Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. asestó un duro golpe a la estrategia migratoria del presidente Donald Trump al dictaminar el 2 de septiembre de 2025 que no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para deportar rápidamente a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua. Este fallo, emitido por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, marca un revés significativo para la administración y abre la puerta a una posible revisión por la Corte Suprema. A continuación, exploramos los detalles y las implicaciones de esta decisión judicial.
Un fallo que cuestiona la “invasión” de Tren de Aragua
En marzo de 2025, Trump invocó la AEA, una ley de tiempos de guerra, para justificar la deportación expedita de venezolanos, alegando que la banda Tren de Aragua representaba una “invasión depredadora” en EE.UU. Sin embargo, el panel de tres jueces del Quinto Circuito, con una votación de 2 a 1, desestimó este argumento. La jueza Leslie Southwick, nombrada por George W. Bush, y la jueza Irma Carrillo Ramírez, designada por Joe Biden, concluyeron que no hay evidencia de una “invasión o incursión depredadora” por parte de una potencia extranjera, como exige la ley. El juez Andrew Oldham, nombrado por Trump, fue el único en apoyar la postura del gobierno.
Por ejemplo, la corte señaló que “alentar la migración ilegal no equivale a enviar una fuerza armada organizada para perturbar o causar daños a EE.UU.”. Esta decisión frena las deportaciones en los estados bajo la jurisdicción del Quinto Circuito (Luisiana, Misisipi y Texas), donde se habían enviado 137 venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador hasta abril, según CBS News.
La Ley de Enemigos Extranjeros bajo escrutinio
La AEA, promulgada en 1798, permite al presidente ordenar la detención y deportación de ciudadanos de naciones “hostiles” en tiempos de guerra o ante una invasión extranjera. Históricamente, se usó en la Guerra de 1812 y durante la Segunda Guerra Mundial para internar a japoneses-estadounidenses, pero su aplicación en un contexto migratorio moderno es inédita. La corte aclaró que la migración masiva, incluso si incluye delincuencia, no cumple con los criterios de “invasión” establecidos por la ley, desafiando la narrativa de Trump sobre la amenaza de Tren de Aragua.
Además, el fallo refuerza un mandato previo de la Corte Suprema en abril, que estableció que los migrantes deben tener un “tiempo razonable” para impugnar su deportación mediante recursos como el hábeas corpus. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a los migrantes, celebró la decisión como una victoria para el estado de derecho, afirmando que “el presidente no puede declarar una emergencia militar para invocar poderes a su antojo”.
Impacto en la comunidad venezolana
La decisión afecta directamente a miles de venezolanos en EE.UU., muchos de los cuales enfrentaban la deportación sin un proceso justo. En 2024, cerca de 350,000 venezolanos estaban protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó eliminarlo, alegando mejoras en Venezuela. Un tribunal del Noveno Circuito en San Francisco bloqueó esta medida en agosto, asegurando que el TPS permanezca vigente mientras se litiga.
Por su parte, la comunidad venezolana, representada por figuras como Adelys Ferro del Venezuelan-American Caucus, ve el fallo como una defensa del debido proceso. “La justicia está por encima de cualquier ideología”, afirmó Ferro, destacando la importancia de proteger a migrantes vulnerables.
Hacia la Corte Suprema
Aunque el fallo del Quinto Circuito es vinculante en su jurisdicción, el caso probablemente llegará a la Corte Suprema, donde los jueces conservadores, tres de ellos nombrados por Trump, tienen mayoría. En mayo, la Corte Suprema mantuvo un bloqueo temporal a las deportaciones bajo la AEA, exigiendo garantías de notificación previa, pero no resolvió la legalidad de la ley en este contexto.
Mientras tanto, Trump insiste en su postura. En Truth Social, afirmó que respetar el debido proceso “permitirá que más criminales entren ilegalmente”, aunque el gobierno no ha presentado pruebas sólidas de que los deportados sean miembros de Tren de Aragua. Para más información sobre derechos migratorios, contacte a la ACLU al 1-800-225-5324. A medida que el caso avanza, la comunidad venezolana espera claridad sobre su futuro en EE.UU.
