El gobierno ruso, liderado por el presidente Vladimir Putin, está intensificando sus esfuerzos para controlar el internet dentro de sus fronteras, transformando la experiencia en línea en un espacio cada vez más restringido y vigilado. Desde bloqueos selectivos hasta nuevas leyes que criminalizan búsquedas en línea, Rusia avanza hacia un modelo de internet soberano que prioriza el control estatal sobre la libertad digital.
Una estrategia de control digital
El Kremlin ha implementado medidas para limitar el acceso a plataformas extranjeras, especialmente tras la invasión de Ucrania en 2022. Servicios como X, Facebook, Instagram y Signal fueron bloqueados, mientras que YouTube, utilizado por millones para entretenimiento y activismo, enfrenta interrupciones deliberadas. El gobierno atribuyó los problemas de YouTube a la falta de mantenimiento de Google, pero expertos en derechos digitales aseguran que se trata de una estrategia de censura. Según Roskomnadzor, el regulador estatal, más del 80% del tráfico de internet en Rusia está ahora sujeto a inspección profunda de paquetes (DPI), una tecnología inspirada en el “Gran Cortafuegos” chino.
Por su parte, Putin ha ordenado identificar y restringir plataformas de países considerados “hostiles”. Esta directiva se suma a una década de leyes restrictivas, como la Ley de Soberanía de Internet de 2019, que permite al gobierno desconectar a Rusia del internet global en caso de emergencia. La persecución de redes privadas virtuales (VPN), herramientas esenciales para evadir la censura, también se ha intensificado, con multas que alcanzan los 4,000 dólares para quienes las utilicen.
Nuevas leyes y aplicaciones estatales
Una reciente legislación amplía la criminalización de búsquedas en línea de contenido “extremista”, un término vago que incluye desde material LGBTQ+ hasta las memorias del fallecido opositor Alexei Navalny. Aunque rastrear búsquedas individuales es técnicamente complejo, expertos advierten que casos selectivos buscan generar miedo. En julio, un activista fue detenido en Moscú con un cartel que decía: “Por una Rusia sin censura. Orwell escribió una distopía, no un manual”, en referencia a las políticas del Kremlin.
Además, el gobierno está promoviendo MAX, una aplicación de mensajería desarrollada por la red social VK, como alternativa a WhatsApp, que cuenta con 97 millones de usuarios mensuales en Rusia. MAX, en fase beta, permite enviar mensajes, realizar pagos y acceder a servicios estatales, pero comparte datos de usuarios con las autoridades. Una nueva ley exige que MAX venga preinstalada en todos los smartphones vendidos en el país, mientras se presiona a empresas e instituciones para migrar a esta plataforma.
Impacto en la infraestructura digital
El control estatal también se extiende a la infraestructura técnica. Más de la mitad de las direcciones IP en Rusia están ahora gestionadas por siete grandes empresas, incluida la estatal Rostelecom, lo que facilita la vigilancia. Las sanciones occidentales y la salida de proveedores como Cloudflare han obligado a sitios web rusos a trasladarse a servidores nacionales, más fáciles de controlar. Según Human Rights Watch, estas medidas buscan “sofocar” la infraestructura digital independiente, consolidando un ecosistema cerrado.
Por otro lado, el aumento en el costo de licencias para proveedores de internet ha reducido la competencia, dejando a los usuarios con menos opciones. En julio, interrupciones en WhatsApp y Telegram fueron interpretadas como pruebas de futuros bloqueos, un paso hacia el aislamiento digital similar al de China.
Resistencia y desafíos
A pesar de los avances del Kremlin, el abogado y activista Sarkis Darbinyan señala que cambiar los hábitos de los usuarios, forjados durante décadas de un internet libre, será difícil. “Cerrar y sofocar alternativas extranjeras es la única forma de imponer aplicaciones como MAX”, afirmó. Sin embargo, la resistencia persiste: miles de rusos siguen usando VPN para acceder a contenido bloqueado, y plataformas como el canal de Navalny en YouTube continúan siendo una fuente de oposición.
La estrategia rusa, descrita como una “muerte por mil cortes” por organizaciones de derechos digitales, combina censura, vigilancia y legislación para restringir el acceso a información libre. Aunque Rusia no ha alcanzado el nivel de control digital de China, su progreso hacia un internet soberano plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
