El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que elimina la política de libertad bajo fianza sin efectivo en Washington, D.C., y amenaza con retener fondos federales a otras jurisdicciones que mantengan esta práctica. Esta medida, junto con otra orden que criminaliza la quema de banderas y refuerza la custodia federal de detenidos en la capital, refleja la estrategia de “ley y orden” que define su segundo mandato, generando un intenso debate sobre justicia y equidad.
Fin de la fianza sin efectivo en Washington, D.C.
La orden ejecutiva ordena la suspensión inmediata del sistema de fianzas sin efectivo en Washington, D.C., vigente desde 1992, que permite a los jueces liberar a acusados sin requerir pagos si no representan un riesgo para la comunidad o de fuga. Trump calificó esta política como un “desastre” que ha generado “problemas sin precedentes” en la seguridad pública. La medida también amenaza con cortar fondos federales o bloquear proyectos gubernamentales en ciudades y condados que no eliminen esta práctica, afectando potencialmente a lugares como Chicago y Nueva York.
Por lo tanto, la decisión ha generado críticas de defensores de la justicia penal, quienes argumentan que las fianzas en efectivo perjudican desproporcionadamente a personas de bajos ingresos, que a menudo no pueden pagarlas y permanecen encarceladas antes de sus juicios. En julio de 2025, el Consejo de D.C. había ampliado su política de detención preventiva para reducir el uso de fianzas, lo que intensifica el choque con la nueva orden de Trump.
Criminalización de la quema de banderas
Además, Trump firmó un segundo decreto que ordena al Departamento de Justicia investigar y procesar los casos de quema de banderas estadounidenses, con penas de hasta un año de cárcel. Esta medida refuerza su postura de promover el “patriotismo” y responde a protestas recientes en la capital, donde se han reportado incidentes de este tipo. La orden también exige que los detenidos en Washington, D.C., sean transferidos a custodia federal, consolidando el control de la administración Trump sobre las fuerzas del orden locales.
En consecuencia, estas acciones marcan una escalada en la federalización de la seguridad en la capital, iniciada con la controvertida decisión de asumir el control temporal de la Policía Metropolitana y desplegar 800 miembros armados de la Guardia Nacional. Desde el domingo, estas tropas patrullan armadas las calles de D.C., una medida que ha generado protestas y una caída del 15% en reservas de restaurantes, según la Cámara de Comercio local.
Reacciones y contexto político
Pese a todo, las órdenes ejecutivas han avivado las críticas de líderes demócratas. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declinó comentar directamente, pero un portavoz de su oficina señaló que la ciudad está evaluando las implicaciones legales de la medida. Por su parte, la representante Eleanor Holmes Norton calificó la intervención federal como “un abuso de poder” que socava la autonomía de D.C. Organizaciones como la ACLU han advertido que estas políticas podrían violar derechos constitucionales, especialmente en comunidades marginadas.
Mientras tanto, Trump ha defendido su enfoque, argumentando que ciudades lideradas por demócratas, como Chicago y Baltimore, han fallado en controlar el crimen. Sin embargo, datos del FBI muestran que los delitos violentos en EE.UU. disminuyeron un 4.5% en 2024, con Washington registrando una baja del 26% en 2025. El presidente también ha amenazado con extender estas medidas a otras ciudades, mencionando posibles despliegues militares en Baltimore y Chicago, lo que ha generado preocupaciones sobre la militarización de la seguridad urbana.
Impacto en las comunidades locales
Por otro lado, las órdenes han intensificado las tensiones en Washington, donde las redadas contra campamentos de personas sin hogar y detenciones de inmigrantes indocumentados han aumentado desde julio. Según el Departamento de Justicia, 1,200 arrestos se han realizado en D.C. en las últimas semanas, enfocados en delitos menores y violaciones migratorias. Estas acciones, combinadas con la presencia de la Guardia Nacional, han llevado a protestas ciudadanas que exigen el fin de lo que llaman una “ocupación federal” de la capital, mientras el debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades individuales continúa creciendo.
