El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alista una expansión sin precedentes de su capacidad de vigilancia digital. Documentos internos revelan que la agencia busca contratar a casi 30 contratistas especializados en análisis de redes sociales. Su misión será examinar, de manera constante, publicaciones en plataformas como X, Facebook, TikTok e Instagram para identificar actividades que puedan dar pie a procesos de deportación y arrestos.
Estos planes contemplan un equipo de monitoreo que operará de manera ininterrumpida, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. La iniciativa confirma el interés de la agencia por transformar la información compartida por millones de usuarios en “inteligencia procesable” para reforzar sus operativos en todo el país.
Una estrategia que genera inquietud
La noticia ha encendido las alarmas entre defensores de la privacidad y organizaciones de derechos civiles, quienes advierten que la creación de un equipo de espionaje virtual plantea serias amenazas a la libertad de expresión. Los críticos sostienen que esta iniciativa permitiría a las autoridades rastrear a personas no por cometer un delito, sino simplemente por su actividad en línea.
De acuerdo con especialistas en seguridad digital, el problema radica en la falta de parámetros claros sobre qué tipo de publicaciones podrían desencadenar una revisión migratoria. Además, señalan que el uso de mensajes “descontextualizados” podría dar lugar a errores, lo que pondría en riesgo a miles de inmigrantes que ya enfrentan un panorama incierto en Estados Unidos.
Redadas con base en tecnología
La expansión de la vigilancia en las redes sociales busca, según ICE, fortalecer su capacidad de respuesta en campo. La información recopilada por el equipo de monitoreo se convertiría en insumo directo para planificar redadas, localizar a personas con orden de deportación pendiente y, potencialmente, identificar nuevas redes de apoyo a inmigrantes indocumentados.
La idea es que cada interacción pública en plataformas digitales pueda ser utilizada como una fuente de información estratégica. Sin embargo, para organizaciones proinmigrantes esta práctica se asemeja más a tácticas de espionaje masivo que a un operativo de seguridad legítimo. En consecuencia, varias asociaciones han comenzado a elevar su voz para exigir mayores controles judiciales y legislativos sobre el uso de estas herramientas.
Preocupación por el derecho a la privacidad
ONGs y expertos en derechos digitales han advertido que el monitoreo permanente de millones de publicaciones genera un terreno fértil para abusos. Por lo tanto, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han pedido revisar a fondo los límites legales de esta estrategia.
Según sus voceros, el uso indiscriminado de datos en redes sociales podría ir más allá del objetivo migratorio y extenderse hacia un control social más amplio. Esto abriría un debate sobre hasta qué punto las agencias federales pueden usar información personal publicada en internet sin autorización previa de un juez.
Contexto político y tecnológico
El anuncio se produce en medio de un clima político polarizado respecto a la inmigración. Mientras la Administración Trump ha reforzado su postura de control estricto en las fronteras y en el interior del país, el uso de tecnología avanzada representa un nuevo capítulo en la vigilancia estatal.
Además, el propio ecosistema digital ha evolucionado hasta convertirse en un espacio donde las personas no solo comparten su día a día, sino también su activismo político, sus opiniones y sus vínculos comunitarios. Para analistas, llevar ese terreno al escrutinio constante de ICE supone un retroceso para las libertades individuales en Estados Unidos.
Silencio oficial frente a las críticas
Si bien ICE no ha ofrecido comentarios públicos en detalle sobre esta iniciativa, defensores de inmigrantes aseguran que el plan confirma lo que durante años han denunciado: un intento por vigilar y criminalizar a quienes ya viven en una situación de vulnerabilidad.
Por ahora, no está claro cuándo entrará en funcionamiento este equipo especializado, pero los documentos confirman que la estructura está diseñada para ser operativa de inmediato una vez adjudicados los contratos. Mientras tanto, en las comunidades migrantes crece la sensación de que, además de enfrentar controles en sus vecindarios, ahora sus interacciones digitales también estarán bajo la lupa de las autoridades.
