La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un plan para repatriar a más de 600 niños guatemaltecos no acompañados que se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con la iniciativa. Este programa piloto, coordinado con el gobierno de Guatemala, marca un cambio significativo en la política migratoria, al priorizar la devolución de menores a su país de origen, incluso si tienen familiares en EE.UU. La medida, descrita como sin precedentes, ha generado críticas por su impacto en niños vulnerables y por la falta de claridad sobre sus derechos legales, mientras el tiempo en custodia se dispara a niveles récord.
Un programa piloto sin precedentes
A partir de septiembre de 2025, el gobierno de Trump planea enviar a cientos de niños guatemaltecos, de diversas edades, de regreso a Guatemala, según dos fuentes citadas por CNN. Estos menores, bajo el cuidado del HHS, son considerados no acompañados porque ingresaron solos a EE.UU., aunque algunos podrían tener parientes en el país. La administración ha optado por calificar estas expulsiones como “repatriaciones” en lugar de deportaciones, sugiriendo que son voluntarias. Sin embargo, organizaciones como Kids in Need of Defense advierten que muchos niños no comprenden las implicaciones de la “salida voluntaria” y carecen de acceso a abogados que los guíen.
Por ejemplo, la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de la Trata, vigente desde 2002, exige evaluar si los menores son víctimas de trata o enfrentan persecución en sus países de origen. Las nuevas directrices de la administración, que incluyen entrevistas por agentes federales para ofrecer “autodeportaciones”, rompen con el protocolo que requería transferir a los niños al HHS para su protección.
Aumento del tiempo en custodia
El tiempo promedio que los niños permanecen bajo custodia del HHS ha crecido drásticamente, pasando de 67 días en diciembre de 2024 a 187 días en julio de 2025, según datos federales. Esta demora se debe a las estrictas directrices de liberación impuestas por la administración, que han bloqueado la entrega de menores a patrocinadores, como familiares, basándose en su nacionalidad. Neha Desai, del Centro Nacional para el Derecho Juvenil, calificó esta práctica como una “clara violación” de las leyes federales, que exigen ubicar a los niños con patrocinadores adecuados sin demoras innecesarias.
Además, la administración ha intensificado las verificaciones de bienestar y procedimientos migratorios acelerados, lo que ha generado temor entre familias de estatus migratorio mixto. Algunos niños, desesperados por la prolongada detención, han solicitado salir voluntariamente, aunque expertos advierten que estas decisiones podrían no ser informadas. “Tener un familiar en el país de origen no garantiza un entorno seguro”, afirmó Jennifer Podkul, de Kids in Need of Defense, destacando riesgos como la persecución por pandillas.
Críticas y preocupaciones legales
Defensores de los derechos de los migrantes, como Shaina Aber del Centro Acacia para la Justicia, subrayan que llevar los casos de salida voluntaria ante un juez de inmigración es crucial para proteger a los menores. Sin embargo, la cancelación de contratos con organizaciones legales por parte de la administración Trump, aunque revertida temporalmente por una jueza en abril de 2025, ha dejado a unos 26,000 niños sin representación legal adecuada. Actualmente, hay cerca de 2,000 menores bajo custodia del HHS, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Pese a todo, el “zar de la frontera” Tom Homan defiende las medidas, argumentando que buscan localizar a niños víctimas de trata entregados a patrocinadores no verificados. “Nuestro objetivo es la frontera más segura y proteger a los menores”, заявил Homan en julio. Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden refutan que los niños liberados estén en peligro, señalando que las verificaciones de antecedentes eran rigurosas. El programa piloto ha generado tensiones con Guatemala, cuya embajada declinó comentar. Para recursos legales, contacte al 1-800-954-0254. Las familias afectadas enfrentan incertidumbre mientras el debate sobre las políticas migratorias se intensifica.
