El crimen organizado mantiene un esquema de extorsión y control de precios sobre productos y servicios en al menos 10 estados de México, generando un fuerte impacto en la economía familiar y en las cadenas de distribución.
Comerciantes, transportistas, productores y locatarios han denunciado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) impone precios de artículos de la canasta básica, materiales de construcción, combustibles, bebidas alcohólicas, refrescos, útiles escolares y hasta servicios como internet.
CJNG y el control de precios en productos básicos
En Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y el Estado de México, el CJNG extorsiona a los comerciantes. Lo hace mediante un esquema que obliga a comprar mercancía. Esta mercancía está en bodegas controladas por grupos delictivos.
La extorsión y el cobro de piso elevan los precios de la canasta básica, materiales de construcción y otros servicios. Foto: X/@Diariodenarco
Los pobladores de Tierra Caliente, en Michoacán, señalan que Los Viagras y Los Blancos de Troya —grupos vinculados al CJNG— acaparan productos como refrescos, cerveza, carne y abarrotes. Los tenderos deben vender con sobreprecio para cubrir las cuotas criminales. Un habitante explicó que “si el kilo de arroz vale 20 pesos, se vende en 25; la carne de 200 pesos sube hasta 240”.
En Guerrero, grupos como Los Ardillos y Los Granados siguen el mismo patrón en la Costa Grande y el centro. Allí, los negocios deben comprar solo a proveedores que el crimen organizado aprueba.
Extorsiones del CJNG y su efecto en la economía familiar
La extorsión no se limita a alimentos. Empresarios de materiales de construcción, agua embotellada, papelería e incluso servicios digitales han denunciado que deben pagar cuotas fijas para continuar operando.
En Veracruz, dueños de carnicerías relatan que están obligados a subir precios para cubrir las “cuotas semanales”. En la Comarca Lagunera, organizaciones agrícolas y ganaderas denuncian un ambiente de “constante amenaza” que golpea a productores y consumidores.
En Oaxaca, comerciantes reportaron que deben vender cajas de mango hasta cinco veces por debajo de su valor real. Por otro lado, en Guanajuato, las tortillerías se convirtieron en uno de los principales objetivos de la extorsión, mientras que en Morelos más de la mitad de los comerciantes paga derecho de piso.
En Tamaulipas, los negocios únicamente pueden surtirse de carne, huevo y bebidas alcohólicas a través de proveedores designados por los grupos criminales. El control llega al transporte público, pues concesionarios de rutas en Cuernavaca han recibido amenazas que ponen en riesgo la continuidad del servicio.
El CJNG y la expansión del cobro de piso en México
El fenómeno se ha extendido a Tabasco y al Estado de México, donde las redes criminales no solo controlan la distribución de mercancías, sino que también insertan productos robados en los circuitos comerciales.
El Observatorio Nacional Ciudadano alertó que la extorsión y el cobro de piso se han consolidado como delitos en expansión que afectan de manera directa a negocios, productores y consumidores. Francisco Rivas, su director, advirtió que el país enfrenta un problema estructural: “fue un delito que se dejó crecer y ahora impacta a toda la economía”.
En este contexto, expertos advierten que el CJNG extorsiona a comunidades enteras al convertir la extorsión en un mecanismo paralelo de recaudación que eleva precios, reduce la competitividad y condena a pequeños negocios al cierre definitivo.
