Florida sigue aplicando una ley migratoria suspendida desde abril por una jueza federal, mientras su legalidad se decide en tribunales. Agentes del orden detuvieron a dos hombres en Bradenton durante el fin de semana, acusados de ingresar al Estado en situación migratoria irregular, según el fiscal general James Uthmeier.
Aplicación continua de la ley migratoria
La ley SB 4-C, en vigor desde febrero, convierte en delito estatal la entrada irregular de inmigrantes indocumentados en Florida. A nivel federal, esta falta se trata como infracción civil, no penal. A pesar de la orden de suspensión emitida por la jueza Kathleen Williams, los cuerpos policiales mantienen operativos para capturar a personas sin documentación regularizada. Uthmeier emitió un memorando en abril defendiendo la vigencia de SB 4-C, argumentando que las autoridades locales deben hacerla cumplir hasta que los tribunales resuelvan sobre su constitucionalidad.
Desde la entrada en vigor, al menos seis individuos fueron acusados de violar la ley en junio, otros dos en julio, dos en agosto y ahora los dos detenidos en Bradenton. Aunque la jueza Williams los declaró en desacato, el fiscal general sostiene que la suspensión no impide la actuación de los agentes. Uthmeier solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar la orden judicial y elevó una petición urgente al Tribunal Supremo, que rechazó sus argumentos en junio.
Conflicto judicial y supremacía federal
El núcleo del debate radica en la supremacía federal, que otorga al Gobierno central la potestad exclusiva para legislar sobre migración. La Constitución prohíbe a los estados crear su propio régimen migratorio. La SB 4-C forma parte de un paquete de medidas impulsado por el gobernador Ron DeSantis para reforzar la política migratoria alineada con la agenda del presidente Donald Trump. Tras la demanda de la Florida Immigrant Coalition y otras organizaciones, la jueza Williams ordenó suspender la ley en julio, al considerar que vulnera la supremacía federal.
El fiscal Uthmeier afirmó que suspender la aplicación de SB 4-C dejaba indefensas a las comunidades que sufren flujos migratorios irregulares. En contraste, los defensores de los inmigrantes alegan que la implementación de la ley genera un clima de miedo y distracción a las prioridades de seguridad pública. Mientras el litigio continúa, Florida vive un choque entre autoridades estatales y la potestad federal en materia migratoria.
Casos recientes en Bradenton
En el primer caso de Bradenton, un hombre fue detenido al volante de una camioneta que transportaba equipos de jardinería y ramas de árboles. La Policía verificó que conducía con licencia suspendida y alertó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La agencia corroboró su estatus migratorio irregular y emitió una orden de detención, según informó la Associated Press.
En el segundo incidente, un conductor sufrió una avería junto a la carretera y la policía acudió al auxilio. Al no presentar licencia, los agentes contactaron a ICE, que confirmó su permanencia ilegal en Estados Unidos y ordenó su arresto. Ambos hombres fueron acusados inicialmente de la violación de SB 4-C, aunque esos cargos estatales serán retirados tras la suspensión judicial. Sin embargo, enfrentan acusaciones por conducir sin licencia, faltas que a nivel federal pueden justificar su deportación. Las dos detenciones se suman a una serie de operativos similares en otros condados de Florida, donde la aplicación de la ley migratoria suspendida ha generado denuncias por parte de organizaciones civiles y familiares de detenidos. La tensión entre el cumplimiento local y las órdenes federales marca el pulso de la disputa legal que definirá la vigencia de la SB 4-C.
Florida enfrenta así una encrucijada jurídica y política. Mientras la Corte de Apelaciones analiza los argumentos de ambas partes, la población migrante vive la incertidumbre de una ley que, aunque suspendida, continúa afectando su vida cotidiana. La batalla legal por la SB 4-C muestra el alcance y los límites de la supremacía federal y la determinación de Florida por mantener su propia política migratoria.
