En Texas, una ola de demandas lideradas por hombres que alegan daños emocionales por abortos realizados sin su consentimiento está redefiniendo el debate sobre los derechos reproductivos. Estas acciones legales, impulsadas por grupos antiaborto, buscan responsabilizar a mujeres, médicos y proveedores de medicamentos abortivos, poniendo en el centro los derechos de los padres. La estrategia, que aprovecha la estricta ley SB 8, ha generado controversia al exponer la vida privada de las mujeres y desafiar las protecciones de otros estados.
Una nueva estrategia antiaborto
Desde la entrada en vigor de la ley SB 8 en 2021, Texas permite a ciudadanos demandar a quienes faciliten abortos después de las seis semanas de gestación, con multas mínimas de 10,000 dólares. Según reportes, hombres como esposos, novios y exparejas están utilizando esta legislación para reclamar daños por “muerte injusta” de fetos, argumentando que se les privó de su derecho a la paternidad. Jonathan Mitchell, un abogado clave detrás de SB 8, representa a varios demandantes, incluyendo a Jerry Rodriguez, quien acusa al exesposo y a la madre de su pareja de presionarla para abortar con píldoras enviadas desde California.
Por ejemplo, Rodriguez alega que su novia estaba “feliz” con el embarazo, pero fue coaccionada para tomar medicamentos abortivos, lo que le causó un profundo trauma emocional. Su demanda busca una indemnización de un millón de dólares y restricciones al envío interestatal de píldoras abortivas. Estas acciones reflejan una táctica más amplia del movimiento antiaborto para limitar el acceso a medicamentos como la mifepristona, que representó el 63% de los abortos en EE.UU. en 2024, según el Instituto Guttmacher.
El papel de la ley SB 8
La ley SB 8, conocida como la “ley de los vigilantes”, permite a cualquier persona, incluso sin relación directa con el caso, demandar a quienes participen en un aborto, desde médicos hasta familiares. Organizaciones como Texas Right to Life han intensificado sus esfuerzos, reclutando activamente a hombres para iniciar estos litigios. John Seago, presidente de la organización, confirmó que están “construyendo una red” para identificar demandantes, con el objetivo de disuadir el uso de píldoras abortivas enviadas por correo desde estados como Nueva York, donde las leyes protegen a los proveedores.
Además, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha respaldado estas demandas, persiguiendo a médicos de otros estados. En un caso reciente, un juez texano impuso una multa de 100,000 dólares a una doctora de Nueva York por enviar medicamentos abortivos a una residente de Texas, aunque las autoridades de Nueva York se negaron a hacer cumplir la sentencia, citando sus leyes de protección. Estas disputas interestatales han generado tensiones, con 21 estados demócratas aprobando medidas para blindar a proveedores frente a demandas de estados como Texas.
Reacciones y críticas
Activistas por los derechos reproductivos, como Molly Duane del Centro para los Derechos Reproductivos, denuncian que estas demandas son una “invasión de la privacidad” y una estrategia política para intimidar a las mujeres. En 2024, el centro reportó que el 70% de las mujeres que buscaron abortos en Texas enfrentaron barreras legales o logísticas, obligándolas a viajar fuera del estado. Las demandas también han generado críticas por su impacto emocional en las mujeres, quienes enfrentan exposición pública y posibles represalias.
Por su parte, líderes antiaborto como Kristan Hawkins de Students for Life of America defienden estas acciones, argumentando que los hombres tienen un “derecho legítimo” a reclamar por el dolor causado por la pérdida de un hijo no nacido. Hawkins afirmó que estas demandas podrían establecer un precedente para reconocer legalmente los derechos de los padres en casos de aborto.
Un debate con alcance nacional
El avance de estas demandas coincide con propuestas legislativas en Texas que buscan ampliar la capacidad de ciudadanos para demandar por abortos facilitados con medicamentos, incluso sin vínculo personal. Un proyecto de ley presentado en 2025 propone multas de al menos 100,000 dólares contra quienes colaboren en estos procedimientos, según reportes. Esta iniciativa podría intensificar el control sobre el acceso a píldoras abortivas, que han aumentado un 14% en uso desde 2022, según datos de la Sociedad de Planificación Familiar.
Pese a todo, las demandas enfrentan resistencia en tribunales federales, donde jueces han cuestionado su validez bajo leyes de privacidad como HIPAA. En abril de 2024, una regla federal reforzó las protecciones para mujeres que buscan abortos fuera de su estado, complicando los esfuerzos de Texas. Mientras los casos avanzan, el debate sobre los derechos reproductivos y la privacidad promete extenderse, con implicaciones que podrían redefinir las leyes de aborto en todo el país.
