Una corte federal en Rhode Island emitió una orden judicial que frena a la administración de Donald Trump en su intento de aplicar nuevas restricciones a las subvenciones de la Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW) del Departamento de Justicia. La decisión representa un triunfo importante para sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, así como para las organizaciones y coaliciones que les brindan apoyo en todo el país.
El fallo, emitido a inicios de agosto, bloquea la aplicación de requisitos considerados peligrosos y limitantes para el trabajo de muchas entidades proveedoras de servicios, que de haberse implementado habrían visto cortados recursos esenciales, sobre todo para comunidades marginadas.
Restricciones impugnadas bajo la Ley de Violencia Contra las Mujeres
La demanda fue presentada por diecisiete coaliciones estatales que argumentaron que la administración Trump excedió su autoridad legal al imponer nuevas condiciones de financiamiento bajo la Ley de Violencia Contra las Mujeres. Entre los cambios propuestos estaba la prohibición de usar fondos federales para proyectos de investigación, programas que desalienten la cooperación con autoridades o iniciativas que promuevan la ideología de género.
Imagen referencial de una mujer víctima de violencia doméstica. Foto: X/@WorldNewsPR1
Además, se restringía a las organizaciones de presentar la violencia doméstica y la agresión sexual como problemas de justicia social, forzándolas a tratarlos únicamente como delitos penales. Para muchos proveedores, estas limitaciones no solo contradecían su enfoque integral, sino que también ponían en riesgo a las personas que intentan salir de ciclos de violencia.
Los demandantes, representados por Democracy Forward, Jacobson Lawyers Group, la ACLU de Rhode Island, el Centro Nacional de Derecho de la Mujer y otros, sostuvieron que estas medidas eran ilegales y contrarias al espíritu de protección que inspiró la ley desde su aprobación en 1994.
Impacto del recorte de fondos federales en las víctimas
Uno de los puntos más críticos de la disputa fue la propuesta de recortar un 29% del presupuesto del programa OVW para el año fiscal 2026. Estos recursos son vitales para mantener servicios legales gratuitos, asistencia para vivienda segura y terapia de crisis para sobrevivientes.
La nueva política del Departamento de Justicia obligaba a las organizaciones a tomar una decisión imposible: aceptar condiciones que chocaban con sus valores y con principios básicos de derechos humanos, o renunciar a los fondos que garantizan su funcionamiento.
Participantes en una concentración en Pizarra, Málaga, para condenar el asesinato de un hombre a su expareja, de 49 años, el pasado domingo.Carlos Díaz (EFE)
En un comunicado conjunto, las coaliciones celebraron la medida judicial, calificándola de “paso fundamental” para proteger a las sobrevivientes y asegurar que las comunidades puedan seguir ofreciendo servicios que el Congreso determinó como prioritarios.
Reacciones y significado del fallo
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, señaló que este triunfo es una muestra más de que las organizaciones pueden enfrentar legalmente a la administración federal cuando intenta politizar fondos esenciales. “La orden es crucial para garantizar que las sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual tengan acceso a los servicios y al apoyo que necesitan”, afirmó.
La decisión también marca un precedente en la defensa de los programas financiados por la Ley de Violencia Contra las Mujeres frente a recortes o cambios que puedan comprometer su efectividad. Expertos en derechos civiles advierten que, aunque este fallo impide la aplicación inmediata de las restricciones, la administración Trump podría apelar o buscar nuevas formas de condicionar el financiamiento.
Un contexto de tensiones políticas y sociales
Desde que asumió la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha impulsado una serie de medidas que restringen programas sociales y redefinen criterios de acceso a fondos federales. Sus detractores consideran que estas acciones están motivadas por agendas ideológicas que no priorizan la protección de comunidades vulnerables.
En este caso, la intervención judicial envía un mensaje claro: la Ley de Violencia Contra las Mujeres sigue siendo una herramienta clave para garantizar asistencia a quienes sufren violencia de género y no puede ser debilitada mediante políticas administrativas sin base legal.
