Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses aprobó el jueves 12 de marzo un histórico proyecto de ley. La importante medida busca solucionar la actual crisis y mejorar significativamente la asequibilidad de la vivienda en el país. Denominado Ley de Camino a la Vivienda del Siglo XXI (21st Century ROAD to Housing Act), este enorme paquete contiene cerca de 40 disposiciones. Su objetivo principal es aumentar rápidamente la oferta inmobiliaria y reducir los altos costos para los ciudadanos.
La nueva legislación fue liderada conjuntamente por figuras de ambos partidos políticos. El senador republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, y la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, impulsaron fuertemente este acuerdo. El proyecto de ley busca incentivar económicamente a los gobiernos locales para expandir el desarrollo masivo de viviendas nuevas. Además, propone eliminar múltiples barreras regulatorias que actualmente ralentizan los procesos de construcción a nivel nacional.
Esta aprobación ocurre exactamente un mes después de que la Cámara de Representantes pasara su propia versión. Impulsada por el representante French Hill, la Ley de Vivienda para el Siglo XXI es un paquete mucho más reducido. Ahora, los legisladores de ambas cámaras del Congreso deberán conciliar obligatoriamente las diferencias entre ambos textos. Una vez unificadas, enviarán la esperada versión final al escritorio del presidente Donald Trump para su firma definitiva.
¿Cómo facilitará la construcción de nuevas casas?
Desde la dura crisis financiera de 2008, la construcción de nuevos hogares se ha quedado rezagada frente a la demanda. Esta grave escasez inmobiliaria ha elevado drásticamente los precios en la mayor parte de Estados Unidos. Muchos expertos señalan que la compleja zonificación local y la extrema burocracia son los principales obstáculos. Por ello, los senadores buscan impulsar la construcción alentando a los municipios a flexibilizar inteligentemente sus restricciones territoriales y de uso de suelo.
El enorme proyecto de ley incluye importantes disposiciones para expandir rápidamente la oferta de viviendas prefabricadas. Estas casas modernas se construyen íntegramente en fábricas y suelen ser mucho más económicas y veloces de producir. Según las normativas federales vigentes desde 1974, las viviendas prefabricadas debían construirse obligatoriamente sobre un chasis permanente con ruedas. Este viejo y obsoleto requisito incrementaba mucho los costos y confinaba a las familias a vivir en parques específicos.
La nueva propuesta legislativa del Senado elimina oficialmente esta norma de las ruedas. Según análisis recientes del Centro de Políticas Bipartidistas, este cambio estructural podría reducir el costo total de cada vivienda prefabricada entre 5,000 y 10,000 dólares. Además, los proyectos de ley facilitarían enormemente a los propietarios actuales el acceso a préstamos federales para reparaciones. Esto busca rehabilitar y mantener en buenas condiciones el envejecido parque de viviendas ya existente.
¿Qué restricciones tendrán los inversores institucionales?
El Senado también abordó el creciente y polémico papel de Wall Street en el mercado inmobiliario. En enero, el presidente Donald Trump ya había firmado una orden ejecutiva que prohíbe a los grandes inversores institucionales comprar viviendas unifamiliares. A diferencia de la versión aprobada por la Cámara de Representantes, el texto del Senado contiene duras disposiciones que dan continuidad legal a la orden de Trump. Esto se ha convertido en una prioridad absoluta para la Casa Blanca.
El nuevo proyecto de ley prohíbe terminantemente a las grandes firmas financieras comprar viviendas nuevas unifamiliares. Sin embargo, la medida sí les permite invertir su capital para construir propiedades completamente nuevas y rehabilitar casas existentes. No obstante, la nueva ley exigiría obligatoriamente que estos inversores vendan dichas propiedades a particulares después de siete años. Se otorgaría una prórroga máxima de tres años adicionales si un inquilino desea permanecer viviendo allí.
A pesar del fuerte apoyo bipartidista a estas restricciones corporativas, existen severas advertencias de los expertos financieros. David Dworkin, presidente de la Conferencia Nacional de Vivienda, aplaudió el avance del plan pero advirtió sobre algunos peligros ocultos. Él señaló que castigar a los inversores podría perjudicar la capacidad de construir decenas de miles de viviendas de alquiler. Algunos economistas temen que prohibir la propiedad corporativa termine expulsando a los inquilinos y encareciendo los alquileres generales.
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