Un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha encendido el debate sobre la cooperación en seguridad con México. La propuesta, que busca retener el 30% de los fondos destinados a este país hasta que se certifique su compromiso en la lucha contra el tráfico de fentanilo, refleja la creciente presión de Washington sobre su vecino del sur para abordar la crisis de opioides y el crimen organizado.
Un proyecto con condiciones estrictas
Presentado a finales de julio de 2025 por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, el proyecto de Ley de Asignaciones para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Relacionados para el año fiscal 2026 destina casi 1,900 millones de dólares a nivel global para el control de narcóticos y la aplicación de la ley. Aunque no especifica un monto exacto para México, establece que un tercio de cualquier asistencia en seguridad, gestionada a través de la Oficina de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE), estará sujeta a la aprobación del secretario de Estado, Marco Rubio.
Por lo tanto, para liberar estos fondos, México debe demostrar avances en la reducción del flujo de fentanilo hacia la frontera, el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales, el apoyo a operaciones conjuntas antinarcóticos y el intercambio de inteligencia con EE.UU. Además, se exige el cumplimiento de solicitudes de extradición de criminales buscados por las autoridades estadounidenses y un fortalecimiento de las acciones antidrogas a nivel federal y estatal.
Presión en medio de tensiones bilaterales
Pese a todo, la propuesta llega en un contexto de fricciones. En una carta enviada semanas antes a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el presidente Donald Trump afirmó: “México ha estado ayudándome a asegurar la frontera, pero no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a América del Norte en un patio de recreo del narcotráfico”. Esta declaración acompañó el anuncio de un aumento arancelario del 25% al 30% para México, aunque Trump otorgó una prórroga de 90 días tras una conversación telefónica con Sheinbaum.
En consecuencia, las amenazas arancelarias y las referencias a posibles acciones militares estadounidenses en México han generado preocupaciones sobre el futuro de la cooperación bilateral. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso destaca que, aunque Sheinbaum ha mostrado disposición para colaborar, estas presiones podrían entorpecer los esfuerzos conjuntos.
La crisis del fentanilo como telón de fondo
La iniciativa de Díaz-Balart se enmarca en la crisis de sobredosis por fentanilo en EE.UU., donde la Administración de Control de Drogas (DEA) señala que la mayoría de esta droga se produce en laboratorios clandestinos en México. En 2022, cerca de 74,000 personas murieron por sobredosis de opioides sintéticos, un récord histórico que ha intensificado las demandas de acción. Por ello, el proyecto busca garantizar que cualquier asistencia financiera a México esté vinculada a resultados verificables.
Además, la cooperación en seguridad no es un tema nuevo. Entre 2015 y 2021, México recibió un promedio de 100 millones de dólares anuales a través del INCLE, pero los montos disminuyeron a 64 millones en 2022 y 48 millones en 2023. La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2024 ya había condicionado el 15% de la asistencia a avances en derechos humanos, y ahora el enfoque se centra en el combate al narcotráfico.
Colaboración mexicana bajo escrutinio
Mientras tanto, México ha tomado medidas para demostrar su compromiso. El gobierno de Sheinbaum ha desplegado 10,000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera para disuadir el tráfico de drogas y ha entregado a 55 narcotraficantes de alto perfil a EE.UU. También ha permitido vuelos de vigilancia con drones estadounidenses, como confirmó la presidenta en febrero y agosto de 2025, tras un sobrevuelo en Tejupilco, Estado de México, para investigaciones sobre crimen organizado.
Sin embargo, el proyecto de ley, aprobado en comisiones el 25 de julio, aún debe pasar por el pleno de la Cámara de Representantes y el Senado antes de llegar al escritorio de Trump. Si se promulga, podría redefinir la relación de seguridad entre ambos países, exigiendo a México pruebas concretas de su lucha contra el fentanilo para acceder a los fondos prometidos.
