La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con una medida que impone multas de hasta $998 diarios a inmigrantes con órdenes de deportación que permanezcan en EE.UU. Esta estrategia, que suma más de $6,100 millones en sanciones, busca presionar a unos 1.4 millones de personas para que opten por la autodeportación. Con amenazas de demandas, embargos y cobradores de deudas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están transformando la presión migratoria en una carga financiera. A continuación, detallamos cómo funciona esta política y sus implicaciones.
Multas millonarias para presionar a inmigrantes
Desde abril de 2025, ICE ha emitido multas que pueden alcanzar los $998 por día a inmigrantes que no han cumplido con órdenes de deportación, según un informe de Reuters. Estas sanciones, basadas en una ley de 1996 reactivada por Trump, se aplican retroactivamente hasta por cinco años, lo que podría generar deudas de más de $1 millón para algunos. Por ejemplo, una madre de cuatro hijos en el Bronx enfrenta una multa de $1.8 millones por no presentarse a una audiencia migratoria en 2013, según The Financial Express.
Por su parte, el DHS ofrece un incentivo: quienes se autodeporten reciben una “bonificación de salida” de $1,000 y la condonación de la multa. Sin embargo, las multas impagadas acumulan intereses del 5% anual, más un 32% en tarifas administrativas, lo que las hace prácticamente impagables para trabajadores de bajos ingresos. “No se trata de recaudar, sino de intimidar”, afirmó Edward Cuccia, abogado de inmigración, en un reporte del Wall Street Journal.
Una táctica para acelerar deportaciones
La estrategia forma parte de la promesa de Trump de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia de EE.UU., respaldada por $170,000 millones aprobados por el Congreso en julio de 2025, según el American Immigration Council. Además de aumentar los arrestos (66,463 en los primeros 100 días de 2025, según ICE), el gobierno busca que las multas empujen a los inmigrantes a dejar el país voluntariamente. La aplicación CBP Home, antes CBP One, permite a los inmigrantes notificar su salida para evitar sanciones.
Sin embargo, críticos como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) denuncian que estas multas violan la Octava Enmienda por ser excesivas y discriminatorias. También argumentan que el proceso, manejado exclusivamente por el DHS, limita el derecho al debido proceso al reducir las opciones de apelación. En junio de 2025, ICE reportó que de 10,000 notificaciones de multas emitidas, solo 100 han sido apeladas, según el Federal Register.
Impacto en inmigrantes y la economía
Muchos de los afectados son trabajadores esenciales en sectores como la construcción, la agricultura y la hostelería, donde los salarios promedio rondan los $30,000 anuales, según el Migration Policy Institute. Las multas, que representan varias veces sus ingresos, podrían forzar a los inmigrantes a la clandestinidad, afectando las economías locales. Por ejemplo, estados como California y Texas, dependientes de la mano de obra indocumentada, podrían enfrentar escasez de trabajadores y alzas salariales, según un análisis de la Universidad de California.
Por otro lado, el DHS ha indicado que las multas impagadas podrían declararse como ingresos imponibles ante el IRS, una medida que expertos fiscales consideran legalmente dudosa. “Una multa no es una ganancia financiera”, señaló un analista del Tax Policy Center. Esta táctica también podría reducir la recaudación fiscal, ya que muchos inmigrantes indocumentados pagan impuestos mediante números ITIN, contribuyendo con $13,000 millones anuales, según el IRS.
Sanciones a empleadores y críticas
Además de los inmigrantes, ICE está sancionando a empleadores con multas de hasta $16,000 por trabajador indocumentado y $250,000 por “albergar” a sabiendas, según ICE. Estas medidas buscan disuadir la contratación de inmigrantes sin autorización, pero podrían afectar a pequeñas empresas que dependen de esta mano de obra. La Cámara de Comercio de EE.UU. advirtió que estas sanciones podrían generar cierres de negocios en sectores clave.
Pese a todo, la política enfrenta resistencia legal. Organizaciones como la ACLU han presentado demandas argumentando que las multas son inconstitucionales. Para más información sobre derechos migratorios, contacte al ILRC al 1-415-255-9792. Mientras las cortes evalúan estos casos, la estrategia de multas de ICE continúa generando temor en comunidades inmigrantes y transformando el panorama migratorio en EE.UU.
