El Departamento de Justicia (DOJ) dijo este martes que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, no siguió una orden judicial. Esta orden detenía los vuelos de deportación de migrantes venezolanos hacia El Salvador. La acusación judicial asegura que la decisión violó una orden emitida por el juez federal James Boasberg el pasado 15 de marzo.
La orden que buscaba frenar las deportaciones
El magistrado Boasberg había instruido al Gobierno a detener los vuelos de deportación bajo sospecha de que los migrantes fueron enviados sin haber recibido el debido proceso legal. La Administración Trump los había acusado de pertenecer al Tren de Aragua, una supuesta organización criminal transnacional. Sin embargo, hasta la fecha no existen pruebas que confirmen los vínculos con esa banda ni antecedentes penales que justifiquen su expulsión.
Según documentos presentados ante los tribunales, los funcionarios del DOJ notificaron al Departamento de Seguridad Nacional la orden del juez tanto de forma verbal como escrita. Aun así, los vuelos despegaron ese mismo día, en aparente desobediencia a la orden judicial. En total, tres aviones con 261 personas fueron enviados a El Salvador, lo que ahora podría constituir un acto de desacato.
Noem, señalada como responsable directa
El informe judicial sostiene que los asesores legales del DHS transmitieron a Noem las recomendaciones del Departamento de Justicia. A pesar de ello, la funcionaria habría decidido mantener los vuelos programados alegando que los detenidos estaban bajo custodia antes de que Boasberg emitiera su dictamen. Esa interpretación, según el Departamento de Justicia, sirvió como base para ejecutar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII que el presidente Trump invocó este año para endurecer su política migratoria.
La jueza federal a cargo del caso consideró ese razonamiento una violación directa de la orden. Por eso, la acusación formal plantea reactivar los cargos por desacato contra los funcionarios que participaron en la decisión de deportar a los migrantes venezolanos.
Crece la polémica dentro del Gobierno
Este martes, fuentes del DOJ explicaron que la presentación legal busca ofrecer al juez Boasberg toda la información que había solicitado meses atrás. El objetivo sería impedir que el magistrado convoque a altos funcionarios del Gobierno federal para testificar públicamente. No obstante, Boasberg ha reiterado su intención de esclarecer por qué las autoridades ignoraron su mandato.
La acusación resurge 255 días después de que los vuelos fueran ejecutados. Es la primera vez que el Departamento de Justicia identifica con nombre propio a Noem como la persona que tomó la decisión final. Hasta ahora, la Casa Blanca había evitado atribuir responsabilidades directas en el caso.
Tensiones con el Poder Judicial y nuevas filtraciones
El conflicto refuerza la tensión entre la administración de Trump y el sistema judicial, que ya ha bloqueado varias de sus medidas migratorias. En abril, la Corte Suprema desechó parcialmente la decisión de Boasberg de detener las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque coincidió en que los migrantes debían recibir el debido proceso.
Además, en junio un denunciante del propio Departamento de Justicia afirmó que Emil Bove, entonces vicefiscal general, instruyó a sus subordinados a ignorar fallos de los tribunales. Bove negó las acusaciones durante su audiencia en el Senado para ocupar un puesto en el tribunal de apelaciones del Tercer Circuito. Su nombre figura nuevamente entre los posibles citados si el juez decide abrir una audiencia formal por desacato.
Posibles testigos y próximos pasos del caso
Entre las figuras que podrían ser llamadas a declarar bajo juramento están el abogado Erez Reuveni, exsubdirector interino de litigios migratorios, y Drew Ensign, identificado como la persona que transmitió las órdenes de Boasberg al DHS. Ambos habrían tenido conocimiento directo del momento en que se comunicó la orden judicial y de la decisión final tomada por Noem.
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Un tribunal de apelaciones ya autorizó al juez Boasberg continuar con el proceso, lo que abre la puerta a una posible audiencia con citatorios. La Administración Trump busca ahora que el juez emita un fallo definitivo que cierre el caso, aunque el magistrado insiste en esclarecer cada detalle del 15 de marzo, cuando se ejecutaron las deportaciones.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional no ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones. La jueza responsable advirtió que la insistencia del Gobierno en justificar las deportaciones podría agravar las sanciones por desacato, un delito que puede derivar en multas y otras medidas disciplinarias para los funcionarios involucrados.
