El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) ingresó el 14 de agosto de 2025 al penal de Barbadillo en Lima, donde cumple cinco meses de prisión preventiva por presuntos sobornos recibidos como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. En esta cárcel, exclusiva para exmandatarios, comparte espacio con Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo, y Alberto Fujimori, consolidando a Barbadillo como un símbolo de la crisis política peruana. La detención de Vizcarra, quien lideraba encuestas para las elecciones de 2026, ha desatado acusaciones de persecución política y cuestionamientos al sistema judicial.
Traslado bajo fuerte custodia
Vizcarra fue trasladado desde la carceleta del Poder Judicial al penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, en una furgoneta escoltada por la Policía Judicial. El operativo, seguido por medios locales, ocurrió tras una audiencia el 13 de agosto donde el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó su prisión preventiva por un presunto delito de cohecho pasivo. Según la fiscalía, Vizcarra recibió 2.3 millones de soles (unos 611,000 dólares) en sobornos de empresas constructoras por las obras de Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua, según datos oficiales.
Por lo tanto, la medida busca garantizar su presencia en el proceso penal, que podría derivar en una condena de 15 años. El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) confirmó que Vizcarra, clasificado en Barbadillo, tendrá sus derechos fundamentales respetados bajo un estricto régimen penitenciario. En las afueras de la Corte Superior de Justicia, simpatizantes, incluido su hermano Mario Vizcarra, corearon mensajes de apoyo, asegurando que “está tranquilo porque tiene la conciencia limpia”.
Vizcarra denuncia persecución política
En un video pregrabado publicado en TikTok tras su detención, Vizcarra calificó la decisión como un “pacto mafioso” que controla las instituciones peruanas desde las sombras. “Esto no es justicia, es política”, afirmó, alegando que la resolución estaba redactada dos días antes de la audiencia. Vizcarra, destituido por el Congreso en 2020 por “incapacidad moral” y con tres inhabilitaciones parlamentarias, acusó al legislativo de orquestar su exclusión del partido Perú Primero, con el que lideraba las encuestas con un 27% de intención de voto para 2026, según Ipsos Perú.
En consecuencia, su defensa ha cuestionado la imparcialidad del proceso. Su abogado, Erwin Siccha, denunció que el juez Chávez Tamariz, casado con una fiscal del caso Lava Jato, podría tener un conflicto de intereses, dado que el fiscal Germán Juárez investiga a Vizcarra y otros expresidentes. Siccha también argumentó que Vizcarra siempre ha acudido a citaciones judiciales, negando cualquier riesgo de fuga, y anunció que apelarán la prisión preventiva.
Barbadillo, la “cárcel de expresidentes”
El penal de Barbadillo, construido en 2002 para albergar a Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori, ahora alberga a cinco exmandatarios, un caso único en América Latina. Toledo enfrenta cargos por sobornos de Odebrecht, Humala por lavado de activos, Castillo por intento de golpe de Estado, y Fujimori, liberado en 2023 pero bajo investigación, permanece bajo arresto domiciliario. Según El Comercio, Perú ha encarcelado a todos sus expresidentes vivos desde 2001, lo que refleja una profunda crisis institucional.
Pese a todo, las acusaciones contra Vizcarra han polarizado al país. El juez Chávez Tamariz aclaró que la prisión preventiva no implica culpabilidad, sino que responde al “peligro procesal” y la gravedad de los cargos. Sin embargo, grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional Perú han advertido sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, que en 2024 representó el 40% de los casos penales en el país, según el Ministerio de Justicia. La fiscalía asegura que las pruebas, incluyendo testimonios de colaboradores eficaces, son sólidas.
Apoyo y críticas en las calles
En las redes sociales, el hashtag #FuerzaVizcarra acumuló más de 100,000 menciones, mientras que detractores lo acusan de corruptelas similares a las de sus predecesores. Organizaciones como Transparencia Perú han pedido celeridad en las investigaciones para evitar que el caso se convierta en un espectáculo político. La congresista Susel Paredes expresó en RPP Noticias su preocupación por la “judicialización de la política”, mientras que el fiscal general Juan Carlos Villena defendió la independencia del sistema judicial frente a las acusaciones de Vizcarra.
