Este sábado 27 de Septiembre, manifestantes en Iguala, Guerrero, rodearon el Palacio de Justicia y lo atacaron con bombas molotov e incendios, marcando el cierre de las protestas por los once años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los jóvenes, parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, bajaron de autobuses y exigieron justicia por el caso que conmocionó al país en 2014. Alrededor de las 16:00 horas locales, tomaron tres camionetas repartidoras y las usaron para derribar portones, mientras lanzaban cohetones al interior del edificio. Columnas de humo se elevaron sobre la zona, sin presencia inmediata de autoridades.
Este Palacio de Justicia guarda videos clave de las cámaras de seguridad que podrían esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron interceptados por policías y presuntos criminales. Los manifestantes demandan su entrega, un reclamo que ha persistido durante una década. En mayo de 2025, la exmagistrada Lambertina Galeana Marín fue detenida por presuntamente ocultar esas grabaciones, un paso que las familias ven como insuficiente ante la impunidad. La acción refleja el hartazgo acumulado, con familias y estudiantes insistiendo en que once años después, los responsables siguen libres. Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, describió la falta de avances como un acto de terrorismo estatal.
El ataque al Palacio de Justicia en detalle
Los integrantes de la FECSM llegaron en 36 autobuses desde varias normales rurales, pero solo 13 se detuvieron frente al Palacio de Justicia en Iguala. Intentaron derribar la barda perimetral con las camionetas de la empresa Marinela, logrando forzar dos portones. Sin respuesta policial inicial, incendiaron los vehículos y lanzaron petardos que dañaron oficinas internas. Un grupo de cinco hombres desde un puente cercano arrojó piedras a los autobuses, complicando la escena con posibles contramanifestantes.
Bomberos intervinieron más tarde para controlar el fuego, pero el daño a la estructura judicial fue evidente. Este sitio, reforzado con jardineras de concreto y muros más altos tras protestas previas, simboliza para los normalistas el obstáculo a la verdad. Las grabaciones ocultas capturaron presuntamente el momento en que patrullas municipales y federales actuaron la noche de los hechos, vinculando a policías locales con el crimen organizado.
La vandalización, según los participantes, busca visibilizar la opacidad judicial en Guerrero. Ortega comunicó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que estas acciones nacen del “hartazgo ante tanta injusticia”. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, creada en 2018, ha documentado omisiones de autoridades, pero las familias exigen más que informes: nombres y castigos concretos.
Conmemoración y voces de las familias
Antes del ataque, familiares y estudiantes marcharon por sitios emblemáticos de la tragedia. Realizaron un mitin en la estela de Julio César Mondragón Fontes, encontrado asesinado y desollado el 27 de septiembre de 2014. Luego, visitaron obeliscos en memoria de Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, baleados la noche del 26. Estas paradas revivieron el dolor de una noche donde los estudiantes buscaban autobuses para un evento cívico en la normal de Ayotzinapa.
Ortega, en el mitin, reiteró que tras once años, la ausencia de responsables equivale a terrorismo. “Comunicamos a la presidenta que no provocamos, sino que exigimos fin a la impunidad”, dijo el vocero. La marcha, encabezada por madres y padres junto a la FECSM, reunió a cientos en Iguala, recordando cómo los normalistas fueron atacados por policías municipales y presuntos miembros de Guerreros Unidos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha apoyado a las familias con reparaciones, pero Ortega critica la lentitud. En su discurso, Sheinbaum prometió “verdad y justicia” el 26 de septiembre, comprometiéndose a un nuevo fiscal especializado. Sin embargo, las protestas muestran que las palabras no bastan; las familias insisten en videos y testimonios clave, como el de un infiltrado militar entre los estudiantes. Mientras el humo se disipa en Iguala, el clamor por los 43 persiste, exigiendo que México enfrente su deuda con los desaparecidos.
