Las posibilidades de ganar un caso de asilo en Estados Unidos son hoy más bajas que nunca. Expertos en derecho migratorio advierten que las nuevas políticas del presidente Donald Trump y recientes fallos judiciales han creado un contexto legal restrictivo que reduce drásticamente las oportunidades para los solicitantes.
Según datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), las cortes enfrentan un embotellamiento histórico de 3,8 millones de casos, de los cuales más de 2,4 millones corresponden a solicitudes de asilo. Frente a esta saturación, las autoridades buscan acelerar los procesos mediante medidas que limitan las audiencias y facilitan las deportaciones.
Un fallo que marca precedente en migración
El cambio más reciente proviene del fallo “Matter of HAAV”, emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) a finales de septiembre. La decisión autoriza a los jueces migratorios a desestimar solicitudes infundadas sin celebrar audiencias de mérito, siempre que el caso se considere incompleto o no cumpla los requisitos básicos de elegibilidad.
Para abogados y defensores, el precedente podría despojar a miles de migrantes del derecho a testificar ante un juez. “Muchos casos se ganan gracias a los testimonios personales de los solicitantes, donde explican las amenazas o riesgos que enfrentan si son deportados”, explicó el abogado Alex Gálvez, quien representa a centenares de solicitantes en Los Ángeles.
Gálvez aseguró que esta decisión está transformando la dinámica de los tribunales: “Antes, un juez revisaba dos o tres casos diarios; ahora atiende hasta nueve. Esa rapidez redunda en decisiones apresuradas”.
Miedo y desesperanza entre los solicitantes
Para muchos migrantes, las nuevas reglas suponen una amenaza directa. Ismael H., quien llegó desde América del Sur con su esposa e hijos, confesó que duda en continuar con su proceso. “Siento miedo de presentarme ante el juez y que rechace mi caso en pocos minutos. No quiero arriesgarme a ser detenido frente a mis hijos”, dijo el solicitante.
El temor no solo proviene del endurecimiento judicial, sino de nuevas cargas económicas. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) impuso una tarifa anual de 100 dólares a todos los solicitantes de asilo cuyas peticiones permanezcan pendientes entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.
“Esa tarifa parece pequeña, pero para muchas familias que apenas sobreviven en este país, puede significar no pagar la renta o la comida”, señaló Gálvez. Además, el abogado alertó que no habrá reembolsos si el caso se demora o se rechaza.
Un panorama legal más restrictivo
A los costos y fallos judiciales se suma el regreso de criterios de elegibilidad más estrictos impulsados por la fiscal general Pam Bondi. La funcionaria reinstauró políticas del primer mandato de Trump, que eliminan la posibilidad de solicitar asilo a víctimas de violencia doméstica, pandillas o amenazas privadas.
Estas medidas se aplican bajo la autoridad del Departamento de Justicia, no del poder judicial, lo que otorga al Ejecutivo una discreción más amplia sobre quién puede calificar para asilo. “Estamos viendo cómo se eliminan protecciones clave que beneficiaban a familias vulnerables, en especial mujeres y menores”, explicó Gálvez.
Durante la administración de Joe Biden, esos criterios se habían anulado para ampliar el acceso al asilo y garantizar una evaluación más humanitaria de los casos. Ahora, con el regreso de las restricciones, el margen vuelve a cerrarse.
Cargas adicionales y efecto disuasorio
Organizaciones proinmigrantes denuncian que las nuevas tarifas y la agilización de los procesos buscan disuadir a los migrantes de solicitar asilo, más que mejorar la eficiencia judicial. Para muchos solicitantes, el proceso ya implica años de espera, múltiples comparecencias y la posibilidad constante de ser deportados.
Advocates for Human Rights, una organización con sede en Minnesota, advierte que bajo la actual política migratoria, menos del 20% de las solicitudes de asilo tienen probabilidades reales de aprobación. En comparación, hace una década la tasa de éxito rondaba el 40%.
El endurecimiento también genera un impacto psicológico en las comunidades migrantes. “La gente vive en un estado constante de ansiedad. Muchos prefieren desaparecer en lugar de enfrentar un sistema que sienten diseñado para rechazarlos”, afirmó Gálvez.
Consecuencias en las cortes y el futuro del asilo
A medida que los jueces aplican el nuevo precedente, los cierres de casos por “falta de mérito” se multiplican. Esto permite a los tribunales reducir los tiempos de espera, pero, según abogados defensores, a costa del derecho al debido proceso.
Las decisiones rápidas también provocan un aumento en las detenciones inmediatas en corte, especialmente en California, Texas y Florida, donde los jueces migratorios han recibido instrucciones de priorizar las deportaciones exprés.
Mientras las autoridades aseguran que buscan ordenar el sistema migratorio, los expertos advierten que el concepto de “asilo político” se desvanece bajo esta nueva política. El mensaje para los migrantes, dicen, es claro: el acceso al refugio en Estados Unidos nunca ha estado tan limitado.
