Más de 50 universidades públicas de Argentina iniciaron el 11 de agosto de 2025 una jornada de protestas que incluyó un paro de 24 horas, clases públicas y charlas abiertas, en un esfuerzo por exigir mayor financiamiento y mejores condiciones laborales. La movilización, que continuará con actividades de visibilización en facultades y hospitales universitarios, refleja el creciente descontento con las políticas de ajuste fiscal del presidente Javier Milei, que han reducido significativamente el presupuesto educativo.
Una huelga contra la precariedad
Bajo el lema “basta de salarios debajo de la línea de pobreza”, docentes, personal no docente y estudiantes de universidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) suspendieron clases para demandar aumentos salariales y un mayor presupuesto. La protesta, liderada por gremios como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), ADUBA, APUBA, FEDUBA y CTERA Universitarios, busca revertir la pérdida de poder adquisitivo, que según CONADU supera el 30% desde noviembre de 2023.
Por lo tanto, el paro también responde a los incrementos salariales decretados por el gobierno, que oscilan entre el 1.1% y 1.3% mensual de junio a noviembre de 2025, considerados insuficientes frente a una inflación acumulada del 204.8% desde diciembre de 2023. En la UBA, las clases se reanudarán el 12 de agosto con actividades como clases públicas y radios abiertas, mientras que en la UNLP la huelga se extenderá toda la semana, afectando incluso a colegios preuniversitarios como el Colegio Nacional Buenos Aires.
La lucha por la Ley de Financiamiento Universitario
El corazón del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 6 de agosto de 2025 con 158 votos a favor. La iniciativa propone un aumento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1.5% del PIB para 2031, paritarias trimestrales, un fondo de $10,000 millones para carreras estratégicas y ajustes automáticos por inflación. Sin embargo, el presidente Milei ha anunciado su intención de vetarla, como ya lo hizo en 2024, argumentando que compromete el superávit fiscal.
En consecuencia, los gremios temen que el veto profundice la crisis. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reportó que el presupuesto universitario de 2025 es un 9% menor que el de 2024 y un 32% menor que el de 2023 en términos reales. Esto ha llevado a una caída del 60% en el financiamiento desde 2023, afectando infraestructura, investigación y becas como el programa Progresar, que perdió un 43.5% de su valor adquisitivo.
Impacto en la educación pública
La educación universitaria pública, gratuita desde 1949, es un pilar en Argentina, con cerca de 2 millones de estudiantes en universidades nacionales frente a 500,000 en instituciones privadas. Sin embargo, el ajuste fiscal ha puesto en riesgo su calidad. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), la inversión en universidades cayó al 0.5% del PIB en 2024, el nivel más bajo desde 2005. Además, el presupuesto del CONICET se redujo un 36% en dos años, provocando la pérdida de 4,000 empleos y la suspensión de convocatorias de investigación.
Pese a todo, las universidades han enfrentado restricciones severas. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA informó que debe cubrir servicios básicos como limpieza y mantenimiento con recursos propios, limitando mejoras académicas. En la UNICEN, el presupuesto prorrogado de 2023 compromete el funcionamiento básico, mientras que la UNLP reportó una caída de 20 posiciones en rankings internacionales debido a la falta de fondos.
Movilizaciones y tensiones políticas
La comunidad universitaria planea una nueva Marcha Federal Universitaria a fines de agosto, la tercera desde 2024, para presionar al Senado y visibilizar la crisis. La Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respaldan estas acciones, exigiendo la reapertura de paritarias, que no se convocan desde octubre de 2024. Los gremios advierten que un veto presidencial podría escalar la conflictividad, con posibles tomas de facultades y más paros.
En este contexto, el 44.9% de los jóvenes argentinos entre 15 y 29 años vive en la pobreza, según datos oficiales del segundo semestre de 2024, lo que subraya la importancia de la educación pública gratuita. Mientras el gobierno prioriza el equilibrio fiscal, docentes como Carlos De Feo de CONADU insisten: “Sin presupuesto, no hay universidad posible”. La lucha por la educación superior en Argentina promete intensificarse en las próximas semanas.
