La administración del presidente Donald Trump pidió a los estados que revisen a miles de personas en Medicaid. Esto es para ver si cumplen con los requisitos de elegibilidad migratoria. Los funcionarios de salud dijeron que esta medida busca evitar el mal uso de fondos públicos. Sin embargo, organizaciones civiles afirman que el plan se está usando para rastrear a inmigrantes.
Cinco estados informaron haber recibido consultas de parte del Gobierno federal sobre más de 170,000 beneficiarios combinados. Según autoridades locales, se trata de un proceso “sin precedentes” en el programa conjunto estatal-federal que brinda cobertura a personas de bajos recursos y con discapacidad.
Solo ciudadanos estadounidenses y algunos inmigrantes con estatus legal pueden acceder a Medicaid o al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Quienes carecen de autorización migratoria permanecen excluidos de los programas financiados con fondos federales, como Medicaid, Medicare o los seguros del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
La justificación del Gobierno federal
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunció en agosto que el Gobierno “reforzará la supervisión de las inscripciones para proteger el dinero de los contribuyentes”. En su comunicado, agregó que los 50 estados recibirían listas de nombres sospechosos para verificar en el plazo de un mes.
De acuerdo con datos recopilados por KFF Health News, algunas agencias estatales ya confirmaron los números iniciales recibidos: Colorado reportó 45,000 nombres; Ohio, 61,000; Pensilvania, 34,000; Texas, 28,000; y Utah, 8,000. En total, más de 70 millones de personas están inscritas en Medicaid en todo el país.
La mayoría de los estados se ha negado a ofrecer más detalles sobre los criterios de selección o el proceso de revisión, mientras que otros, como California y Nueva York, evitaron pronunciarse públicamente.
Activistas denuncian una “campaña política”
Los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta iniciativa representa una carga adicional para los estados y podría derivar en la pérdida de cobertura médica para miles de personas. “Esto duplica procesos de verificación que ya existen y fomenta la agenda antinmigrante del Gobierno”, señaló Ben D’Avanzo, estratega sénior del Centro Nacional de Derecho Migratorio.
Grupos civiles afirman que algunos beneficiarios podrían ser dados de baja simplemente por no responder a tiempo a las solicitudes de verificación de documentos. “Hay personas que podrían perder Medicaid por un error administrativo, no por carecer de estatus legal”, añadió D’Avanzo.
En los últimos meses, el subsecretario de Salud, Jim O’Neill, incluso publicó en la red social X imágenes de presuntos inmigrantes sin autorización que, según él, recibieron beneficios del programa. Sin embargo, voceros de la agencia rechazaron comentar sobre esa práctica o confirmar cuántos nombres se han enviado oficialmente a los gobiernos estatales.
Enlace entre Medicaid y seguridad nacional
En febrero, el presidente Trump ordenó a las agencias federales garantizar que ningún inmigrante sin autorización recibiera beneficios públicos en violación de la ley. Posteriormente, en junio, asesores de Kennedy solicitaron a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) compartir información de beneficiarios con el Departamento de Seguridad Nacional, lo que desató una demanda de varios estados.
Un juez federal intervino en agosto y prohibió al Departamento de Salud transferir información sensible a las autoridades migratorias. Aun así, el Gobierno mantiene la revisión de registros en marcha bajo el argumento de “auditorías por elegibilidad”.
“Me preocupa que este proceso excluya a personas que sí cumplen con los requisitos”, advirtió Marian Jarlenski, profesora de salud pública en la Universidad de Pittsburgh. “No hay evidencia de un problema amplio que justifique esta revisión masiva”.
Estados enfrentan carga burocrática
Expertos en políticas de salud expresaron inquietud por la magnitud del operativo. Leonardo Cuello, investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, calificó la medida como “sin precedentes en los 60 años de historia de Medicaid”. Según explicó, el Gobierno podría estar revisando casos que involucran errores menores, nombres mal escritos o beneficiarios del programa Medicaid de Emergencia, que brinda atención hospitalaria a personas sin importar su estatus migratorio.
Las agencias estatales señalan que ya verifican el estatus migratorio mediante bases de datos del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, la nueva orden implica repetir procesos y utilizar recursos adicionales. “Cada estado debe comprobar de nuevo la documentación, incluso si ya fue aprobada previamente”, reconoció el portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, Brandon Cwalina.
Un cambio vinculado a la nueva ley de Medicaid
La directiva federal coincide con la implementación de la Ley Única y Reformista, promulgada por el presidente Trump en julio. Esta legislación introduce cambios sustanciales al programa Medicaid, incluyendo requisitos laborales para los beneficiarios y verificaciones más frecuentes de elegibilidad.
Jennifer Strohecker, exdirectora de Medicaid en Utah, confirmó que su equipo “recibió recientemente el aviso” y trabaja para establecer el proceso de revisión. Según expertos, esta nueva política podría representar más esfuerzo administrativo que beneficio comprobable. “Es una tarea enorme con poca recompensa real”, resumió Cuello.
