En agosto de 2025, Estados Unidos comenzó a deportar migrantes a Ruanda bajo un nuevo acuerdo con el gobierno de Kigali, marcando un hito en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump. Siete personas llegaron al país africano a mediados de mes, según confirmó la portavoz ruandesa Yolande Makolo, mientras se espera que hasta 250 sean trasladados en los próximos meses. Este movimiento, parte de una estrategia para enviar migrantes a terceros países, ha generado debate sobre su legalidad y las condiciones de acogida en Ruanda.
Primeros deportados llegan a Kigali
El 16 de agosto, un grupo inicial de siete migrantes fue trasladado desde EE.UU. a Ruanda, según informó Makolo a la agencia EFE. De ellos, tres expresaron su deseo de regresar a sus países de origen, mientras que cuatro planean quedarse para reconstruir sus vidas. Aunque las autoridades no revelaron las nacionalidades de los deportados, una fuente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ruanda, bajo anonimato, afirmó que más de 30 personas llegaron esa misma noche, con otro grupo esperado en los días siguientes.
Por ejemplo, los migrantes fueron recibidos con apoyo de la Cruz Roja y alojados temporalmente en instalaciones de la OIM, usadas normalmente para refugiados en proceso de reasentamiento a países como Canadá o miembros de la Unión Europea. Sin embargo, la capacidad limitada de estas instalaciones plantea desafíos. “No tenemos espacio para más de 200 personas”, señaló la fuente, sugiriendo que el gobierno ruandés busca alternativas como albergues temporales en Kigali.
Un acuerdo polémico con Ruanda
El pacto, firmado en junio en Kigali, permite a Ruanda aceptar hasta 250 deportados, con la condición de aprobar cada caso individualmente, según Makolo. Los migrantes recibirán capacitación laboral, atención médica y alojamiento para integrarse a una de las economías de mayor crecimiento en África, según el Banco Mundial, que reportó un crecimiento del PIB ruandés del 8.2% en 2024. La portavoz destacó que la experiencia de desplazamiento de muchas familias ruandesas, tras el genocidio de 1994, motiva esta política de “reintegración y rehabilitación”.
Sin embargo, el acuerdo ha generado críticas. Organizaciones como Amnistía Internacional advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos, citando el historial de Ruanda bajo el presidente Paul Kagame, quien ha gobernado por 25 años. En julio, la ONU expresó preocupaciones sobre el principio de no devolución, que prohíbe enviar migrantes a países donde enfrenten persecución. El acuerdo con EE.UU. sigue a otros con Israel (2013-2018) y el Reino Unido (2022, cancelado en 2024), que enfrentaron críticas similares.
Contexto de las deportaciones de Trump
La administración Trump, que asumió el poder en enero de 2025, ha intensificado su campaña de deportaciones masivas, una promesa clave de su campaña electoral. En junio, el Tribunal Supremo de EE.UU. autorizó deportaciones a terceros países sin notificación previa, allanando el camino para acuerdos con Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini y Uganda. Desde julio, 13 migrantes fueron enviados a Sudán del Sur y Esuatini, incluyendo personas de Cuba, México y Vietnam, según el Departamento de Seguridad Nacional. En Esuatini, los deportados enfrentan confinamiento solitario sin acceso a abogados, según reportes de la AP.
Además, el presupuesto migratorio de EE.UU. se ha disparado. La ley de inmigración de julio destinó 45,000 millones de dólares a centros de detención y 4,100 millones para contratar personal de ICE, según el Congreso. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó estas medidas como necesarias para “proteger las fronteras”, aunque activistas critican la falta de debido proceso.
Reacciones y desafíos
La comunidad internacional observa con atención. La ONU, que colabora con Ruanda para albergar a 2,400 refugiados de Libia desde 2019, aclaró que no apoya deportaciones, aunque está evaluando las necesidades de los recién llegados. En EE.UU., la ACLU presentó una demanda en Boston cuestionando la legalidad de estas expulsiones rápidas. Mientras tanto, en Ruanda, la oposición denuncia que el acuerdo fortalece la imagen de Kagame como aliado de Occidente, a cambio de posibles beneficios económicos no revelados.
Pese a todo, la llegada de más deportados es inminente. Las autoridades ruandesas preparan un centro de tránsito en Gashora, con capacidad para 700 personas, para aliviar la presión sobre las instalaciones de la OIM. Para información sobre derechos migratorios, la línea de la Red Nacional de Jornaleros es 888-839-8682.
