La ciudad de Washington, D.C., enfrenta una batalla legal tras la decisión del presidente Donald Trump de federalizar su policía y eliminar las políticas de ciudad santuario. El fiscal general del distrito, Brian Schwalb, presentó una demanda el 15 de agosto de 2025 contra la administración Trump, calificando la intervención como un “abuso de autoridad” que amenaza la autonomía de los 700,000 residentes de la capital. La medida, liderada por la fiscal general Pam Bondi, busca imponer una línea dura en inmigración, generando tensiones entre el gobierno federal y local.
Federalización y fin de políticas santuario
El 11 de agosto, Trump invocó la Ley de Autonomía (Home Rule Act) para asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) por 30 días, declarando una “emergencia criminal”. Bondi formalizó esta acción el jueves, nombrando al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como “comisionado de policía de emergencia” con autoridad total sobre el MPD. Según Bondi, esta medida busca terminar con las políticas de ciudad santuario que, desde 2019, limitan la cooperación policial con autoridades migratorias como ICE. En una entrevista, Bondi afirmó: “Washington no seguirá siendo una ciudad santuario que protege a extranjeros delincuentes”.
Por lo tanto, Bondi ordenó suspender directivas que prohíben a los agentes del MPD arrestar a personas únicamente por órdenes migratorias federales o indagar sobre el estatus migratorio sin motivos criminales. También exigió que cualquier nueva directiva policial sea aprobada por Cole, despojando de autoridad a la jefa del MPD, Pamela Smith.
Resistencia local y demanda
La respuesta de las autoridades locales fue inmediata. Schwalb presentó una demanda en un tribunal federal, solicitando una orden de restricción de emergencia contra las acciones de Trump y Bondi. Según la demanda, estas medidas violan la Ley de Autonomía de 1973, que otorga al distrito control sobre su gobierno local. “Es la amenaza más grave a nuestra autonomía”, afirmó Schwalb, argumentando que la ley no permite al presidente destituir al jefe de policía ni alterar la cadena de mando del MPD.
En consecuencia, la alcaldesa Muriel Bowser rechazó la orden de Bondi, afirmando que no existe un estatuto que transfiera la autoridad del distrito a un funcionario federal. “Hemos cumplido con la ley al proporcionar servicios policiales para fines federales, pero no cederemos el control del MPD”, declaró en redes sociales. La concejal Christina Henderson también criticó la acción, señalando que Bondi “no tiene autoridad para revocar leyes locales”.
Impacto en la comunidad
La intervención ha generado preocupación entre los residentes, especialmente en comunidades migrantes. Las políticas de ciudad santuario, aprobadas por el Concejo de D.C. en 2019, buscaban proteger a los indocumentados al limitar la cooperación con ICE, fomentando la confianza para reportar crímenes. Organizaciones como Public Citizen advierten que la federalización podría disuadir a los inmigrantes de buscar ayuda, aumentando el riesgo de separación familiar. En los últimos días, la presencia de 800 miembros de la Guardia Nacional, agentes de ICE y vehículos militares en áreas como Union Station y Chinatown ha intensificado las tensiones, con protestas espontáneas en zonas de alta actividad.
Pese a todo, el MPD había emitido el jueves una orden, firmada por Smith, que permitía compartir información limitada con ICE, como datos de personas no bajo custodia en paradas de tráfico. Sin embargo, Bondi anuló esta directiva por considerarla insuficiente, exigiendo una cooperación total.
Contexto de la intervención
La acción de Trump se basa en su narrativa de una “crisis de seguridad” en D.C., a pesar de que los delitos violentos cayeron a un mínimo de 30 años en 2024, según registros municipales. El presidente ha justificado la federalización como una “liberación” de la ciudad frente a “pandillas violentas y criminales sedientos de sangre”, aunque las estadísticas contradicen esta descripción. El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, calificó la nueva cooperación policial como un “cambio de juego” para deportar a “criminales ilegales”.
Además, la administración Trump ha amenazado con extender estas medidas a otras ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, según el zar de inmigración Tom Homan. En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional identificó a 13 estados y D.C. como regiones que obstruyen la aplicación de leyes migratorias federales.
Batalla legal en curso
La demanda de Schwalb busca que un juez federal declare las acciones de Trump y Bondi inconstitucionales, argumentando que amenazan con “caos operativo” en el MPD. La Ley de Autonomía permite al presidente solicitar servicios policiales en emergencias, pero no reestructurar el mando ni anular leyes locales, según el fiscal. Organizaciones de derechos civiles respaldan la demanda, calificando la intervención como un “acto autoritario” que pone en riesgo la democracia local. Mientras tanto, la presencia de fuerzas federales sigue creciendo, con puntos de control en distritos como The Wharf y patrullas visibles en eventos públicos, lo que mantiene a la capital en alerta.
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