La muerte de Xavier Guadalupe Hernández, un hombre hispano de 34 años, tras un encuentro con la policía de El Paso el 14 de julio, ha desatado indignación y renovado el debate sobre el uso de la fuerza policial en Texas. El reporte de autopsia, publicado esta semana, confirmó que Hernández murió por homicidio debido a compresión torácica durante su detención, un caso que ha generado protestas y demandas de justicia en la comunidad latina.
Una detención mortal en la I-10
El incidente ocurrió en la Interestatal 10, cerca de Yarbrough, cuando oficiales del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) detuvieron a Hernández por una infracción de tráfico no especificada. Según el informe forense, la causa de muerte fue asfixia por compresión en el pecho, con el consumo de cocaína como factor contribuyente. La autopsia también reveló hematomas en el torso, brazos y piernas, evidenciando un uso significativo de fuerza. Un video difundido por la organización comunitaria FitFam captó a los agentes inmovilizando a Hernández con técnicas agresivas, incluyendo golpes y el uso de un Taser que, según el EPPD, no tuvo efecto.
Por su parte, las imágenes muestran el momento en que Hernández dejó de responder. Los oficiales intentaron reanimarlo con RCP antes de trasladarlo al Centro Médico Del Sol, donde fue declarado muerto. La familia de Hernández, representada por el abogado civilista Carlos León, ha calificado el incidente como un “abuso policial descarado” y exige una investigación federal. “Xavier estaba desarmado y no representaba una amenaza. Merecía volver a casa”, afirmó León en una conferencia de prensa.
Investigación en curso y cuestionamientos
El EPPD anunció que la Unidad de Delitos contra Personas y los Texas Rangers están investigando el caso, siguiendo el protocolo para muertes bajo custodia policial. La vocera del departamento, Judy Oviedo, indicó que los tres oficiales involucrados están bajo licencia administrativa mientras se revisan las imágenes de sus cámaras corporales y las declaraciones de testigos. Sin embargo, la falta de detalles iniciales ha alimentado la desconfianza. “No descansaremos hasta que se revele la verdad”, aseguró Cynthia Hernández, hermana de la víctima, en un comunicado.
Además, el caso ha reavivado críticas sobre las tácticas policiales en Texas, donde los hispanos representan el 40% de la población, según el Censo de 2020. En 2024, el estado registró 23 muertes bajo custodia policial, de las cuales el 65% involucraron a personas de minorías, según datos de la Comisión de Estándares de Cárceles de Texas. Organizaciones como LULAC han señalado que los latinos enfrentan un riesgo desproporcionado en encuentros con la policía, especialmente en ciudades fronterizas como El Paso.
Protestas y demandas de cambio
La muerte de Hernández ha generado movilizaciones en El Paso, con cientos de personas marchando frente a la estación de policía central. El colectivo Border Network for Human Rights organizó una vigilia exigiendo la publicación del video completo de las cámaras corporales. “No podemos seguir tolerando estas tragedias”, afirmó Fernando García, director del grupo. Los manifestantes también han pedido reformas, como la prohibición de técnicas de sujeción que restrinjan la respiración, una práctica criticada tras casos similares en todo el país.
En consecuencia, la familia de Hernández planea presentar una demanda civil contra el EPPD por homicidio culposo y violación de derechos constitucionales. El caso ha atraído la atención de legisladores locales, como el representante estatal Joe Moody, quien pidió una revisión independiente para evitar conflictos de interés. “La comunidad merece transparencia, no excusas”, declaró Moody.
Contexto de tensión nacional
El incidente ocurre en un momento de creciente escrutinio hacia las políticas de seguridad pública bajo la administración del presidente Donald Trump. En julio, Trump firmó una orden ejecutiva ampliando fondos para entrenamientos policiales, pero críticos argumentan que estas medidas no abordan el uso excesivo de la fuerza. Un informe de la ACLU señala que las muertes por intervenciones policiales han aumentado un 12% desde 2020, con un impacto desproporcionado en comunidades latinas y afroamericanas.
Mientras tanto, el EPPD ha prometido divulgar más información tras la investigación, pero la comunidad espera respuestas rápidas. En El Paso, donde los latinos constituyen el 81% de la población, según la Oficina del Censo, el caso de Hernández se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el abuso policial. Las autoridades locales han instado a la calma mientras los Texas Rangers recopilan evidencia, pero la indignación sigue creciendo en las calles.
