La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de violar una orden judicial federal que prohíbe las redadas indiscriminadas contra inmigrantes en el sur de California. La denuncia, que ha generado revuelo en la ciudad, pone en el centro del debate las tácticas agresivas de las autoridades migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump.
Una redada en Westlake bajo escrutinio
El miércoles 6 de agosto, agentes federales habrían realizado una redada en el área de una tienda Home Depot en el barrio de Westlake, deteniendo a varias personas, según reportes locales. Bass señaló un video difundido en redes sociales que muestra a agentes, aparentemente de ICE, utilizando un camión de alquiler de la empresa Penske para ejecutar la operación a las 6:40 a.m. “Estas tácticas enmascaradas y discriminatorias son peligrosas y antiamericanas”, afirmó la alcaldesa en un comunicado. La operación, bautizada “Caballo de Troya” por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), resultó en la detención de 16 inmigrantes indocumentados de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua, según funcionarios federales.
Por su parte, Penske emitió un comunicado condenando el uso no autorizado de sus vehículos. “Prohibimos estrictamente el transporte de personas en nuestras áreas de carga. No autorizamos esta operación y contactaremos al DHS para reforzar nuestras políticas”, señaló la empresa. La respuesta del DHS, que incluyó una publicación en redes sociales criticando a Penske por presunta hipocresía, fue eliminada horas después, pero no sin antes avivar la controversia.
Un fallo judicial ignorado
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó el 1 de agosto una orden de restricción temporal emitida por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong el 11 de julio. Esta orden prohíbe a ICE realizar detenciones en Los Ángeles y siete condados circundantes sin “sospecha razonable” de violaciones migratorias, y veta el uso de criterios como raza, idioma o lugar de trabajo para justificar arrestos. Bass calificó el fallo como una defensa contra la “discriminación racial” y acusó a ICE de desafiarlo con sus recientes operativos. “El tribunal dejó claro que es inconstitucional secuestrar a personas por su apariencia o lugar de trabajo”, afirmó.
Sin embargo, el fiscal federal interino Bill Essayli insinuó que las redadas podrían intensificarse. “La aplicación de la ley migratoria no es negociable, y no hay refugios que escapen al control federal”, declaró. Esta postura ha generado preocupación entre activistas y funcionarios locales, quienes temen que ICE continúe ignorando las restricciones judiciales.
Reacciones de la comunidad y organizaciones
La presunta redada en Westlake desató críticas de organizaciones como el sindicato United Farm Workers, que expresó “serias preocupaciones” sobre una posible violación de la orden judicial. “Necesitamos más investigación, pero estas acciones podrían ser ilegales”, señaló el sindicato en redes sociales. Grupos de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lideró la demanda contra ICE en julio, celebraron el fallo del Noveno Circuito como “una victoria contra la invasión paramilitar de Los Ángeles”. Mohammad Tajsar, abogado de la ACLU, afirmó que las tácticas de ICE han causado “daños irreparables” en la región.
Por otro lado, la alcaldesa Bass anunció medidas para proteger a las comunidades inmigrantes, incluyendo una directiva ejecutiva del 10 de julio que refuerza el estatus de “ciudad santuario” de Los Ángeles. La orden prohíbe el uso de recursos municipales para apoyar operativos migratorios y exige planes de preparación a los departamentos de la ciudad. Bass también solicitó registros federales sobre las redadas mediante una petición de la Ley de Libertad de Información.
Impacto en la comunidad inmigrante
Las redadas, que comenzaron el 6 de junio, han generado temor en los barrios latinos de Los Ángeles, donde cerca del 30% de la población es de origen hispano, según la Oficina del Censo. Residentes reportan haber evitado lugares públicos como paradas de autobús y centros comerciales por miedo a ser detenidos. La presencia de agentes enmascarados y vehículos militarizados, como los desplegados en MacArthur Park en julio, ha intensificado estas tensiones. Mientras la ciudad evalúa acciones legales adicionales, la disputa entre Bass y las autoridades federales subraya la profunda división en torno a las políticas migratorias de Trump, dejando a las comunidades inmigrantes en un estado de incertidumbre.
