La incertidumbre rodea a unos 600,000 venezolanos en Estados Unidos tras la decisión de un juez federal en California de posponer su fallo sobre la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ordenada por la administración del presidente Donald Trump. La resolución, que afecta a beneficiarios de 2021 y 2023, depende ahora de una corte de apelaciones, dejando en vilo a miles de familias que temen perder sus permisos de trabajo y enfrentar la deportación.
Un fallo en espera
El juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito Norte de California, suspendió el avance de una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y siete venezolanos, a la espera de que el Noveno Circuito de Apelaciones aclare el alcance de su decisión. La demanda, iniciada en febrero de 2025, busca proteger a dos grupos: unos 250,000 venezolanos que recibieron TPS en 2021 y 350,000 beneficiados por una extensión en 2023. Según José Palma, portavoz de la Alianza Nacional TPS, el juez ya tendría un fallo final, pero está aguardando la resolución de la corte de apelaciones sobre si su decisión incluye a los beneficiarios de 2021, cuyo estatus expira el 10 de septiembre de 2025.
En abril, Chen bloqueó temporalmente la decisión de la administración Trump de eliminar el TPS para los beneficiarios de 2023, preservando sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación, que debían expirar el 7 de abril. Sin embargo, la Corte Suprema, en una decisión del 19 de mayo, permitió al gobierno avanzar con la terminación del TPS para este grupo, argumentando que el juez había excedido su autoridad. La orden, respaldada por una mayoría de 8-1, con la disidencia de la jueza Ketanji Brown Jackson, marcó un hito al ser la mayor revocación de estatus migratorio en la historia reciente, según Ahilan Arulanantham, abogado de la UCLA.
La lucha por los derechos migratorios
La administración Trump, liderada por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, justificó la cancelación del TPS argumentando que las condiciones en Venezuela ya no ameritan protecciones humanitarias. Noem afirmó en febrero que el programa era “contrario al interés nacional”. Sin embargo, el Departamento de Estado mantiene a Venezuela como un destino de “Nivel 4: No Viajar” debido a la inseguridad, la represión política y la crisis económica, que ha desplazado a 8 millones de personas desde 2014, según la ONU. Los demandantes, respaldados por la ACLU y el Centro de Política Migratoria de UCLA, alegan que la decisión de Noem viola la Ley de Procedimiento Administrativo y está motivada por prejuicios raciales, citando declaraciones que asocian a los venezolanos con pandillas como Tren de Aragua sin evidencia.
Por su parte, Palma expresó su preocupación por el futuro de los 250,000 beneficiarios de 2021, cuyo estatus podría terminar en septiembre si el gobierno no lo extiende. “Esperamos que anuncien la terminación”, lamentó, señalando que un reciente fallo del Noveno Circuito permitió al gobierno eliminar el TPS para hondureños, nicaragüenses y nepalíes, lo que reduce las esperanzas de una resolución favorable.
Impacto económico y humano
La posible pérdida del TPS amenaza con desestabilizar la vida de miles de venezolanos, muchos de los cuales han establecido raíces en estados como Florida, donde residen 175,000 beneficiarios, según el Pew Research Center. Estos migrantes contribuyen con miles de millones de dólares a la economía, con un 60% en empleos esenciales como construcción y salud, según un informe de la Universidad de Miami. La revocación del TPS podría costar 10,000 millones de dólares en pérdidas económicas y afectar la seguridad pública, advirtió el juez Chen en su fallo de marzo.
Además, la decisión tiene implicaciones personales profundas. M.H., una beneficiaria venezolana, expresó su alivio temporal tras el fallo inicial de Chen, pero teme la separación de su familia, incluido su hijo ciudadano estadounidense. Organizaciones como la Venezuelan American Caucus han intensificado su defensa, organizando protestas en Doral, Florida, para exigir la continuidad del TPS.
Un futuro incierto
Mientras el Noveno Circuito evalúa la apelación, programada para julio, los venezolanos enfrentan meses de incertidumbre. La administración Trump ha señalado su intención de avanzar con deportaciones masivas, con 1,500 venezolanos deportados en marzo, según el Ministerio del Interior de Venezuela. Grupos como la Alianza Nacional TPS planean seguir luchando en los tribunales, buscando otras vías legales, como el asilo, para proteger a los afectados. En tanto, la comunidad venezolana espera respuestas, con la esperanza de mantener su lugar en un país que les ofreció refugio frente a la crisis en su nación.
