Una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estacionamiento de un Home Depot en Westlake, Los Ángeles, el 28 de agosto de 2025, dejó ocho personas detenidas y desató protestas por el uso de gas lacrimógeno y balas de goma. La operación, la cuarta en esta tienda desde junio, ha intensificado las críticas contra las tácticas de la administración del presidente Donald Trump en su campaña de deportaciones masivas. Activistas y autoridades locales denuncian posibles violaciones a una orden judicial que prohíbe el perfilamiento racial, mientras la comunidad latina vive bajo creciente temor.
Una mañana de caos en Westlake
Alrededor de las 7 de la mañana, agentes de la Patrulla Fronteriza irrumpieron en el estacionamiento del Home Depot en Wilshire Boulevard, cerca de MacArthur Park, un punto frecuentado por jornaleros en busca de trabajo. Videos de vigilancia captaron a agentes usando gas lacrimógeno y disparando balas de goma contra personas que intentaban huir. Un hombre, inmovilizado en el suelo, fue golpeado en el rostro por un agente, según la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (LARRN). “Fue un acto de terror indiscriminado contra vendedores y trabajadores latinos”, afirmó LARRN en un comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que tres de los detenidos tenían antecedentes penales, incluyendo hurto mayor y posesión de sustancias controladas, mientras que otro enfrentaba una orden de deportación.
Por ejemplo, Zoie Matthew, de la Unión de Inquilinos de Koreatown, describió cómo los agentes rodearon la entrada en Union Drive, frente al Centro de Jornaleros CARECEN, deteniendo a entre 8 y 15 personas, incluidos vendedores ambulantes. La operación, según testigos, generó pánico, con niños y transeúntes afectados por el gas lacrimógeno mientras se dirigían a la escuela o al trabajo.
Acusaciones de abuso y violaciones legales
La redada ha reavivado las críticas contra ICE por posibles violaciones de una orden de restricción temporal (TRO) emitida el 11 de julio de 2025 por un juez federal, que prohíbe detener a personas basándose en su raza, idioma o lugar de trabajo. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la operación como una “clara violación” de la TRO y ordenó al fiscal municipal investigar. “Arrestar a personas que solo intentan trabajar no hace a nadie más seguro”, afirmó Bass el viernes. Organizaciones como CHIRLA denuncian que el uso de fuerza excesiva y la falta de órdenes judiciales constituyen un patrón de abuso contra la comunidad latina.
Además, el “zar de la frontera” Tom Homan anunció el mismo jueves un aumento de redadas en ciudades santuario como Los Ángeles, argumentando que el 70% de los arrestos de ICE se dirigen a “delincuentes”. Sin embargo, activistas como Tony Carfello, de la Unión de Inquilinos de Los Ángeles, sostienen que las redadas afectan principalmente a trabajadores humildes, no a criminales, y acusan a Home Depot de no hacer lo suficiente para proteger a los jornaleros en sus estacionamientos.
Una comunidad bajo presión
La serie de redadas en Home Depot, que comenzó el 6 de junio con la infame “Operación Caballo de Troya” usando un camión Penske, ha transformado los estacionamientos en zonas de miedo. Desde entonces, al menos 37 personas han sido detenidas en redadas en Westlake, Hollywood y Cypress Park, según datos del DHS. La comunidad latina, que representa el 48% de la población de Los Ángeles, según el Censo de 2020, enfrenta un clima de inseguridad. “La gente tose, los ojos arden, solo quieren trabajar”, relató un testigo a L.A. TACO. El impacto económico es notable: los negocios locales reportan una caída del 25% en ingresos desde junio, según la Cámara de Comercio de Los Ángeles.
Pese a todo, grupos como CARECEN y LARRN han intensificado patrullas comunitarias para alertar sobre la presencia de agentes. La Unión de Inquilinos planea un boicot de 24 horas a Home Depot para presionar por medidas de protección. Para recursos legales, contacte al 1-800-954-0254. Mientras las redadas continúan, Los Ángeles se mantiene en vilo, con comunidades luchando por su seguridad y dignidad frente a una política migratoria cada vez más agresiva.
