El 29 de septiembre, el ciudadano chino Huabing Xie se convirtió en la última persona en morir bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el año fiscal 2025. Con su fallecimiento, el número total de muertes registradas durante el periodo ascendió a 22, la cifra más alta en dos décadas. De acuerdo con datos oficiales, más de la mitad de las víctimas eran de origen latinoamericano.
Entre los fallecidos se encuentran dos migrantes que perdieron la vida tras un tiroteo en una oficina del ICE en Dallas el mes pasado. La agencia no alcanzaba un número similar desde 2004, cuando, apenas un año después de su creación, reportó 32 decesos bajo custodia federal. Con el retorno de Donald Trump a la presidencia, las denuncias sobre las condiciones en los centros de detención han vuelto a intensificarse.
Denuncias sobre condiciones inhumanas
Diversas organizaciones de derechos humanos aseguran que la crisis dentro de los centros de detención se ha agravado en los últimos nueve meses. “Es alarmante que en los primeros meses de la nueva Administración Trump ya se superen las cifras anuales de muertes bajo el Gobierno de Biden”, señalaba Detention Watch Network en un comunicado reciente.
Según la coalición, la situación se explica por el aumento masivo de arrestos y la falta de infraestructura adecuada. Actualmente, hay más de 60.000 migrantes detenidos, y el Gobierno busca ampliar las instalaciones para alcanzar los 3.000 arrestos diarios. Esta política forma parte del plan de Trump para implementar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos.
Sin embargo, la sobrepoblación en los centros ha generado una crisis sanitaria. Los defensores de los derechos de los migrantes denuncian que hay carencias de personal médico, falta de alimentos adecuados y escasez de suministros básicos. En algunos casos, los detenidos tardan días en recibir atención médica, incluso cuando presentan síntomas graves.
Un sistema colapsado y bajo escrutinio
El hacinamiento y las deficiencias en la atención médica han sido documentados incluso por las propias autoridades estadounidenses. Un informe presentado en julio por el senador demócrata Jon Ossoff denunció abusos reiterados dentro de las instalaciones migratorias, entre ellos maltrato físico, negligencia médica, falta de acceso a abogados y condiciones insalubres.
“Entre las denuncias verificadas hay casos de abuso sexual, muertes por negligencia, atención médica deficiente y escasez de alimentos y agua”, detalló el informe. Pese a estas advertencias, la Administración ha negado irregularidades y sostiene que los detenidos “reciben atención médica integral y alimentación adecuada”.
Tres de las muertes registradas en 2025 han sido catalogadas como suicidios. Las organizaciones migratorias consideran que estos casos están vinculados a las duras condiciones psicológicas que viven los internos, quienes en numerosos centros pasan hasta 23 horas al día encerrados.
Supervisión suspendida por el cierre del Gobierno
A la creciente crisis humanitaria se suma el reciente cierre parcial del Gobierno federal, provocado por el bloqueo presupuestario en el Congreso. Este cierre ha afectado directamente a la Oficina de Supervisión de Detenciones, el único organismo encargado de inspeccionar las instalaciones del ICE y garantizar el cumplimiento de los estándares federales de derechos humanos.
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La suspensión temporal de estas inspecciones ha generado preocupación entre expertos, que advierten del riesgo de que se agraven las muertes y los abusos sin una supervisión activa. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya había alertado entre 2020 y 2023 sobre la falta de cumplimiento en medidas de seguridad y sanidad, problemas de atención médica y sobrecarga del personal.
El último fallecimiento, el de Huabing Xie, ilustra la gravedad del problema. Según la agencia migratoria, el detenido sufrió convulsiones en el Centro de Detención Regional Imperial, en California, y pese a los intentos de reanimación, murió poco después en un hospital local.
“Sabemos desde hace tiempo que la cruel agenda de deportación de Trump tendría consecuencias devastadoras”, dijo Marcela Hernández, directora de desarrollo de Detention Watch Network. “Nadie debería sufrir en estas condiciones, y ninguna familia debería cargar con este tipo de pérdidas tan evitables”.
