El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta críticas de alguaciles en Utah, quienes denuncian que la agencia federal está “robando” a sus oficiales con atractivas ofertas de empleo. Estas incluyen bonos de hasta 50,000 dólares, lo que ha generado tensiones en los condados que recientemente firmaron acuerdos para colaborar con ICE en la aplicación de leyes migratorias.
Una oferta difícil de rechazar
En un esfuerzo por reforzar sus filas, ICE lanzó una campaña de reclutamiento a nivel nacional, respaldada por una multimillonaria financiación aprobada en el “One Big Beautiful Bill” firmado por el presidente Donald Trump. La iniciativa busca contratar oficiales de deportación y agentes especiales para combatir la inmigración irregular, enfocándose en individuos que representen amenazas a la seguridad pública, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, la estrategia ha generado malestar entre los alguaciles de Utah, quienes reportan que sus departamentos están perdiendo personal debido a los incentivos ofrecidos.
Por ejemplo, el sheriff del condado de Kane, Tracy Glover, presidente de la Asociación de Sheriffs de Utah, calificó la táctica de ICE como “una falta de clase”. En una entrevista con un medio local, Glover explicó que sus oficiales han recibido correos electrónicos directos de ICE ofreciendo un bono de 50,000 dólares por firmar, además de beneficios como condonación de préstamos estudiantiles y horas extra ilimitadas. “¿Cómo puede un departamento local competir con eso?”, cuestionó, señalando que al menos 10 oficiales del condado de Washington recibieron estas ofertas.
Un acuerdo traicionado
La molestia de los alguaciles se intensifica porque varios condados de Utah, como Beaver, Sanpete, Tooele, Washington y Weber, firmaron recientemente acuerdos 287(g) con ICE. Estos pactos permiten a los departamentos locales asistir en operativos migratorios, compartir datos y ejecutar órdenes administrativas bajo supervisión federal. Según el sheriff del condado de Utah, Mike Smith, la colaboración buscaba transparencia y coordinación, pero las acciones de ICE han puesto en duda esta relación. “Si este es el nivel de respeto que recibimos del gobierno federal, cuestiono nuestra participación en el programa”, afirmó Smith.
Por su parte, los alguaciles argumentan que las ofertas de ICE no solo afectan la moral de los departamentos, sino también la seguridad pública. La pérdida de oficiales experimentados podría generar retrasos en la respuesta policial y comprometer la vigilancia en comunidades rurales, donde los departamentos ya enfrentan escasez de personal. En 2024, Utah tenía aproximadamente 4,410 oficiales de policía y sheriffs para una población de 3.4 millones, según datos del Departamento de Trabajo.
Los incentivos de ICE
Mientras tanto, ICE defiende su campaña de reclutamiento como una respuesta a la “crisis migratoria” heredada de administraciones anteriores. Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur y figura clave en la estrategia migratoria de Trump, destacó en un comunicado que los fondos del “One Big Beautiful Bill” permiten contratar a 10,000 nuevos agentes. Entre los incentivos ofrecidos están un bono de firma de hasta 50,000 dólares, pago por disponibilidad del 25% para agentes especiales, beneficios de jubilación mejorados y un programa de bienestar que incluye acceso a gimnasios y asistencia para empleados.
Además, ICE eliminó el límite de edad para nuevos solicitantes, ampliando el grupo de candidatos elegibles. Las vacantes, publicadas en USAJOBS, incluyen puestos en Salt Lake City, donde se buscan oficiales de deportación y analistas forenses con salarios que oscilan entre 45,704 y 108,699 dólares anuales, según el nivel de experiencia.
Preocupaciones locales y nacionales
A pesar de los beneficios, la estrategia de ICE ha generado críticas más allá de Utah. En New Hampshire, el sheriff del condado de Belknap, William Wright, expresó que, aunque no ofrece bonos, confía en que su personal priorice la estabilidad local sobre los incentivos federales. Por otro lado, organizaciones comunitarias como Salt Lake Indivisible advierten que los acuerdos 287(g) desvían recursos locales de la seguridad pública hacia tareas migratorias, erosionando la confianza en la policía.
Mientras ICE intensifica su reclutamiento, los alguaciles de Utah exigen mayor respeto y coordinación. La tensión refleja un desafío más amplio: equilibrar las prioridades federales con las necesidades de las comunidades locales, en un contexto donde la inmigración sigue siendo un tema divisivo.
