La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su campaña de deportaciones, enviando a miles de migrantes a terceros países que no son sus lugares de origen. Esta estrategia, respaldada por una reciente decisión del Tribunal Supremo, ha permitido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acelerar la expulsión de personas, incluso a naciones con historiales cuestionables en derechos humanos. Hasta agosto de 2025, al menos nueve países, principalmente en África y América Latina, han aceptado recibir a estos deportados, mientras que decenas más están en negociaciones.
Una red global de destinos
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha priorizado lo que describe como “la mayor operación de deportación en la historia de EE.UU.”. Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 140,000 personas han sido deportadas en 2025, muchas a terceros países como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, México, Sudán del Sur, Eswatini, Ruanda y Uzbekistán. Por ejemplo, en marzo, El Salvador recibió a 200 venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, a cambio de 5 millones de dólares. Estos fueron posteriormente intercambiados por presos estadounidenses en Venezuela.
Además, países como Costa Rica y Panamá han acogido a cientos de migrantes de Asia y África. En febrero, Costa Rica recibió a 200 deportados, incluyendo ciudadanos de China, India y Nepal, mientras que Panamá aceptó a 119 personas de países como Afganistán, Irán y Camerún. Estas operaciones, según el Departamento de Estado, buscan disuadir la migración irregular enviando a los deportados a lugares lejanos donde enfrentan condiciones inciertas.
África: un nuevo foco de deportaciones
En África, tres países han firmado acuerdos para recibir deportados. Sudán del Sur, a pesar de su crisis humanitaria y violencia persistente, aceptó a ocho hombres de Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam en julio, tras una detención temporal en una base militar en Yibuti. Eswatini, una monarquía absoluta gobernada por el rey Mswati III, recibió a cinco migrantes de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos, quienes permanecen en aislamiento en prisiones de máxima seguridad. Ruanda, por su parte, acordó recibir hasta 250 deportados, ofreciendo capacitación laboral y alojamiento, aunque su historial de represión política genera dudas.
Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han criticado estas decisiones, señalando que países como Eswatini y Sudán del Sur tienen antecedentes de abusos, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Un informe del Departamento de Estado de 2023 documentó “asesinatos arbitrarios” y “condiciones carcelarias inhumanas” en Eswatini, lo que pone en riesgo a los deportados.
Negociaciones secretas y presiones diplomáticas
El gobierno de Trump ha contactado a al menos 58 países, incluyendo Marruecos, Túnez, Togo, Mauritania, Tayikistán, Turkmenistán y Libia, para negociar acuerdos de deportación. Estas conversaciones, a menudo confidenciales, involucran incentivos económicos, intercambios de prisioneros o amenazas de sanciones y restricciones de visas. Por ejemplo, Kosovo aceptó recibir hasta 50 deportados a cambio de apoyo diplomático para su reconocimiento internacional. En contraste, Angola y Nigeria han rechazado participar, con el ministro nigeriano Yusuf Tuggar declarando que su país “ya tiene suficientes problemas”.
Por otro lado, la decisión del Tribunal Supremo en junio de 2025 levantó restricciones previas, permitiendo deportaciones con notificaciones mínimas, a veces de solo seis horas. Esto ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que los migrantes son enviados a países sin vínculos culturales o legales, enfrentando riesgos de detención prolongada o tortura. “Es una estrategia para infundir miedo y fomentar la autodeportación”, afirmó Michelle Mittelstadt, del Migration Policy Institute.
Críticas y desafíos legales
La política de deportaciones a terceros países ha enfrentado resistencia. En mayo, el juez federal Brian Murphy bloqueó temporalmente un vuelo a Sudán del Sur, argumentando violaciones al debido proceso. Aunque el Tribunal Supremo revirtió esta orden, el caso sigue en litigio, con expertos como Nicolas Palazzo de HIAS señalando que países como Libia, en conflicto desde 2011, no garantizan las protecciones requeridas por el derecho internacional. La Convención contra la Tortura, ratificada por EE.UU., prohíbe enviar personas a lugares donde puedan enfrentar abusos, pero los críticos aseguran que estas normas se están ignorando.
A medida que EE.UU. expande su red de terceros países, las comunidades migrantes viven con temor. En estados como California y Texas, las redadas de ICE han aumentado, afectando sectores como la agricultura y la construcción. Mientras tanto, la falta de transparencia en los acuerdos y las condiciones de los deportados siguen generando un intenso debate sobre los costos humanos de esta política.
