El cierre del Gobierno agota los bancos de comida, SNAP y deja a millones sin ayuda alimentaria ni sanitaria.
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Imagina despertarte y descubrir que tu tarjeta para comprar comida marca cero. La leche para los niños se queda en la estantería del supermercado. El pan para la cena familiar desaparece de la lista. Y, para colmo, llega una carta avisando que tu seguro médico ahora cuesta el doble. No es un mal sueño: es la cruda realidad que enfrentan 42 millones de estadounidenses, cuando el cierre federal entró en su fase más devastadora.
El Gobierno de EE.UU. lleva 33 días paralizado, superando ya el récord histórico de 2018-2019. Lo que comenzó como un pulso político entre demócratas y republicanos se ha convertido en una crisis humanitaria. Por un lado, los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se agotaron por completo.
Por el otro, las nuevas primas de Obamacare para 2026 suben drásticamente, mientras los subsidios pandémicos se evaporan. Millones de familias vulnerables, en su mayoría con niños, mayores o discapacitados, se quedan sin red de seguridad. Y, como si fuera poco, la escasez de controladores aéreos amenaza con colapsar el cielo.
El hambre llama a la puerta de 42 millones
Todo cambió de la noche a la mañana. SNAP, el programa que alimenta a uno de cada ocho estadounidenses, se quedó sin un dólar federal. Dependientes como niños (21 millones en total), jubilados con pensiones mínimas y personas con discapacidad ven cómo sus cupones electrónicos dejan de recargarse. El Departamento de Agricultura, responsable del programa, admitió inicialmente que no usaría fondos de emergencia. Sin embargo, tras la presión, el panorama empezó a moverse.
Dos jueces federales ordenaron al Ejecutivo de Donald Trump buscar una salida inmediata. El presidente respondió rápido en Truth Social: no apelaría la decisión. Al día siguiente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ofreció esperanza en una entrevista con CNN. “Podríamos reactivar los fondos para el miércoles”, aseguró, aunque advirtió que el proceso lleva su tiempo. Reiniciar el complejo sistema de distribución de cupones puede demorar varios días, lo que deja un vacío crítico en el meantime.
¿Cómo responden los estados a la falta de SNAP?
Doce estados ya activaron medidas de emergencia, transfiriendo fondos locales a bancos de alimentos para tapar el hueco. En Miami-Dade, la alcaldesa Daniella Levine Cava calcula que el 25% de los hogares se verán afectados directamente, perdiendo unos 6 millones de dólares federales. Laura Rodríguez, del Center for American Progress Action Fund, critica la demora inicial como un “juego político” que ignora a los más necesitados. “Hay recursos de emergencia disponibles, pero optaron por no usarlos al principio”, explica.
Obamacare: cuando la salud se convierte en lujo
Pero el hambre no viene solo. Paralelamente, la agencia federal publicó las nuevas tarifas de seguros sanitarios para 2026. Las primas suben un 25% en promedio por estado, según consultoras independientes. A eso se suma el fin de los subsidios aprobados en 2021 durante la pandemia, que hacían las pólizas gratuitas para hogares en pobreza extrema y parcialmente subsidiadas para quienes ganan menos de 65.000 dólares al año.
El resultado es predecible y alarmante. Expertos estiman que muchas familias no podrán pagar y quedarán sin cobertura. Para las que sí lo hagan, el costo anual podría duplicarse. “Sin seguro o con pólizas un 100% más caras, el impacto en la salud pública será masivo”, advierten analistas. Una familia media con ingresos modestos podría enfrentar 800 dólares extra al mes, empujando a más gente al borde de la quiebra.
El cielo se nubla con retrasos y miedos
Como si el golpe a la comida y la salud no bastara, la crisis se extiende al aire. Entre los 730.000 empleados federales “esenciales” que trabajan sin cobrar están los controladores aéreos. Ayer, dos aeropuertos de Nueva York suspendieron aterrizajes temporalmente por falta de personal. La mitad de los grandes aeródromos del país reportaron escasez, generando retrasos en cadena a nivel nacional.
Esto evoca el cierre de 2018-2019, cuando las bajas masivas de controladores forzaron un acuerdo bipartidista. Ahora, con el termómetro bajando, surge otra amenaza: el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), que ayuda a pagar calefacción y aire acondicionado, también se retrasa. Jacqueline Chapman, una jubilada de 74 años en Philadelphia, depende de sus 630 dólares mensuales de Seguridad Social. “Vivo tiempos aterradores; no descanso sabiendo que las cuentas aprietan”, confiesa. Estados como Pennsylvania, Minnesota y Connecticut advierten de pagos pospuestos hasta diciembre o enero.
Mark Wolfe, director de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, resume el caos: “Nunca vimos tantas ayudas evaporarse al mismo tiempo. El impacto en familias pobres será profundo”. Mark Bain, de 67 años en Connecticut, planea lo peor: “Bajaré el termostato a 16 grados y me pondré otra manta si no llega la ayuda”.
¿Hasta cuándo el sufrimiento?
Los bancos de alimentos amplían horarios y estanterías. Los estados sacan reservas. Los controladores cuentan horas sin sueldo. Bessent promete cupones pronto, pero cada día sin acuerdo es una nevera vacía, una póliza impagable, un vuelo cancelado.
Este cierre ya es histórico por duración. Hoy, millones de niños van a la cama con hambre porque Washington no encuentra el camino. La pregunta flota en el aire: ¿cuánto más aguantará el país?
