Un informe explosivo de la oficina del senador Jon Ossoff ha puesto al descubierto un alarmante patrón de abusos en los centros de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, se han documentado más de 500 denuncias creíbles de violaciones a los derechos humanos, incluyendo agresiones físicas y sexuales, negligencia médica y condiciones inhumanas, especialmente contra mujeres embarazadas y niños.
Abusos generalizados bajo custodia
La investigación, publicada a finales de julio, revela 510 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en instalaciones gestionadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Agencia Federal de Prisiones (BOP) en 25 estados, Puerto Rico y bases militares como Guantánamo. Según el reporte, 41 denuncias involucran abusos físicos o sexuales, 14 señalan maltrato a mujeres embarazadas y 18 describen abusos contra niños, incluidos ciudadanos estadounidenses. Estas acusaciones se basan en entrevistas con detenidos, familiares, personal médico y abogados, así como en registros como llamadas al 911 desde centros en Adelanto, California, y el sur de Texas, que reportaron agresiones sexuales.
Por ejemplo, en el Centro de Procesamiento de ICE en El Paso, Texas, un detenido fue arrojado al suelo y esposado con fuerza por salirse de la fila del comedor, según el informe. En el Centro de Detención Federal de Miami, inmigrantes denunciaron ser confinados por horas en celdas pequeñas con un solo inodoro, sin acceso a comida ni agua. En un caso, tras una protesta por las condiciones, agentes usaron granadas aturdidoras y dispararon lo que parecían ser balas de goma, según testimonios recopilados por la oficina de Ossoff.
Mujeres embarazadas en condiciones críticas
El informe destaca 14 casos de maltrato a mujeres embarazadas bajo custodia del DHS. Muchas reportaron demoras en la atención médica, citas canceladas o negación de chequeos esenciales. En un caso desgarrador, una detenida en Georgia, de 23 años, sufrió un aborto tras sangrar profusamente durante días sin recibir atención adecuada. Según su pareja, fue trasladada a un hospital donde la dejaron sola por más de 24 horas sin agua ni asistencia médica tras perder a su bebé. Organizaciones como Asian Americans Advancing Justice-Atlanta han señalado que estas mujeres enfrentan negligencia sistemática, agravada por el hacinamiento y la falta de camas adecuadas, lo que obliga a algunas a dormir en el suelo.
Además, la investigación documenta cómo el DHS ha ignorado protocolos médicos, dejando a mujeres embarazadas sin seguimiento oportuno. En 2024, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reportó que el 90% de los centros de detención no cumplían con los estándares de atención médica para mujeres embarazadas, un problema que parece haberse intensificado en 2025.
Niños en riesgo y sin atención
El reporte también expone 18 casos de maltrato a niños, incluidos ciudadanos estadounidenses, bajo custodia de ICE o la Patrulla Fronteriza (CBP). En un caso, una niña con problemas médicos graves fue hospitalizada tres veces, pero un guardia desestimó las súplicas de su madre cuando vomitaba sangre, sugiriéndole que le diera una galleta. Otro caso involucra a un niño de cuatro años con cáncer metastásico, deportado sin haber consultado a un médico. Según el Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional, el hacinamiento y la falta de supervisión han generado un entorno donde los menores enfrentan negligencia médica y condiciones insalubres, como la falta de ropa limpia o agua potable.
Por su parte, el Acuerdo Flores, que desde 1997 establece estándares para la protección de menores en detención, está en riesgo. En mayo, el Departamento de Justicia bajo Trump solicitó anular este acuerdo, argumentando que nuevas regulaciones lo hacen innecesario. Sin embargo, defensores como Sergio Pérez advierten que su eliminación podría agravar la falta de transparencia y aumentar los abusos.
Respuesta oficial y críticas
La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, calificó las acusaciones de “falsas” y afirmó que todos los detenidos reciben atención médica, alimentaria y acceso a abogados. Sin embargo, la investigación de Ossoff contradice estas afirmaciones, señalando que el gobierno ha limitado el acceso de inspectores a los centros, suspendiendo oficinas de supervisión como la del Defensor de Inmigrantes Detenidos. En 2025, las detenciones han aumentado un 51%, con 57,861 personas en instalaciones de ICE al 29 de junio, según el Brennan Center for Justice, lo que ha saturado el sistema.
Mientras tanto, congresistas como la representante Debbie Wasserman Schultz han comparado las condiciones en los centros con “campos de confinamiento”. Organizaciones como Human Rights Watch han instado a la ONU a investigar, exigiendo responsabilidad por violaciones a los estándares internacionales. Ossoff, por su parte, ha prometido continuar su investigación, enviando cartas al DHS, al Departamento de Justicia y al Departamento de Defensa para exigir respuestas.
