La detención del activista mexicano Luis García Villagrán en Tapachula, Chiapas, ha generado indignación entre defensores de los derechos de los migrantes, quienes denuncian un intento del gobierno mexicano por frenar una caravana migrante prevista para este miércoles. La captura, ocurrida el martes, intensifica las tensiones en la frontera sur de México, donde miles de migrantes enfrentan condiciones precarias.
Un arresto en vísperas de la caravana
García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, fue detenido por agentes federales cuando se dirigía a su domicilio tras reunirse con migrantes en el Parque Bicentenario de Tapachula. Un funcionario federal, hablando bajo condición de anonimato, confirmó que el arresto estuvo a cargo del gabinete de Seguridad Pública por presuntos delitos relacionados con el tráfico de personas. Familiares del activista, reunidos fuera de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), evitaron hacer comentarios.
Por su parte, García Villagrán, conocido por liderar caravanas migrantes en los últimos años, había organizado un nuevo grupo que planeaba salir el miércoles hacia el centro de México. A diferencia de caravanas previas, que buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos, esta tenía como objetivo alcanzar la Ciudad de México, donde los migrantes esperan encontrar mejores oportunidades laborales. La detención, ocurrida a menos de 24 horas del inicio, ha sido interpretada como un esfuerzo por desmovilizar a los migrantes.
Reacciones de la comunidad migrante
La noticia ha generado temor entre los miles de migrantes varados en Tapachula, la ciudad más grande de la frontera con Guatemala. Chiapas, el estado más pobre de México, ofrece pocas oportunidades de empleo y vivienda, lo que ha llevado a cientos de personas a organizarse en caravanas para exigir regularización. “Eso es lo que quiere el gobierno, que no salgamos, pero vamos a salir”, afirmó el migrante cubano Jesús Pérez, quien señaló que agentes migratorios y la Guardia Nacional han intensificado operativos en puntos de reunión para intimidar a los migrantes.
Además, el sacerdote Heyman Vázquez, un aliado de los migrantes, condenó la detención como una “agresión” a los defensores de derechos humanos. Vázquez aseguró que, de no liberarse a García Villagrán, él mismo acompañará la caravana. Organizaciones como Pueblos Sin Fronteras, liderada por Irineo Mújica, también exigieron la liberación del activista, acusando al gobierno mexicano de criminalizar la defensa de los derechos migrantes.
Antecedentes y acusaciones
No es la primera vez que activistas enfrentan la represión de las autoridades mexicanas. En 2019, Mújica y Cristóbal Sánchez fueron detenidos durante negociaciones entre México y la primera administración de Donald Trump para evitar aranceles, pero fueron liberados por falta de pruebas. García Villagrán, por su parte, ha enfrentado acusaciones previas. En 2023, tres migrantes lo señalaron por presunta extorsión, lo que llevó a una investigación de la fiscalía de Chiapas, aunque no se han proporcionado actualizaciones sobre el caso. Ese mismo año, el activista denunció un ataque armado contra su vehículo, que atribuyó a represalias por su trabajo.
Por otro lado, García Villagrán ha criticado constantemente la corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), acusándolas de obstaculizar los procesos de regularización. En 2023, promovió amparos masivos para permitir a los migrantes transitar legalmente por México, lo que lo convirtió en una figura controvertida para las autoridades.
Un futuro incierto para la caravana
Pese a la detención, cientos de migrantes insisten en seguir adelante con la caravana, que busca visibilizar las duras condiciones en Tapachula. Según estimaciones, más de 10,000 personas, principalmente de Centroamérica y el Caribe, están varadas en la ciudad, enfrentando trámites burocráticos y escasas oportunidades. La política migratoria del presidente Trump, que ha cerrado las puertas al asilo en la frontera estadounidense, ha empujado a muchos a buscar soluciones dentro de México.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han pedido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a organismos internacionales que intervengan para garantizar la liberación de García Villagrán y frenar lo que describen como una persecución política. La detención, según activistas, refleja un esfuerzo más amplio por desalentar las movilizaciones migrantes en un contexto de creciente presión internacional.
