Trump sacude la cúpula de ICE con una reestructuración masiva para aumentar arrestos.
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La administración de Donald Trump ha lanzado una bomba interna en el corazón de su maquinaria de deportaciones. Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfrenta su mayor sacudida desde que el presidente regresó a la Casa Blanca en enero. La mitad de los directores de la agencia serán reasignados, en un movimiento que busca inyectar velocidad y dureza a las redadas. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo confirman: 12 jefes de oficinas de campo saldrán de sus puestos. La mitad de los nuevos rostros vendrán de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), conocidos por sus tácticas agresivas en la frontera.
Este no es un cambio menor. Con 25 oficinas regionales en total, la renovación toca el núcleo de la estrategia trumpista: deportar a un millón de indocumentados al año. Pero los números no cuadran. La Casa Blanca prometió 3.000 arrestos diarios; ICE apenas roza los 1.170. La frustración de Trump es palpable. «Estamos enviando resultados, removiendo a criminales ilegales violentos», dice Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, en un comunicado que evade detalles. Desde la Casa Blanca, Abigail Jackson añade: «El equipo del presidente trabaja en perfecta coordinación. Los logros en frontera y deportaciones hablan solos». Pero detrás de las palabras, el engranaje cruje.
Una purga que une frontera y ciudades
Los cambios no son casuales. Reflejan un plan para fusionar más a la Patrulla Fronteriza con las operaciones internas de ICE. Agentes de CBP, entrenados para cazar traficantes en el desierto, ahora liderarán redadas en barrios urbanos. Críticos lo ven como un riesgo: esas tácticas, con helicópteros y rifles, han dejado un rastro de miedo en comunidades inmigrantes. En Chicago, por ejemplo, un operativo el 30 de septiembre mostró a 300 agentes descendiendo en Black Hawks sobre un edificio de apartamentos. Buscaban pandilleros del Tren de Aragua. Detuvieron a uno, pero también a cuatro menores ciudadanos y residentes en ropa interior, según videos virales y reportes locales.
Ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington están en la mira. Otras cuatro oficinas verán ajustes por jubilaciones o «circunstancias», según un exfuncionario federal. Gregory Bovino, jefe de sector de la Patrulla en California, es el rostro de esta fusión. Acusado de usar gases lacrimógenos contra manifestantes, Bovino coordina ahora en Chicago y Los Ángeles. Esta semana testificó en un juicio federal por uso excesivo de fuerza. «ICE hace operaciones dirigidas, con vigilancia previa», defiende la agencia. Pero grupos de derechos civiles, como la ACLU, denuncian redadas amplias que aterrorizan a familias enteras, sin importar estatus legal.
ICE y CBP unen fuerzas
La integración CBP-ICE amplía el rol de una agencia ya controvertida. CBP protege fronteras; ICE opera dentro del país. Pero bajo Trump, las líneas se borran. Agentes fronterizos, lejos de sus puestos tradicionales, participan en detenciones urbanas. En Los Ángeles, helicópteros sobrevolaron barrios latinos durante horas. En Memphis, tropas de la Guardia Nacional –desplegadas en septiembre– patrullan junto a ICE. El DHS lo llama «un solo equipo, una sola lucha». La secretaria Kristi Noem, aliada clave de Trump, promete «todas las herramientas disponibles» para acelerar deportaciones. Noem, quien asumió en junio, ha respaldado públicamente la visión del presidente: priorizar criminales, pero no escatimar en números.
Desde febrero, esta es la tercera reestructuración mayor en ICE. Primero, el traslado de Caleb Vitello, director interino, por Todd Lyons, un veterano agente. En mayo, cambios en divisiones centrales. Ahora, octubre trae la más ambiciosa. Fuentes anónimas del DHS hablan de «frustración en la cima». Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria y deputy chief of staff, fijó la meta de 3.000 arrestos diarios en primavera. ICE ha aumentado detenciones –más de 60.000 en custodia ahora, con presupuesto de $28 mil millones–, pero no basta. Contratos privados para 60.000 camas extras en centros de detención cuestan $45 mil millones en años venideros. Aun así, la meta del millón anual parece lejana.
El terror en las calles: de redadas a helicópteros
Imagina despertar con helicópteros zumbando sobre tu techo. En el South Side de Chicago, eso pasó el mes pasado. Agentes federales, con rifles estilo militar, irrumpieron en un complejo de apartamentos. Alquilaron camionetas U-Haul para sorprender en parkings de Home Depot. El objetivo: venezolanos del Tren de Aragua. Pero las imágenes muestran caos: inquilinos semidesnudos, familias histéricas. Un solo arresto clave, pero decenas de detenciones colaterales, incluyendo ciudadanos. «Sembramos terror más que resultados», critica un informe de America’s Voice.
Esto se repite en todo el país. En Portland, un «santuario» histórico, la Guardia Nacional llegó en septiembre pese a protestas. En Los Ángeles, un juez californiano declaró ilegal el despliegue de 4.000 guardias y 500 marines en junio, pero no los sacó. Tribunales federales, como la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, han frenado envíos a Chicago. Aun así, Trump presiona. La semana pasada, la Corte Suprema permitió tropas en Portland. Alcaldes demócratas, de Memphis a Washington D.C., niegan que el crimen desborde a sus policías. Ven en esto una táctica para forzar colaboración con ICE. «Es un show de fuerza ilegal», dice el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.
Trump no retrocede. Desde Japón, en su gira asiática, habló a tropas en la base de Yokosuka. «Tenemos ciudades en problemas. No podemos permitirlo. Enviamos la Guardia Nacional, y si hace falta más que la Guardia, enviaremos más. Vamos a tener ciudades seguras». No especificó qué significa «más»: ¿marines activos? ¿El Acto de Insurrección de 1807, que permite tropas regulares contra disturbios? En agosto, amenazó con usarlo en Nueva York y Chicago. Desde junio, ha federalizado guardias en California y Oregon, ignorando gobernadores. En D.C., 2.000 tropas patrullan monumentos, armadas, removiendo grafiti y limpiando calles –un costo de $200 millones, según presupuestos internos.
Trump dobla la apuesta, pero el público se aleja
Esta escalada llega en un momento delicado. Sondeos recientes pintan un panorama sombrío para Trump en inmigración. Un promedio de ocho encuestas de los últimos dos meses, analizado por America’s Voice, muestra 53% de desaprobación contra 44% de aprobación. Third Way habla de «déficit de confianza» en los demócratas, pero el apoyo republicano se erosiona. Una encuesta AP-NORC de octubre revela que entre votantes hispanos, 73% desaprueba la gestión de Trump, solo 27% aprueba. Esto representa un desplome desde 44% antes de su segundo mandato. En marzo, 41% de hispanos veían bien su labor; ahora, 27%.
La economía y la migración son los talones de Aquiles. Hispanos, clave en su victoria 2024 con 46% del voto, sienten el golpe. Redadas afectan trabajos en construcción, restaurantes, cuidados –sectores donde laboran muchos indocumentados y ciudadanos latinos. «Incluso con ciudadanía, temen deportación», dice un sondeo UnidosUS. Solo 25% de hispanos apoya deportar a todos los indocumentados; 50% se opone. El PRRI American Values Survey de septiembre confirma: 72% prefiere regularización para indocumentados contra 24% que avala deportaciones masivas. Apoyo a ciudadanía con requisitos: 60% nacional, pero cae a 40% entre republicanos –de 53% en 2013.
Trump apuesta a su base MAGA, que aplaude la dureza. «Podría disparar en Quinta Avenida y no perder votantes», dijo una vez. Pero los independientes y latinos moderados se alejan. Encuestas Reuters/Ipsos y Equis muestran aprobación hispana en 34%, con 61% de rechazo –impulsado por economía incierta y redadas. Pew Research halla que solo 21% de hispanos aprueba las políticas de Trump en inmigración. NPR-Ipsos indica que americanos preocupados por crimen no respaldan ampliamente la Guardia en ciudades. Con elecciones midterm en 2026, el riesgo electoral crece. La base MAGA sufre recortes en Medicare, Obamacare y SNAP bajo la ley «One Big Beautiful».
¿Hacia un punto de quiebre?
La reestructuración de ICE no es solo personal. Es un mensaje: Trump no tolera lentitud. Con Noem al mando del DHS y Miller en la Casa Blanca, la maquinaria acelera. Más fondos, más camas, más agentes fronterizos en las calles. Pero el costo humano y político sube. Familias separadas, economías locales golpeadas, confianza erosionada. En Portland, protestas pacíficas contra ICE duran meses; en Memphis, demandas estatales cuestionan la Guardia. Tribunales ping-pong: bloques en Illinois y Oregon, avances en la Suprema Corte.
Trump, a sus 79 años, ve en esto su legado: «ciudades seguras, fronteras blindadas». Pero sondeos como Gallup muestran 53% cree que va demasiado lejos en enforcement. El 65% rechaza que inmigrantes «invadan» tradiciones americanas, según PRRI. La mayoría quiere soluciones sensatas: vías a ciudadanía, no solo redadas. Mientras helicópteros sobrevuelan barrios y directores de ICE empacan, una pregunta flota: ¿intensificará esto la lealtad de la base o alienará a votantes clave? Con midterms acechando, Trump juega todo a una carta. El país observa, dividido.
