El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito decidió este miércoles restringir el despliegue de tropas federales en Oregon, marcando un nuevo revés para la Casa Blanca. El panel de tres jueces permitió al Gobierno del presidente Donald Trump mantener el control operativo sobre unos 200 soldados de la Guardia Nacional del estado, pero bloqueó su envío a Portland, la ciudad más grande de Oregon.
La decisión fue unánime y revoca parcialmente el fallo emitido el sábado por la magistrada Karin Immergut, quien había suspendido la orden inicial del Ejecutivo. Sin embargo, los jueces mantuvieron vigente una segunda resolución de Immergut, dictada un día después, que prohíbe explícitamente el despliegue de tropas de cualquier estado en Portland.
El tribunal confirmó que habrá una nueva audiencia este jueves, en la que representantes del Gobierno federal y del estado de Oregon presentarán sus argumentos. Según fuentes judiciales, es poco probable que el panel autorice el envío inmediato de tropas, dado el actual clima de tensión política entre los gobiernos estatal y federal.
Un nuevo frente legal entre el Gobierno federal y los estados
La disputa judicial surge en medio del aumento de tensiones entre la administración Trump y varios estados de la costa oeste, que han acusado al Gobierno federal de abusar de su autoridad ejecutiva. En su argumento ante el tribunal, los demandantes sostuvieron que la intervención militar en Portland viola principios básicos de autonomía estatal y podría agravar la situación social en lugar de mejorarla.
“El despliegue de soldados en áreas urbanas lejos de promover la seguridad pública, amenaza con socavarla al incitar la indignación ciudadana”, señaló en el documento legal el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield. La carta judicial también acusa al Ejecutivo de actuar de manera “arbitraria y provocadora” al enviar tropas a ciudades con gobiernos locales demócratas sin su consentimiento.
Por su parte, el Gobierno federal ha justificado la medida bajo el argumento de reforzar la seguridad en zonas donde, según la administración, existe riesgo de disturbios. Las autoridades federales insisten en que su única intención es proteger edificios y personal del gobierno ante las protestas contra los operativos de inmigración.
Trump ordena el envío de tropas federales
El presidente Donald Trump aprobó personalmente la movilización de soldados después de que la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, rechazara una solicitud del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para desplegar fuerzas de la Guardia Nacional de forma voluntaria. La decisión del mandatario forma parte de un esfuerzo más amplio de su administración para desplegar tropas federales en distintas ciudades gobernadas por demócratas.
Acciones similares han tenido lugar en otros estados. En Illinois, por ejemplo, la Casa Blanca autorizó el envío de unos 200 soldados provenientes de Texas para reforzar la seguridad de propiedades federales en Chicago. La estrategia ha sido duramente criticada por funcionarios locales, quienes acusan al Gobierno federal de “militarizar” asuntos de seguridad interna que corresponden a las autoridades estatales.
Contexto y reacciones locales
El despliegue previsto para Portland coincide con protestas recientes en rechazo a las redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“La narrativa que intenta construir el Gobierno federal no refleja la realidad de Portland”, comentó un funcionario local bajo condición de anonimato. Varios líderes comunitarios también han advertido que el despliegue de tropas podría agravar las tensiones y provocar confrontaciones con la población civil.
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Pese a los reclamos, la Casa Blanca sostiene que el envío de contingentes federales es necesario para garantizar el cumplimiento de la ley y responder ante posibles ataques contra instalaciones gubernamentales. No obstante, los críticos aseguran que la administración está intentando justificar medidas políticas bajo el pretexto de mantener la seguridad.
El caso continúa en manos del Noveno Circuito, mientras la administración Trump enfrenta una oleada de demandas similares en otros estados que buscan frenar o limitar los operativos militares federales en sus jurisdicciones. Por ahora, el fallo representa una victoria parcial para Oregon y un nuevo desafío para la estrategia del presidente en materia de seguridad interior.
