El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó sus operativos en Washington D. C. a través de una nueva estrategia: las detenciones derivadas de infracciones de tránsito. Después de la orden de la Administración Trump en agosto, se ha mejorado la seguridad en la capital. Las autoridades han creado formas de cooperación entre los agentes federales y la policía local.
La medida es parte de una intervención más grande. Incluyó el despliegue temporal de la Guardia Nacional. También hubo un control operativo sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD). El objetivo, según explicó la Casa Blanca, es “restablecer el orden y la seguridad pública en la región”. Sin embargo, grupos de derechos civiles y comunidades de inmigrantes denuncian que las nuevas tácticas exponen a miles de personas con estatus irregular a un alto riesgo de detención.
Una orden que amplía la colaboración con ICE
Poco después del anuncio federal, el MPD emitió una orden ejecutiva que permite a los oficiales compartir información con ICE, incluso durante inspecciones rutinarias de tráfico. El documento autoriza a los agentes locales a notificar al servicio de inmigración sobre personas en situación irregular, aunque no estén arrestadas.
“Los miembros pueden asistir a agentes federales al compartir información sobre personas que no están bajo custodia del MPD”, señala textualmente la orden. A partir de entonces, los controles se incrementaron en avenidas principales y zonas residenciales, especialmente durante las noches y el fin de semana.
Según registros de prensa, los agentes operan con vehículos no identificados y ropa de civil. En algunas intersecciones, los conductores deben mostrar su licencia y documentación sin haber cometido infracciones aparentes. Estas acciones, rechazadas por organizaciones comunitarias, han derivado en protestas frente a restaurantes y parques donde se detectan los operativos.
Detenciones que dividen a la comunidad
Uno de los afectados por estos controles fue Aaron, un hondureño de 41 años que vivía con su familia en el área metropolitana de D. C. Según relató, fue detenido después de no frenar completamente en una intersección. Los oficiales verificaron que no tenía estatus migratorio regular y lo trasladaron a un centro de detención del ICE en Virginia.
“Estoy destrozado, completamente destrozado. Me cambiaron la vida para siempre”, dijo en una entrevista reciente. Casos como el suyo se han multiplicado desde septiembre, cuando los agentes comenzaron a actuar de manera conjunta con las autoridades locales.
Expertos consultados por CNN y organismos de derechos humanos advierten que estas tácticas representan un cambio drástico respecto a las políticas de coordinación entre fuerzas locales y federales. “Los agentes están utilizando tránsitos menores como una excusa para identificar personas sin papeles”, señaló un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional.
Críticas a la escalada en las operaciones migratorias
Los operativos no se limitan a Washington. En Chicago, un patrullaje de la Patrulla Fronteriza derivó en una colisión entre dos vehículos, uno de ellos conducido por un migrante, lo que generó caos y enfrentamientos entre agentes y vecinos. Testigos reportaron el uso de gas lacrimógeno por parte de las autoridades, lo que alimentó la indignación en la comunidad.
“No hay ninguna razón para que este tipo de caos se produzca en nuestras comunidades, poniendo en riesgo a la gente y exacerbando el miedo”, declaró Beatriz Ponce de León, vicealcaldesa para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Chicago.
Estas acciones reflejan una tendencia nacional: el uso de operativos fronterizos dentro de ciudades santuario. En varios estados, como Illinois y California, las autoridades locales han protestado por la creciente intervención de ICE en las labores de la policía municipal, mientras el Gobierno federal defiende los resultados obtenidos en materia de seguridad interior.
ICE apunta a su meta de deportaciones diarias
De acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, la presión sobre los agentes federales se ha intensificado. La Administración Trump mantiene como objetivo alcanzar las 3,000 deportaciones diarias, una cifra que implica operativos más agresivos y frecuentes.
Estas metas llevaron a ICE a rediseñar su estructura de vigilancia y a ampliar las colaboraciones con fuerzas estatales para detectar a inmigrantes durante situaciones comunes, como multas de tráfico o verificaciones de identidad. El organismo sostiene que estas medidas son parte de un “enfoque más eficiente” en la aplicación de la ley migratoria.
Aunque las autoridades federales aseguran que los controles buscan garantizar la seguridad pública, defensores de derechos humanos insisten en que la estrategia genera un ambiente de miedo y desconfianza. Organizaciones como la American Immigration Lawyers Association afirman que las familias inmigrantes ahora evitan salir de casa por temor a ser detenidas incluso en una parada de tráfico.
El clima de tensión se extiende entre los residentes y autoridades locales, mientras Washington D. C. se convierte en laboratorio de las nuevas políticas fronterizas impulsadas desde la Casa Blanca.
