DACA: Trump acepta solicitudes tras orden judicial

Trump permitirá que USCIS reciba nuevas solicitudes de DACA tras orden judicial en Texas sobre su legalidad.
Trump acepta solicitudes tras orden judicial
EFE

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) aceptará y procesará nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esta decisión se produjo tras un informe presentado ante un tribunal federal en Texas, donde se estudia la legalidad del beneficio migratorio.

En los documentos entregados al juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, la Administración explicó que todas las solicitudes iniciales de DACA, así como las relacionadas con permisos de trabajo, serán debidamente adjudicadas. Sin embargo, el Gobierno subrayó que la concesión de estos beneficios estará sujeta a su propia discreción.

Además, USCIS aclaró que solo podrá aprobar permisos de trabajo a solicitantes cuya última dirección registrada esté fuera del estado de Texas. Este punto es especialmente relevante ya que dicha entidad lidera la demanda contra el programa.

La restricción impuesta por Texas

Texas ha jugado un papel central en la disputa legal. En 2021, el juez Hanen dictaminó que DACA era ilegal y ordenó detener la aprobación de nuevas solicitudes. Desde entonces, el programa se mantuvo en una especie de limbo jurídico, aunque los beneficiarios actuales pudieron seguir renovando sus permisos de residencia temporal y trabajo.

El fallo fue apelado y, en enero de este año, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ratificó la decisión de Hanen, aunque con limitaciones. El tribunal determinó que el fallo solo tendría efecto directo en Texas y no en el resto del país. En consecuencia, más de medio millón de inmigrantes actualmente protegidos por DACA retuvieron su estatus gracias a esta excepción.

Qué significa DACA y cómo funciona

DACA fue establecido en 2012 por decreto del entonces presidente Barack Obama. Su objetivo era ofrecer un alivio temporal a jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad y sin un estatus legal. A través del programa, estos jóvenes —conocidos popularmente como “dreamers”— podían evitar la deportación y acceder a permisos de trabajo temporales.

Desde su implementación, más de 700.000 personas han recibido protección gracias a este beneficio. Pese a su alcance, el programa nunca llegó a convertirse en una ley aprobada por el Congreso, lo que lo ha dejado vulnerable a decisiones judiciales y cambios administrativos de cada Gobierno.

El presidente Trump intentó poner fin a DACA durante su primer mandato. La medida fue duramente criticada y en 2020 el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la terminación, manteniendo vigente el alivio migratorio.

Renovaciones permitidas, pero con incertidumbre

El juez Hanen ha reiterado recientemente que su decisión no implica deportaciones automáticas contra los jóvenes ya protegidos por DACA. Su fallo permite que continúe el proceso de renovación, lo que otorga cierta estabilidad a quienes ya están dentro del programa.

No obstante, el margen para aceptar nuevas solicitudes sigue siendo estrecho. El Gobierno solo podrá aprobar los permisos de quienes no estén vinculados con la jurisdicción de Texas, algo que limita de forma considerable el alcance del beneficio.

Pese a todo, la declaración judicial representa un cambio significativo para miles de jóvenes que esperaban una oportunidad de ingresar al sistema. Muchas de estas personas llevan años en el país, completaron su educación y participan activamente en la vida económica y social de Estados Unidos.

Impacto en la comunidad inmigrante

Los beneficiarios de DACA han sido pieza clave en distintos sectores, desde la educación hasta la salud y los servicios esenciales. Durante la pandemia, organizaciones de derechos civiles destacaron que miles de “dreamers” trabajaron en la primera línea de respuesta en hospitales y clínicas.

En medio del anuncio, defensores de los inmigrantes han resaltado que la vigencia del programa depende en gran medida de la voluntad política y de las decisiones judiciales. Por lo tanto, insisten en que el Congreso debe aprobar una solución legislativa definitiva que dé seguridad a los jóvenes y evite que su estatus quede supeditado a litigios constantes.

Un debate político aún abierto

La decisión del Gobierno de Donald Trump de aceptar solicitudes tras la orden judicial marca un nuevo capítulo en la larga batalla por el futuro de DACA. El tema sigue siendo un eje de debate político, en particular en medio de las discusiones sobre seguridad fronteriza y control migratorio.

Mientras tanto, cientos de miles de jóvenes permanecen a la expectativa de lo que dicten los tribunales y de cómo la administración federal implementará esta nueva etapa del programa. La incertidumbre legal que persiste genera ansiedad en la comunidad, pero al mismo tiempo renueva la esperanza de quienes podrían acceder nuevamente a este beneficio migratorio.

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