El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, sobrevivió a un violento ataque armado el 13 de agosto de 2025 en una carretera del departamento de Huila, Colombia. La camioneta blindada en la que viajaba fue impactada por múltiples disparos de fusiles y pistolas mientras se dirigía desde La Plata hacia Paicol. A pesar de la gravedad del atentado, Triana y su equipo salieron ilesos, aunque el vehículo quedó gravemente dañado. La región, marcada por la presencia de disidencias de las FARC y el ELN, enfrenta una creciente ola de violencia política que ha encendido las alarmas de cara a las elecciones de 2026.
Un ataque en plena carretera
El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. cuando Triana, acompañado por tres policías, un miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un integrante de su equipo legislativo, regresaba a Neiva tras una agenda en La Plata. En un video compartido en su cuenta de X, el congresista, visiblemente alterado, denunció: “Nos acaban de disparar con fusil y pistola. La ruta está absolutamente sola”. Las imágenes muestran al menos ocho impactos de bala, tres en los vidrios delanteros y traseros, según El Tiempo. Triana atribuyó la supervivencia al blindaje del vehículo, que quedó “totalmente destruido”, según Cambio Radical.
Por lo tanto, la respuesta inmediata fue limitada. Triana relató que no había presencia de la fuerza pública en la carretera, lo que obligó al grupo a refugiarse en la estación de policía de Paicol. Allí recibieron protección mientras el presidente Gustavo Petro ordenaba la evacuación en helicóptero hacia Neiva. “El Ejército está en combate con los responsables”, escribió Petro en X, señalando la presencia de disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco en la zona.
Amenazas previas ignoradas
Triana, un crítico del gobierno de Petro, había denunciado amenazas previas. En mayo de 2024, recibió mensajes anónimos que lo tildaban de “enemigo de la paz” por su apoyo a la fuerza pública. En octubre, las amenazas se extendieron a su familia, y el 12 de agosto de 2025, las disidencias de las FARC lo declararon “objetivo militar” junto a otros congresistas del Huila, según Blu Radio. A pesar de estas alertas, la UNP rechazó reforzar su esquema de seguridad, una decisión que Cambio Radical calificó de “negligente”.
En consecuencia, el atentado ha generado indignación. El partido emitió un comunicado responsabilizando al gobierno por la seguridad de sus líderes, recordando el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto tras un ataque en Bogotá. “No queremos que estas tragedias sean la rutina del país”, señaló Cambio Radical, exigiendo medidas urgentes para proteger a los opositores.
Una región bajo amenaza
El municipio de La Plata, ubicado a 255 millas de la frontera con Ecuador, es un punto caliente de violencia. Además de las disidencias de las FARC y el ELN, operan bandas de delincuencia común que trafican drogas y extorsionan, según Infobae. En 2024, el Huila reportó un aumento del 32% en homicidios ligados al narcotráfico, según el centro de investigación Indepaz. Este contexto, agravado por la muerte de Uribe, ha reavivado temores de un retorno a la violencia política de los años 80 y 90, cuando candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán fueron asesinados.
Pese a todo, las autoridades han reaccionado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, convocó al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección para analizar el caso y reforzar la seguridad de líderes políticos, según El Heraldo. La congresista Catherine Juvinao expresó su preocupación: “Triana lleva meses denunciando amenazas. Las autoridades deben actuar antes de que sea tarde”.
Un país en alerta electoral
El atentado ocurre en un momento crítico, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026. Entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos fueron asesinados, según Indepaz, lo que subraya los riesgos para los líderes políticos. La Policía Nacional y el Ejército intensificaron operativos en el Huila, mientras la UNP enfrenta críticas por fallos en la protección de funcionarios, como en el caso de Uribe. La violencia en Colombia, alimentada por grupos armados y el narcotráfico, sigue siendo un desafío para la seguridad pública y la democracia.
