La detención de Dayra, una niña de 6 años, junto a su madre Martha y su hermano Manuel de 19 años, por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, ha desatado una ola de protestas en Queens y críticas a las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump. El arresto ocurrió el 12 de agosto de 2025 tras una visita de rutina a la corte de inmigración en 26 Federal Plaza, en Manhattan. La familia ecuatoriana, que buscaba asilo huyendo de la violencia, fue separada: Martha y Dayra fueron enviadas a un centro de detención en Dilley, Texas, mientras Manuel está retenido en Newark, Nueva Jersey. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los tres ingresaron ilegalmente en diciembre de 2022 y recibieron órdenes de deportación.
Indignación en Queens por la separación familiar
La comunidad de Jackson Heights y Elmhurst, donde vive la familia, se ha movilizado contra lo que califican como una acción “cruel”. Shekar Krishnan, concejal demócrata, expresó su consternación: “Es inaceptable que ICE detenga y separe a una familia con una niña de 6 años que debería estar comprando útiles escolares”. Dayra, estudiante de la Escuela de Soñadores José Peralta (PS 89), es la cuarta alumna de escuelas públicas de Nueva York detenida por ICE este año, según activistas. Las protestas del sábado frente al edificio federal reunieron a 200 personas, exigiendo la liberación de la familia y el fin de las redadas en cortes migratorias.
Por lo tanto, los líderes locales han intensificado sus esfuerzos. La oficina de Krishnan colabora con organizaciones como Mi Tlalli y la New York Immigration Coalition para brindar apoyo legal. “Estas detenciones siembran terror en nuestras comunidades”, afirmó Krishnan, destacando que el 60% de los residentes de Jackson Heights son inmigrantes, según el Censo de EE.UU. Las escuelas públicas de Nueva York, que no rastrean el estatus migratorio, han asegurado que conectarán a las familias afectadas con recursos legales, según la canciller Melissa Aviles-Ramos.
Políticas migratorias bajo escrutinio
La detención de Dayra se enmarca en una agresiva campaña de ICE que busca deportar a 3,000 personas diarias, según el “zar de la frontera” Tom Homan. Sin embargo, datos internos de ICE revelan que solo el 6% de los detenidos en 2025 tenían condenas por delitos graves como agresión sexual o homicidio, mientras que el 48% no tiene antecedentes penales. Esta práctica ha sido criticada por violar una orden judicial de julio de 2025 que prohíbe detenciones basadas en raza o etnia, según la ACLU. En mayo, una madre hondureña y sus hijos, incluido un niño de 6 años con leucemia, demandaron a la administración Trump por arrestos similares en Los Ángeles, marcando la primera impugnación legal a estas tácticas.
En consecuencia, las organizaciones de derechos humanos han denunciado los efectos devastadores de estas políticas. Un estudio del Consejo Americano de Inmigración de 2021 señala que la detención de menores puede causar traumas psicológicos a largo plazo, afectando su desarrollo. Además, un informe de Harvard de 2024 documentó daños físicos y mentales en niños detenidos debido a atención médica inadecuada. En Dilley, donde están Martha y Dayra, las condiciones han sido criticadas, con reportes de hacinamiento y acceso limitado a servicios básicos.
Respuesta de la administración y protestas
El DHS defiende las detenciones, afirmando que la familia tenía órdenes de deportación tras agotar su proceso legal. La portavoz Tricia McLaughlin negó acusaciones de negligencia, asegurando que los detenidos reciben atención médica. Sin embargo, activistas como Mariposa Benitez, de Mi Tlalli, sostienen que la separación familiar es “inhumana” y tendrá un impacto duradero en la salud mental de Dayra y Manuel, un recién graduado de secundaria. Las protestas se intensificaron el miércoles, con 23 arrestos tras enfrentamientos con la policía en Foley Square, según el NYPD.
Pese a todo, la ciudad de Nueva York, bajo el liderazgo del alcalde Eric Adams, mantiene su estatus de “ciudad santuario” y no colabora con ICE en operativos civiles. Adams expresó preocupación por el “efecto paralizante” de estas detenciones en comunidades inmigrantes, instando a los afectados a contactar la línea de apoyo legal al 800-354-0365. Mientras tanto, el senador Chuck Schumer y la congresista Nydia Velázquez han exigido que ICE priorice a criminales y no a familias que cumplen con los procesos legales. La administración Trump, que busca deportar a 2.5 millones de personas en 2025, enfrenta crecientes demandas legales y resistencia comunitaria en Nueva York y otras ciudades.
