Milton Guamarriga, un ecuatoriano de 43 años, bombero voluntario y padre de familia en Port Chester, Nueva York, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras salía de su casa para ir a trabajar. Su arresto, parte de una ola de operativos migratorios en 2025, ha desatado indignación en Westchester County y reavivado el debate sobre las tácticas de ICE bajo la administración del presidente Donald Trump. La familia de Guamarriga lucha por su liberación, mientras la comunidad exige transparencia y reformas.
Un arresto que conmociona a Port Chester
El 31 de julio de 2025, agentes de ICE irrumpieron en un vecindario de Port Chester y detuvieron a Guamarriga, un trabajador de la construcción y bombero voluntario, cuando se dirigía a su empleo como instalador de mármol. Según su esposa, Rosa Zhagui, los agentes esposaron a Milton frente a su hogar, sin permitirle despedirse. “Desde que nos conocimos en Ecuador, a los 15 años, nunca nos habíamos separado”, dijo Zhagui a ABC News, entre lágrimas. La familia asegura que Guamarriga, quien cruzó la frontera ilegalmente a los 15 años, ha vivido en EE.UU. por casi tres décadas sin antecedentes penales y estaba solicitando la ciudadanía.
Por su parte, Joselyn Guamarriga, hija del detenido, expresó el dolor de la familia. “Mi hermana menor, de ocho años, pregunta por él todas las noches. Le decimos que está de viaje, pero es duro no desmoronarse”, relató. Actualmente, Milton está recluido en el Centro Correccional del Condado de Calhoun, Michigan, a más de 600 millas de su hogar. La familia ha recaudado casi 5,000 dólares a través de una campaña en GoFundMe para cubrir costos legales, pero enfrenta un proceso “abrumador y costoso”.
Una ola de detenciones en Nueva York
El caso de Guamarriga no es aislado. Datos de la Universidad de California en Berkeley indican que, de enero a junio de 2025, ICE arrestó a más de 4,600 personas en el área metropolitana de Nueva York, desde Newark hasta Long Island. Más de la mitad de los detenidos no tenían antecedentes penales, según un análisis de The Guardian, lo que contradice las afirmaciones de la administración Trump de priorizar a “criminales violentos”. En muchos casos, los arrestos ocurren durante citas obligatorias en tribunales migratorios o en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva en Manhattan.
Además, las condiciones en los centros de detención han generado alarma. En el edificio de 26 Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, migrantes han denunciado hacinamiento, falta de duchas y alimentos escasos. Un video obtenido por la Coalición de Inmigración de Nueva York mostró a decenas de personas durmiendo en el suelo, a pesar de que ICE niega que el lugar sea un centro de detención. La congresista Nydia Velázquez calificó las condiciones como “inhumanas” y exigió acceso para supervisión, pero ICE lo denegó, citando que no es un sitio de reclusión formal.
Críticas y resistencia comunitaria
La detención de Guamarriga ha movilizado a la comunidad de Westchester. El 16 de agosto, la familia organizará un evento de recaudación de fondos con barbacoa y juegos en Port Chester para apoyar su defensa legal. “Milton es un padre amoroso y un hombre trabajador que siempre puso a su familia primero”, escribió Joselyn en GoFundMe. La comunidad también ha cuestionado las tácticas de ICE, especialmente tras casos similares, como el de Sara López García, una estudiante colombiana arrestada en Long Island junto a su madre, a pesar de no tener antecedentes.
En consecuencia, legisladores demócratas han intensificado sus esfuerzos de supervisión. En junio, los congresistas Dan Goldman y Jerrold Nadler fueron bloqueados al intentar inspeccionar el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, mientras el contralor Brad Lander fue arrestado durante una protesta en el mismo edificio. La ACLU y otras organizaciones han presentado demandas colectivas, argumentando que los arrestos en tribunales migratorios violan el debido proceso.
Un sistema bajo escrutinio
El aumento de detenciones, que superó las 56,000 a nivel nacional en julio, según datos de ICE, ha saturado los centros de detención, generando críticas por condiciones insalubres y falta de acceso legal. En Nueva York, donde el 37% de la población es inmigrante según el Censo de 2020, los operativos han generado temor. “La gente tiene miedo de salir de casa”, dijo Fernando García, del Border Network for Human Rights. Mientras tanto, el agente especial de ICE John Varrone defendió los operativos, afirmando que persiguen a quienes “no quieren ser encontrados”.
La familia de Guamarriga espera que su caso inspire cambios en las políticas migratorias, mientras lucha por su regreso. La comunidad de Port Chester, unida, sigue apoyando al bombero que sirvió desinteresadamente durante años.
