El Seguro Social (Social Security) es una fuente clave de ingresos para muchos jubilados en EE.UU., incluyendo una gran población latina que depende en gran parte de esos beneficios para vivir con dignidad una vez retirados. Sin embargo, hay casos que generan preocupación en comunidades inmigrantes en los cuales ciertos latinos pueden ver suspendidos o detenidos sus pagos de jubilación del programa. Las razones son varias, relacionadas con el estatus migratorio, el cumplimiento de requisitos de elegibilidad y reglas de residencia.
¿Quiénes podrían verse afectados con esta nueva ley de Seguro Social?
Un grupo particularmente vulnerable son los beneficiarios que pierden el estatus migratorio legal que tenían, como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y que ya estaban recibiendo pagos de la Social Security. Según reportes recientes, con la finalización de ciertos TPS, como los de ciudadanos hondureños o nicaragüenses que estaban bajo esa protección por décadas, aquellos que no puedan acreditar una forma de estatus legal vigente podrían enfrentar la suspensión inmediata de sus beneficios.
Además, personas que no cumplen con los requerimientos de residencia, o que residen fuera de EE.UU. por períodos prolongados, también pueden ver sus beneficios suspendidos. La SSA tiene reglas estrictas sobre el pago de beneficios a extranjeros que viven fuera del país, y la residencia legal vigente es un factor determinante.
La razón de estas nuevas normas
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Pérdida de estatus migratorio válido: Si un beneficiario pierde su permiso legal (por ejemplo, vencimiento del TPS sin renovación o revocación de otro estatus migratorio), la ley puede impedir que siga recibiendo los beneficios del Seguro Social.
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Regla de “no pago a extranjeros” fuera de EE.UU.: Si el beneficiario vive fuera del país más de cierto tiempo, sus pagos pueden suspenderse según las normas de SSA.
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Créditos de trabajo insuficientes: Para tener derecho a la jubilación, se requiere trabajar en empleos cubiertos por Social Security durante al menos 10 años (40 trimestres de crédito). Si no se alcanza ese umbral, aunque se haya trabajado esporádicamente, no se calificará para recibir beneficios. Esto es particularmente difícil para quienes hayan tenido empleo irregular o sin documentos.
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Falta de acuerdos de totalización: Algunos inmigrantes provienen de países con los cuales EE.UU. no tiene acuerdos de totalización (que permiten combinar periodos de trabajo realizados en otro país para efectos de beneficios). Si no existe ese acuerdo, ciertos periodos laborales en el extranjero no cuentan para satisfacer el requisito de crédito de trabajo.
Impacto en las comunidades latinas
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Muchas personas afectadas han trabajado décadas y cotizaron al sistema, confiando en los beneficios al llegar a la jubilación. Que se suspendan sus pagos representa una pérdida económica severa para ellas.
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Dependencia alta de los beneficios: En muchos casos, estos beneficios son la principal fuente de ingreso tras la jubilación. Su ausencia podría incrementar la pobreza y la vulnerabilidad económica.
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Incertidumbre legal y trámites requeridos: Restablecer los beneficios podría depender de presentar un estatus legal válido, lo cual no siempre es viable o fácil.
