinámica de coerción”, advirtió. De acuerdo con expertos legales, el riesgo radica en que los menores puedan aceptar la propuesta sin comprender plenamente sus implicaciones o sin la asesoría adecuada de un abogado o tutor legal.
Contexto y antecedentes
El programa se presenta como una ampliación de iniciativas previas dirigidas a adultos indocumentados, a quienes ya se les ofrecía un “bono de salida” de alrededor de $1,000. Sin embargo, es la primera vez que un incentivo económico se aplicaría específicamente a menores migrantes bajo custodia federal.
La medida llega en un momento en el que la Administración Trump ha intensificado sus esfuerzos por reducir el número de niños bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Según cifras oficiales, al 2 de octubre había unos 2,100 menores bajo resguardo estatal a la espera de ser asignados a un familiar o patrocinador dentro del país.
Preocupaciones sobre la seguridad infantil
Organizaciones humanitarias advierten que muchos de estos adolescentes provienen de entornos de violencia extrema en Centroamérica y que el retorno a sus países podría poner en riesgo su seguridad. “Enviar a un niño de regreso a una zona donde podría ser víctima de pandillas o persecución no es un acto humanitario”, señalaron activistas de derechos infantiles.
La Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Tráfico, vigente desde 2008, exige a las autoridades identificar si los menores migrantes son víctimas de trata o si tienen razones fundadas para temer persecución en sus países antes de emitir una orden de salida. Por ello, abogados y jueces de inmigración consideran que cualquier política de retorno debe cumplir de manera estricta con esas garantías.
Un cambio en los protocolos
El programa de incentivos también marca un giro con respecto a protocolos anteriores que impedían ofrecer salidas voluntarias a menores de países distintos a México o Canadá. Esa práctica cambió a principios de año, cuando agentes federales comenzaron a preguntar a los adolescentes si querían regresar “por su propia voluntad”.
Aunque el Gobierno defiende la medida como una alternativa más rápida y flexible, para las organizaciones proinmigrantes representa un retroceso en la protección de la niñez migrante. Según informes recientes, algunos padres en Guatemala han declarado que no fueron notificados sobre el regreso de sus hijos, lo que ha encendido las alarmas entre organismos internacionales de derechos humanos.
En tanto, el plan de pagar hasta $2,500 por la autodeportación podría entrar en vigencia en las próximas semanas, dependiendo de la aprobación de los tribunales de inmigración y de los ajustes presupuestarios de las agencias federales.
