El Camp East Montana, un centro de detención de migrantes en la base militar de Fort Bliss, El Paso, Texas, abrió sus puertas el 17 de agosto de 2025 en medio de protestas y críticas de activistas por las condiciones inhumanas de las instalaciones. Con una capacidad inicial para 1,000 personas y planes de expansión hasta 5,000, este proyecto, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, busca convertir bases militares en centros de detención masiva, desatando temores de violaciones a derechos humanos. Cientos de manifestantes se reunieron frente a la base, exigiendo el cierre de lo que llaman “campos de concentración”.
Protestas y denuncias en El Paso
Desde la mañana del domingo, activistas y residentes locales protestaron frente a Fort Bliss, coreando consignas como “¡Cierren los campos!”. Imágenes captadas por medios locales mostraron pancartas y gritos contra la política migratoria de Trump, que ha detenido a 109,000 migrantes en 2025, según datos oficiales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó el centro como “peligroso y cruel”, denunciando que las tiendas de campaña expuestas al calor de 95°F (35°C) en El Paso representan un riesgo para los detenidos. Savannah Kumar, abogada de ACLU Texas, advirtió: “Encerrar personas en tiendas bajo el sol abrasador es una catástrofe de derechos humanos”.
Por lo tanto, las críticas se centran en la falta de transparencia. La comisionada del condado de El Paso, Jackie Butler, presentó una resolución el 8 de agosto para exigir claridad sobre la operación del centro, construido con un contrato de $1.26 mil millones sin consulta local. Butler señaló preocupaciones sobre la inexperiencia del contratista, Acquisition Logistics LLC, y el impacto en los servicios comunitarios. La resolución, que pide acceso para funcionarios electos y garantías de trato humano, será discutida el 18 de agosto en la Corte de Comisionados del Condado.
Camp East Montana: el mayor centro de detención
El centro, descrito por el Pentágono como el “mayor centro de detención federal de la historia”, comenzó operaciones con 1,000 camas y planea añadir 250 camas semanales hasta alcanzar 3,000, con capacidad máxima de 5,000. Operado por ICE bajo un contrato del Departamento de Defensa, el sitio usa estructuras temporales de tiendas, lo que genera preocupaciones por las condiciones, especialmente tras reportes de abusos en centros similares como Alligator Alcatraz en Florida. ICE asegura que los detenidos tendrán acceso a representación legal, biblioteca jurídica, espacios recreativos y comidas balanceadas, pero activistas dudan de su cumplimiento.
En consecuencia, la apertura responde a la presión de la administración Trump por ampliar la capacidad de detención. ICE reportó 57,800 adultos detenidos en julio, un aumento de 17,000 desde enero. La megaley fiscal de julio, que destinó $45 mil millones para centros de detención y $30 mil millones para ICE, financia esta expansión, pero no aborda la escasez de jueces migratorios, lo que podría prolongar detenciones por meses, según la ACLU.
Contexto de la campaña de deportación
La política migratoria de Trump, que busca deportar a 3,000 migrantes diarios, ha transformado bases militares como Fort Bliss, Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey y Camp Atterbury en Indiana en centros de detención. Fort Bliss, que albergó a niños migrantes en 2021 bajo condiciones criticadas por denunciantes, ahora se centra en adultos en procesos de deportación. En Florida, Alligator Alcatraz ya realiza deportaciones, según el gobernador Ron DeSantis, a pesar de una orden judicial que detuvo su construcción por preocupaciones ambientales.
Pese a todo, la comunidad de El Paso resiste. Organizaciones como Border Network for Human Rights han convocado a más protestas, exigiendo el cierre del centro. Fernando García, director del grupo, calificó la instalación como “una afrenta a los valores de nuestra comunidad”. Mientras, la congresista Veronica Escobar demandó al gobierno por bloquear visitas de legisladores a centros de ICE, buscando garantizar transparencia. En Chicago y Los Ángeles, manifestaciones similares han surgido, con 500 personas protestando en la última semana contra redadas en barrios latinos.
Respuesta comunitaria y próximos pasos
La SRE de México expresó preocupación por el trato a migrantes mexicanos, que representan el 40% de los detenidos en 2025, y pidió acceso consular. Activistas planean una vigilia el 20 de agosto frente a Fort Bliss, mientras la ACLU promete monitorear las condiciones. La comunidad latina de El Paso, que constituye el 81% de la población, según el Censo 2020, teme que las redadas se intensifiquen en vecindarios como Chihuahuita. Mientras el centro comienza a operar, las protestas y demandas legales buscan frenar lo que muchos llaman una crisis humanitaria en ciernes.
