El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló más fuerte sobre la inmigración este miércoles. Esto fue después de un ataque violento. Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos cerca de la Casa Blanca. El principal sospechoso, un ciudadano afgano que ingresó al país en 2021, fue detenido por las autoridades a las afueras de una estación de metro en Washington.
De acuerdo con fuentes oficiales, el hombre, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, habría disparado contra los dos guardias mientras patrullaban uno de los cinturones de seguridad más próximos a la residencia presidencial. Oficinistas y residentes documentaron en video el momento de su captura, imágenes que rápidamente circularon en medios y redes sociales.
Trump endurece su discurso antimigrante
Tras confirmarse la nacionalidad del atacante, el mandatario difundió un mensaje oficial en el que culpó al expresidente Joe Biden de haber permitido su entrada en el país hace tres años. Según Trump, el sospechoso llegó bajo el programa Operación Aliados Bienvenidos, creado por la administración anterior para recibir a afganos que escapaban de Kabul tras la toma del poder por parte de los talibanes.
“Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán”, declaró Trump en el video difundido por la Casa Blanca. En ese mismo mensaje, calificó el tiroteo como “un acto de terror” y se refirió al detenido como “un animal”. Además, prometió nuevas restricciones migratorias dirigidas específicamente a ciudadanos afganos.
Diez minutos después del mensaje presidencial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión inmediata de todas las solicitudes migratorias de afganos. “Las peticiones quedarán en pausa hasta que revisemos los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes”, informó la agencia en un comunicado.
Un migrante bajo la lupa de las autoridades
Rahmanullah Lakanwal ingresó legalmente a Estados Unidos en septiembre de 2021, bajo un permiso temporal de dos años. Sin embargo, su estatus migratorio quedó irregular tras el vencimiento del programa especial. De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el afgano residía en el área metropolitana de Washington y continuaba bajo observación de las autoridades locales.
El Departamento Metropolitano de Policía, junto con la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, confirmó que el sospechoso sigue bajo custodia mientras se investigan los motivos del ataque. Por ahora, no se han encontrado conexiones con grupos extremistas ni antecedentes criminales en el país.
Mientras tanto, organizaciones humanitarias que apoyan a comunidades afganas en Estados Unidos pidieron no usar este caso “como excusa para estigmatizar a toda una comunidad”. Solicitaron también que el acusado reciba un proceso “justo y transparente” de acuerdo con la ley estadounidense.
Washington refuerza sus anillos de seguridad
El ataque provocó una inmediata respuesta del Departamento de Guerra. Su titular, Pete Hegseth, ordenó desplegar 500 efectivos adicionales en la capital, que se sumarán a los 2.500 militares ya presentes desde agosto. Según explicó el funcionario, la prioridad es garantizar la seguridad en torno a las instituciones federales y prevenir hechos similares.
“El ataque ocurrió a pocos metros de la Casa Blanca. No permitiremos ninguna amenaza contra nuestras fuerzas ni contra el pueblo estadounidense”, expresó Hegseth ante la prensa reunida frente al complejo presidencial.
También el Departamento de Justicia intervino en el caso. La institución presentó una solicitud ante una corte de apelaciones para revocar una orden judicial que obligaba a retirar a la Guardia Nacional de las calles a partir del 11 de diciembre. El organismo argumentó que mantener la presencia militar evita “posibles eventos de carácter ilegal” en zonas sensibles de la capital.
Guardias en estado crítico
Los dos miembros de la Guardia Nacional permanecen hospitalizados en condición crítica. Ambos pertenecen al destacamento de Virginia y forman parte de las unidades especiales desplegadas por la administración Trump para reforzar la seguridad interna. Equipos médicos informaron que se encuentran en observación constante debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.
El incidente ha elevado las críticas y el debate sobre la política migratoria federal. Mientras el gobierno refuerza los controles de entrada al país, diversos grupos civiles advierten que la retórica oficial podría aumentar la discriminación hacia las comunidades extranjeras.
