Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño de 30 años, se presentó este lunes en una oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, donde fue detenido, enfrentando ahora la posibilidad de ser deportado a Uganda, un país sin lazos conocidos con él. Su caso ha llamado la atención en todo el país. Refleja las tensiones de la política migratoria del presidente Donald Trump. Esta política se caracteriza por una fuerte campaña contra la inmigración irregular.
Una detención esperada tras la liberación
Abrego García fue liberado el viernes de una cárcel en Tennessee, donde enfrentaba cargos por tráfico de personas, y regresó a Maryland para reunirse con su esposa e hijos estadounidenses. Sin embargo, su libertad duró poco. ICE notificó a sus abogados que planeaba deportarlo a Uganda, una decisión comunicada apenas horas después de su salida de prisión. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que Abrego está siendo procesado para su expulsión. Se le acusa de ser un peligro para la comunidad y de ser miembro de la pandilla MS-13. Él niega estos cargos con firmeza.
Por lo tanto, su comparecencia en la oficina de ICE en Baltimore era un requisito de su liberación bajo parole. Aunque estas citas suelen ser rutinarias para actualizar información, sus abogados anticiparon que las autoridades lo detendrían, dado el aviso de deportación. Minutos después de entrar al edificio, su esposa Jennifer Vasquez Sura y un grupo de amigos lo acompañaron. ICE lo detuvo, según confirmó su abogado Simon Sandoval-Moshenberg.
Una oferta rechazada y una amenaza de deportación
Antes de su arresto, ICE le ofreció a Abrego un trato. Debía declararse culpable de tráfico de personas. Esto venía de una parada por exceso de velocidad en Tennessee en 2022. A cambio, sería deportado a Costa Rica. Allí, el gobierno local lo aceptaría como inmigrante legal sin detención. Sin embargo, Abrego rechazó la oferta. Negó los cargos y pidió que el caso se desestimara. Argumentó que esto es una represalia por desafiar su deportación incorrecta a El Salvador en marzo.
En consecuencia, ICE informó que, al no aceptar el acuerdo, lo deportaría a Uganda, un país que recientemente acordó recibir a ciertos deportados de Estados Unidos, siempre que no tengan antecedentes penales. Los abogados de Abrego consideran esta amenaza como una táctica para presionarlo a aceptar la culpabilidad. “Es absurdo enviarlo a un país donde no habla el idioma y que tiene violaciones documentadas de derechos humanos”, afirmó Sandoval-Moshenberg, destacando que Costa Rica sería una opción más razonable.
Una batalla legal para evitar la deportación
Pese a todo, los abogados de Abrego actuaron rápidamente tras su detención, presentando una demanda en un tribunal federal de Maryland para bloquear su deportación. La solicitud pide una orden que garantice sus derechos procesales, permitiéndole argumentar que enfrenta riesgos de persecución o tortura en Uganda. Un fallo reciente en Maryland obliga a ICE a notificar con 72 horas de antelación cualquier intento de deportación, lo que dio a sus defensores tiempo para preparar esta acción legal. Una audiencia preliminar podría celebrarse pronto, según Sandoval-Moshenberg.
Un caso que simboliza la lucha migratoria
El caso de Abrego García se ha convertido en un símbolo de las políticas migratorias de la administración Trump. Su deportación errónea a El Salvador en marzo, a pesar de una orden judicial de 2019 que lo protegía por temor a la violencia de pandillas, generó críticas y presión pública. Tras meses en una prisión salvadoreña, fue devuelto a Estados Unidos en junio, solo para ser acusado de tráfico de personas, cargos que sus defensores consideran vengativos.
Mientras tanto, la comunidad y líderes como el senador Chris Van Hollen han expresado apoyo a Abrego, denunciando lo que llaman un abuso de poder. En un emotivo discurso antes de entrar a la oficina de ICE, Abrego agradeció a sus seguidores y pidió seguir luchando por la justicia. Su caso, que combina acusaciones de tráfico, detenciones migratorias y una posible deportación a un país desconocido, sigue generando debate sobre el debido proceso en el sistema migratorio estadounidense.
