El Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una creciente ola de demandas por presuntas detenciones ilegales de ciudadanos estadounidenses durante redadas migratorias en distintos estados del país. Varios casos, algunos con videos y pruebas médicas, muestran que las autoridades migratorias han hecho detenciones injustas. También han usado fuerza excesiva. Esto afecta a residentes legales y a ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
Una de las quejas más recientes fue presentada por Leonardo García Venegas. Él es un trabajador de la construcción en Alabama. Alega que fue detenido dos veces mientras trabajaba. En ambas oportunidades, asegura que mostró su identificación y manifestó ser ciudadano estadounidense, pero los agentes lo esposaron y lo retuvieron sin motivo.
Según la demanda, las redadas en obras de construcción se han convertido en blancos comunes de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con agentes con máscaras ingresando a los sitios de trabajo sin órdenes judiciales.
Denuncia de abuso y discriminación
García Venegas, con el apoyo del Institute for Justice, dice que violaron sus derechos. Esto incluye la Cuarta Enmienda, que lo protege de detenciones sin causa probable. En el primero de los episodios, ocurrido en mayo, fue golpeado y esposado pese a presentar una licencia REAL ID emitida por el estado.
El caso ocurrió de nuevo un mes después, cuando agentes lo arrestaron en otra obra a pesar de mostrar la misma documentación. Fue liberado veinte minutos después, pero junto a otros trabajadores estadounidenses y residentes legales que también fueron intervenidos sin explicación.
La querella es una acción colectiva. Incluye a 19 trabajadores de la construcción. Según el documento, ellos “han sufrido tratos similares bajo un patrón de políticas ilegales”. Los demandantes solicitan indemnizaciones superiores a los 50 millones de dólares.
Un anciano es herido tras una redada
Otro caso que ha causado molestia es el de Rafie Ollah Shouhed. Él es un empresario de 79 años y dueño de un autolavado en Los Ángeles. Afirma que fue golpeado de manera brutal durante una redada el 9 de septiembre.
Los videos de seguridad muestran a agentes sin orden en su local. En las imágenes, se ve cómo empujan a Shouhed al suelo. Lo esposan y le aplastaron el cuello con una rodilla. Él decía que acababa de ser operado del corazón y no podía respirar.
El hombre asegura que estuvo retenido más de 12 horas sin recibir atención médica y sin poder hablar con su familia. Posteriormente, fue liberado sin cargos. Su demanda pide 50 millones de dólares. También acusa a los agentes de causar angustia emocional. Además, dice que violaron la Ley Bane de California. Esta ley protege los derechos civiles contra abusos de autoridad.
Más uso de la fuerza
En agosto pasado, cinco ciudadanos y residentes permanentes también demandaron al Departamento de Seguridad Nacional por detenciones arbitrarias durante redadas federales.
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Entre ellos se encuentra Cary López Alvarado, una mujer embarazada que fue detenida y que asegura haber dado a luz de forma prematura tras el operativo. Todos los demandantes afirman haber sido detenidos sin causa y en condiciones que califican de degradantes.
Luis Carrillo, abogado representante de estas cinco víctimas, aclaró que cada una de las demandas pide al menos un millón de dólares por daños. “Las acciones de los agentes migratorios fueron brutales. Esperamos que estos procesos sirvan para frenar el uso de la fuerza contra ciudadanos e inmigrantes”, declaró el letrado.
Llamado a la ayuda internacional
Ante el aumento de denuncias, Carrillo dijo que se unió a la congresista Maxine Waters y a la activista Dolores Huerta. Juntos, presentarán una petición formal al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El objetivo es que el organismo internacional investigue los abusos cometidos por las autoridades federales en el marco de las redadas.
Según los demandantes, los operativos de ICE han creado un clima de miedo en comunidades latinas y afroamericanas. Los agentes realizan detenciones masivas en vecindarios y lugares de trabajo sin aviso previo.
Los abogados dicen que, después de que el Gobierno de Trump endureció las políticas migratorias, los agentes federales actuaron sin supervisión. Esto ha llevado al arresto erróneo de ciudadanos estadounidenses.
Mientras los juicios avanzan en varios tribunales, el DHS no ha dado detalles sobre los casos. Sin embargo, asegura que sus redadas siguen las leyes federales. También buscan desmantelar redes delictivas que amenazan la seguridad nacional. Sin embargo, para las personas afectadas, las redadas han causado una realidad diferente. Han dejado heridas físicas, pérdidas de dinero y una gran sensación de vulnerabilidad en su propio país.
