El inicio del ciclo escolar 2025-2026 en Los Ángeles ha estado marcado por un esfuerzo sin precedentes para proteger a estudiantes migrantes frente a las intensificadas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de EE.UU., ha implementado zonas seguras en más de 100 escuelas en barrios latinos, reforzando la seguridad con patrullas escolares y voluntarios. Estas medidas buscan garantizar que los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, puedan asistir a clases sin temor, en un contexto de creciente tensión por las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.
Zonas seguras para tranquilizar a las familias
Desde el 11 de agosto de 2025, el LAUSD ha desplegado zonas seguras en escuelas ubicadas en áreas como Boyle Heights, Pico-Union y South Gate, donde residen comunidades predominantemente latinas. Estas zonas, patrulladas por la policía escolar y voluntarios de organizaciones como Unión del Barrio, alertan sobre la presencia de agentes de ICE. Además, el distrito ha ampliado las rutas de autobuses escolares, cubriendo un 20% más de estudiantes que el año pasado, según datos del LAUSD, para facilitar el acceso seguro a las escuelas. La estrategia incluye foros semanales para informar a las familias sobre sus derechos migratorios, en colaboración con el sindicato de maestros UTLA.
Por lo tanto, el impacto de estas medidas es notable. En la Escuela Primaria Euclid, por ejemplo, las inscripciones a talleres sobre derechos migratorios aumentaron un 30% en la primera semana de clases. Sin embargo, el miedo persiste. María Hernández, una madre migrante, compartió que consideró retirar a su hijo de 7 años de la escuela por temor a las redadas. “No sé cuánto tiempo podremos vivir así”, afirmó, destacando que su hijo, quien comenzó segundo grado, ha perdido el entusiasmo por las clases tras un verano lleno de ansiedad.
Un superintendente comprometido
El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, un exinmigrante indocumentado, ha liderado los esfuerzos para blindar las escuelas. Desde 2017, el distrito prohíbe la entrada de agentes de ICE a los campus sin una orden judicial válida, una política reforzada en 2025. Carvalho ha exigido que ICE evite operar en un radio de dos cuadras alrededor de las escuelas, desde una hora antes hasta una hora después del horario escolar. “Los niños con miedo no aprenden”, afirmó en una conferencia el 12 de agosto, prometiendo resistencia ante cualquier interferencia en el proceso educativo.
En consecuencia, el LAUSD ha capacitado a su personal para identificar órdenes judiciales y proteger la privacidad de los estudiantes. En un incidente reciente en la Preparatoria Arleta, la intervención de la policía escolar evitó la detención prolongada de un estudiante de 15 años con discapacidad, quien fue esposado por agentes de ICE sin identificación el 11 de agosto. Sin embargo, no todos los casos han tenido un desenlace positivo: Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, un chileno de 18 años, fue detenido mientras paseaba a su perro, perdiendo la oportunidad de comenzar su último año de preparatoria.
Apoyo municipal y restricciones legales
La alcaldesa Karen Bass ha respaldado estas iniciativas, exigiendo a la Casa Blanca el cese de las redadas, que calificó de “discriminatorias e imprudentes”. Una orden judicial del Tribunal del Noveno Circuito, emitida el 1 de agosto, prohíbe temporalmente detenciones basadas en perfiles raciales o laborales, aunque ICE ha continuado operando. En un caso destacado, agentes intentaron detener a un migrante en una clínica móvil en Downey, lo que generó críticas de la ACLU de California, que reportó un aumento del 40% en incidentes similares desde julio.
Pese a todo, las escuelas enfrentan un doble desafío: combatir el ausentismo, que afecta al 15% de los estudiantes del LAUSD, y garantizar un entorno seguro. Carvalho ha instado a la comunidad a reportar cualquier actividad de ICE cerca de los campus, mientras que UTLA ha organizado brigadas vecinales para monitorear las escuelas. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes estima que el 25% de los 400,000 estudiantes del LAUSD tienen al menos un familiar indocumentado, lo que subraya la magnitud del problema.
Un llamado a la comunidad
Las organizaciones comunitarias han intensificado sus esfuerzos. Unión del Barrio y CHIRLA han distribuido volantes en español y inglés con información sobre cómo responder a encuentros con ICE. Además, el LAUSD ha habilitado una línea directa (1-800-944-1601) para reportar incidentes migratorios. Mientras tanto, legisladores estatales están considerando una ley para limitar el acceso de ICE a escuelas y hospitales, similar a una aprobada en Colorado en mayo. A medida que las redadas continúan, Los Ángeles se mantiene firme en su compromiso de proteger a sus estudiantes migrantes, asegurando que las aulas permanezcan como espacios de aprendizaje y refugio.
