La administración del presidente Donald Trump ha implementado una nueva política que exige a los padres de niños migrantes no acompañados someterse a entrevistas con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para reunirse con sus hijos en Estados Unidos. Esta directiva, emitida el 9 de julio de 2025, ha generado controversia, con grupos de defensa legal reportando detenciones de padres y prolongados tiempos de custodia para los menores. La medida, destinada a fortalecer la verificación de patrocinadores, está afectando a familias que buscan desesperadamente reunificarse.
Nuevos requisitos para la reunificación
Según un memorando de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los patrocinadores —generalmente padres o tutores legales— ahora deben presentarse en persona para verificar su identidad. Anteriormente, bastaba con enviar documentos en línea. Sin embargo, la directiva permite la presencia de agentes de ICE durante estas entrevistas, lo que, según defensores, crea un ambiente intimidante. “Esto da a ICE una oportunidad adicional para arrestar a los padres”, afirmó Neha Desai, directora de derechos humanos del Centro Nacional de Derecho Juvenil, quien confirmó casos de detenciones.
En julio de 2025, aproximadamente 2,000 niños no acompañados permanecían bajo custodia gubernamental, con un promedio de 171 días en refugios, un aumento significativo desde los 37 días de enero, según datos del Centro Acacia para la Justicia. Shaina Aber, directora ejecutiva del centro, atribuye estos retrasos a las nuevas políticas, que han “enredado” la misión de la ORR, enfocándola más en la aplicación de leyes migratorias que en la protección infantil.
Detenciones y miedo entre las familias
Grupos de defensa como el Centro para los Derechos de los Niños Inmigrantes han denunciado casos alarmantes. Mary Miller Flowers, directora de política del centro, relató el caso de un padre arrestado tras presentarse a una verificación de identidad, dejando a su hijo menor de 12 años en custodia. “La madre está aterrorizada de presentarse, y el niño sigue atrapado”, explicó. Estas detenciones han generado temor entre los patrocinadores, muchos de los cuales, según Desai, están dispuestos a arriesgarse por reunirse con sus hijos, pero enfrentan incertidumbre sobre las consecuencias.
Pese a todo, la ORR asegura que los padres pueden negarse a las entrevistas con ICE sin afectar la liberación de sus hijos. La agencia afirma que su objetivo es garantizar entornos seguros para los menores, verificando exhaustivamente a los patrocinadores. Sin embargo, Desai señaló que algunos padres no fueron notificados de esta opción, lo que pone en duda la transparencia del proceso.
Cambios adicionales en la verificación
La directiva de julio es parte de una serie de medidas más estrictas implementadas por la administración Trump. Estas incluyen la exigencia de huellas dactilares de todos los adultos en el hogar del patrocinador, pruebas de ADN, visitas domiciliarias y documentos de identidad o ingresos que solo residentes legales pueden obtener. En consecuencia, los tiempos de custodia han aumentado, alcanzando un pico de 217 días en abril antes de descender ligeramente en julio.
Además, una directiva separada del 2 de julio permite a ICE entrevistar directamente a los niños en refugios gubernamentales. Según Jennifer Podkul, jefa de política global de Kids in Need of Defense, muchos agentes carecen de habilidades lingüísticas o técnicas para entrevistas sensibles al trauma, lo que confunde a los menores. “A veces, los niños no entienden el propósito de estas entrevistas o son engañados”, afirmó.
Críticas a la política migratoria
La administración Trump ha defendido estas medidas, argumentando que buscan proteger a los niños de entornos inseguros, en contraste con las políticas de la administración anterior. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, destacó que las verificaciones actuales abordan fallos previos en la supervisión de hogares. Sin embargo, defensores como Podkul sostienen que estas políticas parecen diseñadas para expandir la red de aplicación migratoria, afectando tanto a padres como a menores.
Mientras las familias enfrentan estos nuevos obstáculos, la comunidad de defensores continúa abogando por procesos más humanos. La situación sigue evolucionando, con miles de niños no acompañados y sus familias atrapados en un sistema cada vez más restrictivo.
