El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la noche del jueves una orden ejecutiva que busca otorgar a los funcionarios designados políticamente el control total sobre miles de millones de dólares en subvenciones que otorgan las agencias federales. La medida, que la Casa Blanca presenta como un esfuerzo para “fortalecer la supervisión” y “agilizar la concesión de subvenciones”, ha generado preocupación entre científicos, académicos y defensores de la investigación, quienes advierten que podría socavar el liderazgo del país en ciencia, innovación y salud pública.
Trump ordena dar control total de fondos a políticos en agencias clave
Según la orden ejecutiva, todas las agencias federales, incluidas la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), deberán designar funcionarios responsables de revisar cada oportunidad de financiamiento federal y garantizar que estas coincidan con “las prioridades de la agencia y el interés nacional”.
Uno de los puntos más polémicos de la medida es que permite a las agencias cancelar subvenciones en cualquier momento, incluso durante su ejecución. Además, hasta que no se implementen los nuevos protocolos de control, las agencias no podrán anunciar nuevas oportunidades de financiamiento.
Imagen de archivo del presidente Trump firmando documentos en la Casa Blanca. Foto: X/@JesusGar
El cambio, señalan expertos, centraliza el poder de decisión en manos de personas con nombramientos políticos que podrían no contar con experiencia técnica en las áreas que financian.
Críticas a la decisión de Trump de dar control total de fondos
Joseph Bak-Coleman, investigador de la Universidad de Washington especializado en la toma de decisiones en grupo, señaló que esta orden supone “politizar un mecanismo que históricamente ha sido neutral” en la distribución de recursos para la ciencia.
La Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos advirtió que el cambio retrasará la revisión y aprobación de subvenciones, afectando el avance de tratamientos y curas que pacientes y familias necesitan con urgencia.
Desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025, Trump ha recortado o terminado miles de subvenciones de investigación en agencias como la NSF y los NIH, incluyendo proyectos sobre salud de personas transgénero, vacunación, desinformación y programas de diversidad e inclusión.
Posibles impactos en ciencia, salud y seguridad pública
La orden de Trump podría tener consecuencias que trasciendan el ámbito científico. Los fondos de FEMA para ayudas de emergencia, los programas de seguridad pública financiados por el Departamento de Justicia y las iniciativas de salud pública respaldadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también estarían sujetos al nuevo mecanismo de control.
Deanne Criswell, responsable de la FEMA, durante una rueda de prensa en Washington. EFE/Shawn Thew.
Expertos legales anticipan que la medida podría enfrentar demandas judiciales por considerarse un exceso de poder ejecutivo que limita la independencia de agencias que tradicionalmente han operado bajo criterios técnicos.
Además, científicos alertan que este cambio podría ahuyentar a investigadores y organizaciones que dependen de subvenciones federales para sus proyectos, reduciendo así la capacidad del país de responder a crisis sanitarias, desastres naturales y amenazas de seguridad nacional.
Contexto político y proyecciones
La decisión llega en un momento en que el presidente Trump refuerza su control sobre la política interna y busca consolidar su visión de “prioridades nacionales” alineadas con su agenda. Su
s asesores sostienen que la nueva política permitirá un uso más “eficiente” de los recursos y evitará que se financien proyectos que, según ellos, no aportan beneficios claros al país.
Sin embargo, críticos sostienen que este modelo abre la puerta a decisiones arbitrarias basadas en intereses políticos y no en evidencias científicas o necesidades objetivas. Organizaciones defensoras de la transparencia gubernamental señalan que la falta de supervisión independiente podría facilitar el uso de fondos públicos como herramienta de presión política.
La comunidad científica, por su parte, ya prepara estrategias para documentar y denunciar los efectos negativos de la medida, al tiempo que evalúa posibles acciones legales para frenar su implementación.
