El presidente Donald Trump intensificó la controversia el 25 de agosto de 2025 al reiterar su plan de enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago para combatir el crimen, una medida que ha generado un rechazo unánime de las autoridades locales. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificaron la acción como ilegal y políticamente motivada, argumentando que no hay una crisis delictiva que justifique una intervención militar. Esta disputa, que podría escalar a los tribunales, pone en el centro del debate los límites del poder federal y la seguridad pública en EE.UU.
Una amenaza que genera alarma
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump señaló a Chicago como el próximo objetivo de su estrategia para “restaurar el orden” en ciudades lideradas por demócratas, tras despliegues similares en Washington D.C. y Los Ángeles. “Chicago es un desastre, con un alcalde totalmente incompetente. Lo resolveremos en una semana, como hicimos en D.C.”, afirmó. El presidente asegura que los residentes “suplican” por su intervención, pero las autoridades locales lo desmienten, acusándolo de fabricar una crisis para castigar a opositores políticos.
Por ejemplo, Pritzker, en un evento cerca de la Torre Trump en Chicago, denunció un “intento autoritario” de usar las fuerzas armadas para silenciar la disidencia. “Si esto ocurriera en otro país, lo llamaríamos una apropiación peligrosa del poder”, dijo. Johnson, por su parte, calificó el plan de “descoordinado, innecesario e insensato”, advirtiendo que la presencia militar podría inflamar tensiones entre la policía y los residentes, socavando años de esfuerzos para construir confianza.
Chicago: ¿una ciudad en crisis?
Las afirmaciones de Trump contrastan con los datos oficiales. Según el Departamento de Policía de Chicago, en los primeros siete meses de 2025, los homicidios disminuyeron un 32%, los tiroteos un 37% y los robos un 35% en comparación con 2024. Johnson destacó que su administración ha invertido en programas comunitarios, como empleo juvenil, que aumentó un 47%, y en salud mental, duplicando el número de profesionales que responden a crisis. “La Guardia Nacional no resolverá el hambre de uno de cada cuatro niños en Chicago ni la falta de vivienda”, afirmó.
Además, Pritzker señaló que ciudades en estados republicanos, como Memphis y St. Louis, tienen tasas de criminalidad más altas, según el FBI, pero no están en la mira de Trump. “¿Por qué Chicago? Porque representamos valores que él quiere atacar”, dijo. La senadora Tammy Duckworth y el congresista Chuy García también criticaron la medida, argumentando que es un intento de distracción ante el rechazo a políticas de Trump, como los recortes de 158 millones de dólares a programas de prevención de violencia en abril.
Legalidad y precedentes en juego
El plan de Trump enfrenta serios cuestionamientos legales. La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de fuerzas federales para tareas de orden público sin autorización del Congreso o una emergencia clara. En Chicago, donde no se ha declarado tal emergencia, el despliegue sería ilegal sin el consentimiento de Pritzker, quien controla la Guardia Nacional de Illinois. El fiscal general Kwame Raoul señaló que está evaluando opciones legales, aunque no planea acciones preventivas hasta que las tropas lleguen.
Por su parte, el Pentágono, bajo el secretario de Defensa Pete Hegseth, lleva semanas planificando la operación, según The Washington Post, con posibles despliegues de hasta 3,000 efectivos en septiembre. Un decreto firmado por Trump el lunes ordena preparar a la Guardia Nacional para “asistir” en disturbios civiles, siguiendo el modelo de Los Ángeles, donde 4,000 efectivos fueron enviados en junio tras protestas contra redadas de ICE. Una demanda en California aún evalúa la legalidad de esa acción.
Una estrategia política divisiva
Trump insiste en que su enfoque ha dado resultados, citando un supuesto periodo de 11 días sin homicidios en Washington D.C. tras el envío de 2,000 efectivos. Sin embargo, datos de la policía local muestran que la capital ya había registrado 16 días sin asesinatos en primavera, desmintiendo la narrativa de la Casa Blanca. La congresista Delia Ramírez acusó a Trump de generar miedo en lugar de seguridad, señalando que los despliegues en D.C. y Los Ángeles no han reducido el crimen, sino que han aumentado la desconfianza.
Pese a todo, un pequeño grupo conservador, Chicago Flips Red, apoya la intervención, argumentando que el crimen sigue afectando a los residentes. “Necesitamos orden”, dijo Zoe Leigh, miembro del grupo. Mientras tanto, líderes comunitarios como el padre Michael Pfleger instan a protestas pacíficas, advirtiendo contra un “espectáculo militar” que podría dañar la economía local y la convivencia. Con Chicago preparándose para posibles enfrentamientos legales, la ciudad se convierte en el nuevo epicentro de la batalla entre el poder federal y la autonomía local.
