Más de 117,000 inmigrantes enfrentan ahora una posible deportación tras la decisión de reabrir expedientes que jueces de inmigración habían dejado en pausa administrativa. Al menos la mitad lleva una década o más en Estados Unidos, con empleo, familia y vínculos comunitarios consolidados.
Además, muchas de estas solicitudes de “recalendarización” están en Arizona, California, Florida y Nueva York. En estos lugares hay grandes comunidades de inmigrantes y los tribunales tienen muchos retrasos. En California, más de 30,000 casos se han movido para ser reagendados, lo que representa un salto cercano al 14,000% frente al mismo periodo del último año de Joe Biden.
Qué es el cierre administrativo
Durante décadas, los jueces de inmigración han usado el cierre administrativo para sacar un caso del calendario sin desecharlo por completo. Esta figura permite gestionar mejor los atrasos y dar tiempo a personas que tramitan asilo, residencia u otras vías de alivio migratorio.
En muchos expedientes, las personas se consideraban de baja prioridad porque no tenían delitos graves, no representaban amenaza a la seguridad y contaban con familia o arraigo en el país. Por lo tanto, estos casos quedaban en pausa mientras avanzaban solicitudes ante USCIS u otras autoridades.
El giro de la administración Trump
La administración de Donald Trump sostiene que el cierre administrativo se convirtió en una “herramienta política” para frenar una aplicación estricta de las leyes migratorias. Un memorando interno calificó esta práctica como un factor que agrava la acumulación de casos al “aplazar la solución del problema”.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración fue más lejos y describió el cierre administrativo como una especie de “programa de amnistía” que permite a extranjeros permanecer indefinidamente sin resolver su estatus. Bajo ese argumento, el Gobierno empezó a pedir en bloque que se reabran miles de expedientes antiguos.
Caos para abogados y tribunales
Las solicitudes masivas de reapertura han sorprendido incluso a abogados que no tenían contacto con sus clientes desde hace años. Algunos letrados intentan ahora reconstruir expedientes donde las personas se mudaron, fallecieron o salieron del país.
Sin embargo, varios profesionales denuncian que muchas notificaciones incluyen errores básicos o evidencian que nadie revisó el caso antes de pedir su reprogramación. Hay ejemplos de personas que ya obtuvieron visa, residencia u otra forma de regularización y, aun así, reciben avisos de reapertura como si siguieran en situación irregular.
Papel de los jueces de inmigración
La Oficina de Revisión de Inmigración insiste en que los jueces siguen siendo independientes y no tienen la obligación de aceptar todas las solicitudes del Gobierno. Cada magistrado debe evaluar caso por caso si corresponde reactivar el expediente o mantenerlo fuera del calendario.
Pese a todo, la presión política para reducir cualquier margen de discrecionalidad judicial aumenta. El volumen de pedidos de reapertura recarga aún más un sistema ya saturado, donde las audiencias se programan muchas veces con años de diferencia.
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Mensaje del DHS y riesgos para las comunidades
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, defiende la nueva línea dura. Asegura que Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem, “están cumpliendo la ley y reanudando los procedimientos de expulsión” de quienes califican como “extranjeros ilegales”.
En consecuencia, miles de personas que vivían con relativa estabilidad vuelven a enfrentar el riesgo de deportación. Organizaciones de defensa de inmigrantes advierten que este giro incrementa el miedo en barrios enteros y puede disuadir a familias de acudir a tribunales, hospitales o escuelas ante el temor de quedar nuevamente en la mira de las autoridades.
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