Un joven mexicano en Texas vivió una experiencia que parece sacada de un guion de terror: José Vargas, de 31 años, soñó que era detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y, días después, su pesadilla se hizo realidad. El 20 de agosto de 2025, Vargas y su padre, Miguel Ontiveros, fueron arrestados en un control vehicular en Houston, a pesar de presentar licencias válidas. La historia, que ha conmocionado a la comunidad latina, resalta la incertidumbre que enfrentan los migrantes en medio de los operativos intensificados bajo la administración del presidente Donald Trump.
Un sueño que se volvió realidad
José Vargas, quien llegó a Estados Unidos desde México a los 11 meses, confesó a su madre, Clara Ontiveros, que tuvo una pesadilla recurrente en la que agentes de ICE lo detenían y lo separaban de sus tres hijos. “Estaba asustado, decía que no quería dejar a sus pequeños”, relató Clara en una entrevista con una estación local. El 20 de agosto, mientras regresaban de una jornada laboral, José y su padre Miguel, de 58 años, fueron interceptados en un control de tránsito en la autopista I-45. Aunque mostraron licencias de conducir emitidas por California, los agentes exigieron documentos migratorios.
Por ejemplo, el hermano menor de José, un ciudadano estadounidense de 25 años, también fue detenido brevemente, pero liberado tras verificar su estatus. José y Miguel, sin embargo, fueron trasladados a un centro de detención de ICE en Houston. La esposa de José, Marisol, intentó contactarlo desesperadamente, rogándole a los agentes que consideraran a sus hijos de 4, 7 y 9 años. “Les dije que él es un buen padre, que trabaja duro, pero no escucharon”, comentó Marisol, visiblemente afectada.
Operativos intensificados en Texas
Los controles vehiculares se han multiplicado en Texas desde que la administración Trump reforzó la colaboración entre la policía local y ICE bajo el programa 287(g). En 2025, Texas reportó 17,000 detenciones migratorias, un aumento del 40% respecto a 2024, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los operativos, que a menudo comienzan con infracciones menores como una luz rota, han generado críticas por presunto perfilamiento racial. La ACLU de Texas señaló que el 60% de los detenidos en estos controles no tienen antecedentes penales, según un informe de agosto.
Además, el DHS reportó que ICE incrementó su meta de arrestos diarios a 3,000 a nivel nacional desde mayo, con Texas y California liderando las cifras. En Houston, los controles vehiculares se han concentrado en áreas con alta población latina, como Gulfton y Spring Branch, según activistas locales. “Estos operativos están diseñados para infundir miedo”, afirmó César Espinosa, director de FIEL Houston.
Un futuro incierto para la familia
José y Miguel enfrentan ahora un proceso de deportación, aunque sus abogados trabajan para retrasar o evitar su expulsión. Según el abogado de inmigración Raúl García, los casos de residentes de largo plazo como Miguel, en el país desde hace 30 años, son complejos pero no imposibles. “Podemos apelar al tiempo de residencia y los lazos familiares, pero el clima actual es duro”, explicó. La familia espera que un juez permita a José permanecer bajo supervisión mientras se resuelve su caso, pero el proceso podría tomar meses.
Pese a todo, la comunidad latina de Houston se ha movilizado. El 25 de agosto, unas 200 personas protestaron frente al centro de detención, exigiendo la liberación de José y Miguel. “Son trabajadores, no criminales”, gritaban los manifestantes. La organización United We Dream lanzó una campaña para recaudar fondos para los honorarios legales de la familia, que ya superan los 10,000 dólares.
Impacto en la comunidad
La historia de José ha resonado profundamente, con más de 300,000 vistas en videos virales sobre su detención. La madre de José, Clara, pidió a las autoridades clemencia, destacando que su nieto menor preguntó: “¿Por qué se llevaron a mi papá?”. En Texas, donde los latinos representan el 40% de la población, según el Censo de 2020, el temor a redadas ha llevado a muchos a evitar lugares públicos. La arquidiócesis de Houston ofreció apoyo psicológico a la familia, mientras activistas instan a los migrantes a conocer sus derechos, incluyendo permanecer en silencio y solicitar un abogado. Para más información, la línea de ayuda de la Red Nacional de Jornaleros es 888-839-8682.
